Tequisquiapan, Qro. — La revisión ciudadana al capítulo 3000 del gasto municipal encendió una nueva alerta en Tequisquiapan: la partida 3391, correspondiente a servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, acumula 39 millones 890 mil 688.64 pesos durante 2025, de acuerdo con la información entregada por la autoridad municipal dentro de la Solicitud 38.

El dato por sí mismo ya es relevante, pero el problema no termina en el monto. La información entregada por el municipio no permite identificar con claridad, al menos no de manera integral y concentrada, quiénes cobraron esos recursos, qué servicios específicos prestaron, qué contratos los respaldan, cuáles fueron los entregables y qué evidencia documental acredita el cumplimiento de esos trabajos.

La auditoría ciudadana había solicitado expresamente una base consolidada del capítulo 3000, con una fila por transacción o pago, incluyendo datos como póliza, proveedor, RFC, CFDI, UUID, contrato, procedimiento de contratación, vigencia y evidencia soporte. También pidió expedientes por rubro, contratos, órdenes de servicio, cotizaciones, entregables y comprobantes de pago. Sin embargo, la respuesta oficial no habría satisfecho de manera integral esos elementos, lo que impide reconstruir con claridad el destino final de una de las bolsas más abultadas del gasto operativo municipal.

El foco sobre la partida 3391 no es menor. En la práctica, este tipo de conceptos puede concentrar asesorías, consultorías, servicios especializados y contrataciones externas que, sin documentación completa, quedan en una zona gris para la fiscalización ciudadana. Dicho de otra forma: el dinero aparece, pero la ruta completa del gasto no queda plenamente visible.

Más allá de la legalidad formal de cada movimiento, el punto central es la transparencia. Si un municipio reporta casi 40 millones de pesos en servicios profesionales, lo mínimo esperable es que la ciudadanía pueda conocer quién recibió el dinero, por qué concepto, bajo qué contrato y con qué resultados concretos.

La revisión también abre preguntas sobre la lógica del gasto municipal: cuánto de ese recurso correspondió a servicios realmente indispensables, cuánto se concentró en ciertos proveedores y cuánto pudo haberse ejercido mediante adjudicaciones o mecanismos que hoy no pueden verificarse plenamente con la información entregada.

La cifra coloca a la partida 3391 como uno de los rubros más pesados detectados en esta revisión del capítulo 3000, por encima de otros conceptos también significativos como mantenimiento de inmuebles, agua, energía eléctrica, arrendamientos e impuesto sobre nóminas.

Ante este panorama, la auditoría ciudadana perfila nuevas acciones para exigir que el municipio entregue la información completa, en formato abierto y con trazabilidad suficiente, a fin de conocer con precisión el destino de estos casi 39.9 millones de pesos.

Porque cuando el gobierno gasta millones en “servicios profesionales”, pero no entrega toda la ruta documental para seguirles la pista, la duda no la crea el ciudadano: la crea la propia opacidad oficial.