La Magdalena firmó convenio con otro contratista

El instrumento que amplió la obra de $2.38 millones identifica a Sonia Dolores Ledesma como adjudicataria, pero incorpora RFC y padrón correspondientes a Gilberto Servando Olvera.

El parque público de La Magdalena fue adjudicado directamente a Sonia Dolores Ledesma Reyes, por:

  • $2,055,963.58 sin IVA.
  • $2,384,917.75 con IVA.
  • Plazo inicial de 36 días.
  • Anticipo contractual cercano a $715,475.32.

La obra tuvo el convenio:

MTQ.SOP.FAISMUN2025.AD.2025.16.01

Un convenio con identidad cruzada

En sus declaraciones, el instrumento incorpora datos que corresponden a otro contratista:

  • RFC: OEVG8005012P8.
  • Registro municipal: T-010.

Esos identificadores aparecen vinculados con Gilberto Servando Olvera Vega, contratista de Los Cerritos, Lázaro Cárdenas y Bordo Blanco.

El convenio, sin embargo, corresponde a Sonia Dolores Ledesma Reyes.

Puede tratarse de un error de plantilla. Pero un convenio modificatorio produce obligaciones, amplía plazos y afecta garantías. La identificación exacta de las partes no es opcional.

También hay dos duraciones

Un antecedente habla de un plazo final de:

60 días.

La cláusula establece un periodo del 24 de octubre al 11 de diciembre:

49 días.

La diferencia es de 11 días.

Además:

  • Transparencia registró que no hubo convenio.
  • La factura del anticipo fue usada como avance físico, financiero y recepción.
  • Al 31 de diciembre la obra seguía “en ejecución”.
  • No aparecía finiquito.

Por qué es el caso más delicado

Aquí confluyen cuatro capas:

  1. Datos de otro contratista.
  2. Dos plazos incompatibles.
  3. Un convenio negado públicamente.
  4. Un cierre no acreditado después del vencimiento.

No existe evidencia suficiente para afirmar falsificación. Sí para sostener que el Municipio firmó y entregó un instrumento jurídicamente defectuoso que no identifica consistentemente a la parte contratada.

PUNTOS CLAVE

  • La obra del parque público de La Magdalena fue adjudicada a Sonia Dolores Ledesma Reyes por aproximadamente $2.38 millones con IVA.
  • El convenio modificatorio incorpora RFC y registro municipal vinculados con otro contratista.
  • El instrumento también presenta una diferencia entre un antecedente de 60 días y una cláusula que arroja aproximadamente 49 días.
  • Transparencia registró que no hubo convenio, pese a que existe un instrumento identificado como modificación contractual.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Auditoría Ciudadana solicitará la versión certificada del convenio, anexos, garantías y documentación de identidad del contratista para aclarar la información cruzada.

También se revisará la cronología de la ampliación, el plazo realmente autorizado y por qué los registros de transparencia no coinciden con el expediente contractual.

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