Crónica de una techumbre de dos millones de pesos, 25 beneficiarios, 428 hojas y un expediente que sigue sin abrirse por completo
Acérquense al fuego.
No demasiado, porque las historias de la administración pública también queman. Algunas empiezan con una patrulla, otras con una licitación, otras con una cuenta bancaria. Esta comenzó con una techumbre.
Una techumbre de 313 metros cuadrados levantada en la Explanada Cruz Verde del Barrio de San Juan, en Tequisquiapan. Una obra financiada con dos millones de pesos del FAISMUN 2025. Y aquí aparece el primer número que hizo crujir la leña: en los documentos municipales sólo fueron registrados 25 beneficiarios.
Dos millones entre 25.
Ochenta mil pesos por beneficiario.
No significa que hayan entregado 80 mil pesos en efectivo a cada persona. Tampoco demuestra, por sí mismo, que la techumbre esté inflada o que no fuera necesaria. Significa algo más sencillo y, al mismo tiempo, más incómodo: que conforme a las propias cifras oficiales, el costo teórico de la inversión equivale a 80 mil pesos por cada beneficiario declarado.
Y entonces surge la primera pregunta alrededor de esta fogata:
¿Valió la pena?
¿La explanada realmente beneficia sólo a 25 personas? ¿Son 25 vecinos, 25 representantes de familia, 25 integrantes de un comité o 25 nombres colocados en un censo para justificar la obra? ¿Cuánta gente utiliza verdaderamente ese espacio? ¿Quién decidió que esa techumbre debía estar por encima de otras necesidades municipales?
Porque en Tequisquiapan, como en cualquier municipio, el dinero nunca alcanza. Hay calles que reparar, comunidades con necesidades de agua, drenaje, alumbrado, seguridad, movilidad, salud y servicios públicos. Dos millones de pesos pueden ser mucho o poco, según lo que se haga con ellos. Pero si una obra aparece oficialmente vinculada con apenas 25 beneficiarios, la autoridad debe explicar por qué ésa era la mejor decisión frente a proyectos capaces de impactar a cientos o quizá miles de personas.
La pregunta no era una acusación. Era un llamado a abrir las cuentas.
Y fue entonces cuando apareció el primer espíritu de esta historia.
No tenía cadenas ni ojos rojos. Tenía sello de recibido.
El papel que entró al Ayuntamiento
El 27 de febrero de 2026 se presentó un derecho de petición dirigido al presidente municipal de Tequisquiapan y a la Secretaría de Obras Públicas. El documento no preguntaba solamente cuánto había costado la techumbre. Quería conocer todo el cuerpo de la obra, desde los cimientos administrativos hasta la última factura.
Se pidieron los estudios de factibilidad, la priorización, la suficiencia presupuestal, el expediente técnico, los permisos, las licencias, la autorización del Cabildo, el procedimiento de contratación, las propuestas recibidas, el contratista seleccionado, el contrato, los anticipos, las garantías, las estimaciones, los pagos, los CFDI, la bitácora, la supervisión, las pruebas de laboratorio, la memoria de cálculo, el drenaje pluvial, las modificaciones y el padrón de beneficiarios.
También se pidió algo elemental: poder consultar físicamente el expediente completo y obtener los documentos en formatos legibles y organizados.
No era una pregunta perdida en el viento.
La obra estaba identificada por nombre, comunidad, monto, superficie, fuente de financiamiento y número de beneficiarios. La autoridad sabía exactamente de qué se hablaba.
Después llegó el silencio.
Al principio, el silencio administrativo puede parecer una ausencia. Una oficina que tarda. Un documento que se traspapeló. Una firma que no llega. Pero cuando pasan los días y nadie responde, ese silencio adquiere forma.
Se sienta detrás del escritorio.
Revisa el calendario.
Mira el plazo vencer.
Y no dice nada.
Ése fue el primer rechazo: no un “no” escrito, sino el vacío. La negativa que no se atreve a llevar firma. El espíritu de la opacidad no siempre cierra una puerta; a veces simplemente finge que nadie llamó.
El derecho de petición reclamaba una respuesta completa, fundada, motivada y punto por punto. Lo que encontró fue una administración inmóvil.
Y cuando el silencio se hizo demasiado grande, hubo que acudir a un juez federal.
El expediente 466/2026
La demanda de amparo fue presentada para combatir la falta de respuesta. El 7 de abril de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Querétaro admitió el asunto con el número 466/2026 y requirió informes al presidente municipal y al secretario de Obras Públicas.
En ese momento, la historia dejó de ser un simple intercambio entre un ciudadano y el Ayuntamiento. Entró al terreno donde cada palabra debe tener fecha, firma y consecuencia.
El Municipio ya no podía responder con silencio sin explicar ante un juzgado por qué había guardado silencio.
Y entonces, como sucede en tantas historias de sombras, la respuesta apareció cuando la luz judicial entró por la ventana.
Después de promovido el amparo, las autoridades exhibieron el oficio SOP/241/2026. En él, Obras Públicas reconoció que tenía documentación relacionada con la techumbre.
