Querétaro, Qro.- Cada obra pública comienza con planos, presupuestos y contratos. Después pueden llegar modificaciones, prórrogas, estimaciones, cambios de proyecto y retrasos. La iniciativa presentada por el diputado Homero Barrera Mcdonald busca incorporar la Contraloría Social directamente a la legislación estatal de obra pública y adquisiciones.
La propuesta permitiría integrar comités ciudadanos honoríficos entre beneficiarios o usuarios de las obras. Estos podrían conocer monto, plazo de ejecución, metas, avances físicos y financieros, modificaciones y fecha prevista de conclusión.
Observar, reportar y participar
Los comités tendrían facultades para realizar visitas de observación, formular reportes, emitir informes, alertar sobre posibles retrasos o deficiencias y participar como observadores durante la entrega-recepción.
La propia iniciativa fija límites: los ciudadanos no podrían ordenar la suspensión de trabajos, modificar proyectos ejecutivos o contratos, autorizar estimaciones, ordenar pagos, imponer sanciones ni sustituir a supervisores, órganos internos de control o autoridades fiscalizadoras.
La pregunta es qué ocurre después del reporte
Ahí está el punto central. La propuesta podría acercar la vigilancia al momento en que todavía se ejecuta la obra, pero sus resultados dependerán de la respuesta de las autoridades. Un comité puede detectar, documentar y denunciar una irregularidad; la capacidad para corregirla o sancionarla seguirá en manos institucionales.
Por eso será importante que el dictamen defina plazos de respuesta, seguimiento a observaciones y mecanismos que permitan saber qué hizo la autoridad después de recibir un reporte ciudadano.
Información a tiempo
La utilidad de la Contraloría Social dependerá también de que los datos lleguen mientras la obra está en proceso. Conocer montos, avances y modificaciones cuando el proyecto ya concluyó permite investigar, pero reduce la capacidad preventiva.
La iniciativa plantea comités honoríficos y ajenos a partidos o finalidades electorales. El mecanismo para integrarlos será otro punto clave: quién convoca, cómo se selecciona a los ciudadanos y cómo se evita que la autoridad vigilada termine controlando al órgano que la observa.
La propuesta abre una posibilidad de mayor participación. Su efectividad, sin embargo, no se medirá por cuántos comités se formen, sino por lo que ocurra cuando uno de ellos encuentre una irregularidad.
