choques, atropellamientos, lesionados y fallecidos que el municipio registra pero que no quiso hacer públicos
Colón, Qro.- Los accidentes de tránsito no son solo estadísticas: son eventos con consecuencias humanas concretas — lesiones, muertes, daños materiales — que ocurren en vías públicas que el municipio tiene la obligación de gestionar con seguridad.
El registro de hechos de tránsito es uno de los instrumentos más valiosos para la política pública vial de cualquier gobierno local: permite identificar los cruces y tramos donde los accidentes se repiten, los horarios de mayor siniestralidad, los tipos de accidente más frecuentes y si las intervenciones de mejora vial que el municipio realiza efectivamente reducen los incidentes en las zonas donde se aplican. Cuando ese registro no es público, la política vial municipal opera sin diagnóstico verificable — y los ciudadanos que transitan por las calles más peligrosas de Colón no tienen manera de saber si su gobierno sabe que esas calles son peligrosas ni si está haciendo algo al respecto.
En abril de 2026, como parte de la auditoría ciudadana que Voz y Testimonio realiza al municipio de Colón, Querétaro, se presentó la solicitud OAAZ-COLÓN-2026-05-090, que pide el registro completo de todos los hechos de tránsito atendidos por la corporación municipal durante el ejercicio 2025.
¿Qué se pidió?
La solicitud fue directa y técnicamente precisa. Se pidió una base de datos en Excel o CSV con doce campos por cada hecho de tránsito atendido durante el año. El primero fue el folio del hecho o parte informativo — el identificador único que permite rastrear cada accidente en el registro de la corporación. El segundo y tercero fueron la fecha y hora exactas — datos que permiten identificar los patrones temporales de siniestralidad: si los accidentes se concentran en horarios nocturnos, en fines de semana o en periodos vacacionales. El cuarto fue la ubicación exacta — calle y colonia o kilómetro de la vía — que permite construir el mapa de puntos negros viales del municipio. El quinto fue el tipo de hecho: choque, alcance, volcadura, atropellamiento, daño a infraestructura, salida de camino u otro. El sexto fue el número de vehículos involucrados. El séptimo fue si hubo lesionados — dato de salud pública fundamental que permite estimar la carga de lesiones por accidente de tránsito que genera el municipio. El octavo fue si hubo fallecidos — el indicador más grave de siniestralidad vial.
El noveno fue si hubo daños a bienes municipales — infraestructura, señalización u otros activos públicos afectados. El décimo fue el agente o unidad que atendió el hecho. El undécimo fue si intervino alguna aseguradora. El duodécimo fue si hubo remisión a otra autoridad — Ministerio Público, Cruz Roja u otra instancia — y el estatus del expediente.
La solicitud incluyó una cláusula de privacidad precisa: los datos personales de los particulares involucrados — nombres, placas, datos de identificación — deben testarse, pero la información administrativa y estadística — folio, fecha, hora, ubicación, tipo de hecho, lesionados, fallecidos — es pública y no puede ocultarse bajo el argumento de la protección de datos personales.
Esa distinción es fundamental: la estadística de accidentes no identifica a las personas, identifica los patrones de siniestralidad que el gobierno tiene la obligación de atender.
El municipio de Colón no respondió.
Con este séptimo silencio consecutivo sobre el sistema de tránsito municipal, la auditoría ciudadana ha completado el ciclo más revelador de toda la serie: multas levantadas, talonarios, cancelaciones, recaudación, grúas, corralón y ahora accidentes. Siete solicitudes sobre todos los aspectos auditables de la función de tránsito. Siete silencios.
El silencio sobre los accidentes de tránsito es, de los siete, el que tiene las consecuencias más directas sobre la seguridad pública de los ciudadanos de Colón. Porque los accidentes de tránsito no son eventos aleatorios distribuidos uniformemente por el territorio municipal: se concentran en intersecciones con visibilidad deficiente, en tramos sin señalización adecuada, en zonas de alta velocidad sin control y en puntos donde la infraestructura vial no corresponde al volumen de tráfico que recibe.
Si el municipio tiene ese registro y no lo publica, los vecinos que viven cerca de los puntos con mayor siniestralidad no pueden exigir con datos en mano que el gobierno intervenga. Si el municipio no tiene ese registro — si los partes de accidente no se sistematizan en ninguna base de datos — la política vial de Colón opera sin diagnóstico: el gobierno no sabe dónde ocurren los accidentes, cuántos hay ni qué tan graves son.
En cualquiera de los dos escenarios, los ciudadanos de Colón que transitan por sus calles cada día merecen saber si su gobierno conoce los puntos peligrosos de su red vial y si está haciendo algo para reducirlos. El municipio no quiso responder esa pregunta.
Solicitud: OAAZ-COLÓN-2026-05-090 · Municipio de Colón, Qro. · Abril 2026