No unas cuantas páginas.
No un resumen.
No una hoja técnica.
Dijo que el expediente ascendía a 428 fojas.
Por un momento pareció que el espíritu retrocedía. Ahí estaban, al menos en teoría, los contratos, estimaciones, garantías, planos, facturas, pruebas y documentos que permitirían saber cómo se gastaron los dos millones.
Pero el expediente no salió del bosque.
Le pusieron precio.
La segunda aparición
La autoridad calculó que cada copia certificada costaría 0.40 UMA. Multiplicó la tarifa por las 428 fojas y colocó frente a la puerta una cifra:
$20,081.76.
Casi 47 pesos por hoja.
Para saber cómo se gastaron dos millones de pesos públicos, primero había que pagar más de veinte mil pesos.
La certificación tiene un costo administrativo y no debe confundirse con una copia simple de papelería. Pero aun reconociendo esa diferencia, la proporción resulta difícil de defender ante la ciudadanía. En una papelería, 428 fotocopias no se acercarían ni remotamente a los veinte mil pesos. Y, sobre todo, nadie había explicado por qué toda la información debía entregarse únicamente de esa manera.
La autoridad podía permitir la consulta directa.
Podía entregar archivos PDF.
Podía dividir la información en carpetas electrónicas.
Podía generar una liga de descarga.
Podía permitir la reproducción con teléfono o escáner.
Podía entregar versiones públicas de los documentos que contuvieran datos personales.
Podía hacer lo que ya ha hecho en otras respuestas dentro de las 132 solicitudes que hasta ahora forman parte de esta Auditoría Ciudadana: enviar documentos electrónicamente.
Pero en este expediente, según lo reclamado dentro del juicio, no se ofreció una modalidad gratuita, digital, electrónica, mediante consulta efectiva o reproducción en un medio aportado por el solicitante. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar ver las 428 hojas y luego volvió a cerrarse detrás de una cuenta de $20,081.76.
Aquello tenía algo de ironía oscura.
La información era pública.
El dinero utilizado también era público.
La obra estaba en un espacio público.
Pero para conocer los documentos había que desembolsar una cantidad que para muchas familias representa semanas o meses de ingresos.
El espíritu ya no se llamaba silencio.
Ahora se llamaba acceso condicionado.
Lo poco que alcanzó a asomarse
Aun sin entregar las 428 fojas completas, la contestación municipal dejó escapar algunos datos.
La autoridad señaló que existía una factura por el anticipo correspondiente al 30% del contrato. También mencionó una única carátula denominada “Estimación 1 Finiquito”, en la que supuestamente se explicaba la amortización del anticipo, además de las fianzas correspondientes.
Esos datos abrieron nuevas preguntas.
Si el monto contractual fue de dos millones de pesos, un anticipo del 30% representaría hasta 600 mil pesos. ¿Cuándo se entregó? ¿A qué empresa? ¿En qué cuenta? ¿Cómo se amortizó? ¿La obra fue pagada mediante una sola estimación final? ¿Qué trabajos se verificaron antes de liberarla? ¿Dónde están los números generadores? ¿Quién autorizó el finiquito?
El contrato, las transferencias, los CFDI, los comprobantes bancarios, los análisis de precios, las fotografías fechadas y las pruebas de laboratorio eran precisamente parte de las 428 fojas que continuaban detrás del cobro.
El Ayuntamiento parecía decir:
—La información existe.
Pero al mismo tiempo:
—No puede verla, salvo que pague.
Es como si en medio de esta fogata alguien sacara un cofre, asegurara que dentro está la respuesta y luego pidiera veinte mil pesos sólo para levantar la tapa.
La batalla dentro de la batalla
La defensa jurídica no se rindió.
Se presentó una ampliación de demanda para combatir el nuevo acto: ya no únicamente el silencio inicial, sino el cobro, el condicionamiento de la entrega, la falta de modalidad electrónica, la negativa material de consulta y la pretensión de cerrar el juicio alegando que la autoridad ya había respondido.
El argumento era sencillo:
Una respuesta que no entrega la información no necesariamente resuelve el problema.
Un oficio que reconoce 428 documentos, pero los coloca detrás de una barrera económica, no devuelve plenamente el derecho.
Una puerta con un candado sigue siendo una puerta cerrada, aunque ahora tenga un letrero.
Las propias autoridades municipales pidieron que el juicio fuera sobreseído. Sostuvieron que ya existía una respuesta y que, si había inconformidad con el cobro o la forma de entrega, debía acudirse a otros recursos administrativos. También trataron de separar al presidente municipal del asunto bajo el argumento de que no era el área generadora de la información.
El espíritu de la opacidad había aprendido lenguaje jurídico.
Ya no decía “no te contesto”.
Ahora decía:
—Ya te contesté; si no te gusta, ve a otra ventanilla.
El viaje del expediente
El juicio comenzó en Querétaro, pero la materia de acceso a la información provocó que el expediente fuera enviado a un juzgado especializado en Aguascalientes. Allí quedó registrado con el número 759/2026.
El 23 de junio de 2026, el Juzgado Sexto de Distrito en Aguascalientes asumió competencia sobre el asunto.
Para entonces, el expediente ya había recorrido más kilómetros que las 428 hojas reclamadas.
Había pasado de una oficina municipal a un juzgado en Querétaro y de ahí a otro en Aguascalientes. Todo para resolver una cuestión que, desde el principio, pudo atenderse con un correo electrónico y una carpeta de archivos digitales.
La justicia analizó el caso y terminó considerando que la omisión original había cesado porque el Municipio emitió el oficio SOP/241/2026.
El juzgado reconoció algo extraño: no aparecía constancia de que esa respuesta hubiera sido formalmente notificada al solicitante. Sin embargo, concluyó que éste había quedado enterado porque presentó la ampliación de demanda para combatirla. Después determinó que la omisión había cesado en todos sus efectos.
La paradoja quedó sentada junto al fuego.
La autoridad no acreditó que hubiera notificado la respuesta.
El ciudadano conoció el oficio porque apareció dentro del juicio.
Y ese conocimiento fue utilizado para concluir que el silencio ya no existía.
La ampliación que denunciaba el cobro tampoco llegó al fondo. El juzgado consideró que primero debía agotarse el recurso previsto por la legislación de transparencia para combatir costos, modalidades de entrega, información incompleta o negativa de consulta.
Así terminó el proceso.
No con la entrega de los documentos.
No con una revisión de los dos millones de pesos.
No con la comprobación del anticipo.
No con la identificación pública del contratista.
No con el análisis de la adjudicación.
No con la explicación de los 25 beneficiarios.
Terminó con una salida procesal.
El amparo fue cerrado, pero el expediente municipal permaneció cerrado también.
Lo que el fuego todavía no ilumina
Hasta hoy no tenemos las 428 fojas.
No tenemos todo el contrato.
No tenemos el expediente completo de contratación.
No tenemos las propuestas de los participantes.
No tenemos la ruta bancaria del anticipo.
No tenemos el detalle completo de la estimación-finiquito.
No tenemos la memoria estructural.
No tenemos todos los precios unitarios.
No tenemos el padrón que permita entender cómo fueron calculados los 25 beneficiarios.
No tenemos los informes completos de supervisión ni todas las actuaciones de Contraloría.
Tenemos, en cambio, una serie de afirmaciones de la autoridad.
Que el expediente existe.
Que hubo anticipo.
Que hubo fianzas.
Que hubo una estimación-finiquito.
Que la documentación suma 428 hojas.
Que para obtenerla había que pagar $20,081.76.
El espíritu de la opacidad no destruyó la información frente a nuestros ojos. Hizo algo más sofisticado: reconoció su existencia, la colocó detrás de una tarifa y luego utilizó la aparición tardía de un oficio para pedir que el juicio se cerrara.
Pero la historia no terminó ahí
En las historias que se cuentan alrededor de una fogata suele llegar un momento en que todo parece perdido.
El bosque está oscuro.
El camino judicial se cerró.
Los plazos vencieron.
La autoridad conserva los documentos.
El ciudadano sigue sin tenerlos.
Y quizá alguien, desde una oficina, piensa que eso significa el final.
Pero nosotros no llegamos hasta aquí para mirar las cenizas.
La Auditoría Ciudadana no termina porque una resolución haya cerrado un expediente judicial. Tampoco porque la autoridad haya calculado veinte mil pesos por unas copias que podían entregarse electrónicamente. Mucho menos porque, después de 132 solicitudes, alguien crea que el cansancio será suficiente para que dejemos de preguntar.
Presentaremos una nueva solicitud.
Esta vez no pediremos que el Municipio se esconda detrás de la certificación de cada hoja. Solicitaremos los archivos en formato electrónico, el índice exacto de las 428 fojas, el contrato, las cotizaciones, el anticipo, la estimación, los CFDI, los comprobantes de pago, las pruebas técnicas, el padrón de beneficiarios y las actuaciones de Contraloría.
Y si vuelven a cambiar la modalidad, se impugnará.
Si vuelven a cobrar cantidades desproporcionadas, se impugnará.
Si entregan información incompleta, se señalará cada ausencia.
Si guardan silencio, se documentará el silencio.
Porque ésta nunca fue solamente la historia de una techumbre.
Es la historia de cómo se decide gastar el dinero público.
De cómo se prioriza una obra de dos millones de pesos para 25 beneficiarios declarados.
De cómo se pretende cobrar casi 47 pesos por cada hoja que explica ese gasto.
Y de cómo una administración puede confundir el derecho a la información con el privilegio de quien puede pagarla.
La fogata empieza a apagarse, pero todavía quedan brasas.
Nos levantamos.
Recogemos el expediente.
Volvemos al camino.
El espíritu de la opacidad seguirá escondiéndose entre oficios, plazos, tarifas y ventanillas. Nosotros seguiremos buscándolo con documentos, solicitudes, recursos, preguntas y periodismo.
La batalla por conocer la verdad no terminó.
Apenas cambió de capítulo.
