ARTÍCULO DE SEGUIMIENTO
EZEQUIEL MONTES, Qro.— La discusión dejó de ser solamente administrativa.
Durante semanas, el debate sobre Portto Blanco Bernal giró alrededor de expedientes, reglamentos, autorizaciones, organismos operadores y competencias entre Municipio, Comisión Estatal de Aguas y Conagua.
Ahora el conflicto tiene un significado político más directo: ¿constituir un operador privado para prestar agua dentro de un desarrollo inmobiliario es o no privatizar el servicio?
La postura de Gilberto Herrera
El diputado federal de Morena Gilberto Herrera Ruiz se ha colocado del lado de quienes sostienen que permitir la operación privada del servicio significa convertir el agua en un negocio.
Su postura pública contra la privatización del agua no es nueva. Sin embargo, Voz y Testimonio no ha localizado una grabación o publicación oficial que permita confirmar palabra por palabra la frase atribuida en redes: “No es una presunta privatización, ¡es una privatización!”.
Por esa razón, esta pieza no la presenta como cita textual verificada. Sí puede afirmarse que Herrera ha sostenido públicamente una posición contraria a esquemas privados de operación del agua.
Lo que sí dice el expediente
El 25 de junio de 2026, Distribuidora de Agua Q76220, S.A. de C.V., representada por Mauricio Rojano Mata, presentó una solicitud relacionada con la prestación de servicios de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales para Portto Blanco Bernal.
La solicitud también plantea la constitución de un organismo operador independiente dentro de un polígono aproximado de 536 mil 687 metros cuadrados.
Eso está documentado.
Lo que no está acreditado hasta ahora es una concesión definitiva.
Consulta el antecedente documental.
El desarrollo ofrece autoabasto
Portto Blanco Bernal se promociona públicamente con “Auto Abasto de Agua” y amenidades que incluyen alberca.
Por sí mismo, esto no demuestra afectación a las comunidades vecinas. Pero explica por qué el tema generó sensibilidad política en una zona donde habitantes han reportado tandeos e interrupciones de suministro.
Iván Reséndiz rechaza hablar de privatización
El presidente municipal Iván Reséndiz Ramírez ha rechazado ese término. Su explicación pública es que la propuesta provino de un particular y que la solicitud buscaba constituir un organismo operador para una zona determinada.
También ha señalado que una eventual autorización municipal no sería suficiente y que el interesado tendría que cumplir procedimientos adicionales ante autoridades como Conagua.
Ahí aparece la contradicción central del debate: si la distribución debe permanecer pública, ¿cuál sería exactamente la función del organismo privado solicitado?
¿Quién cobraría? ¿Quién establecería tarifas? ¿Quién sería responsable frente a usuarios? ¿Quién supervisaría la calidad del agua? ¿Durante cuánto tiempo operaría?
El Ayuntamiento cambió sus reglas
En 2020, el Reglamento de Policía y Gobierno Municipal incluía expresamente agua potable, alcantarillado y saneamiento entre los servicios que no podían concesionarse.
El 31 de enero de 2025, ya durante la administración de Iván Reséndiz, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad un nuevo Reglamento de Concesiones, cuya propuesta había sido remitida mediante el oficio PM/010/2025.
Esto no demuestra por sí mismo que el gobierno municipal haya preparado una privatización. Sí obliga a explicar jurídicamente cómo interactúan el reglamento anterior, el nuevo ordenamiento y la legislación estatal.
Aquí puede consultarse esa reconstrucción.
El asunto llegó al Cabildo y después salió
Información publicada por medios locales señala que el asunto avanzó en Comisiones Unidas y posteriormente fue retirado antes de su discusión definitiva en el pleno.
Reséndiz sostuvo públicamente que el tema fue retirado para ampliar la información y atender dudas generadas entre la ciudadanía.
Eso cambia el escenario: ya no estamos únicamente frente a la solicitud inicial de junio. El procedimiento alcanzó una etapa política dentro del Ayuntamiento y después fue detenido.
Entonces, ¿es privatización?
Existen dos lecturas.
Para el presidente municipal, no: todavía no existe concesión definitiva y se trató de una solicitud particular sometida a revisión.
Para quienes utilizan el concepto de privatización en sentido funcional, la discusión es distinta: si una empresa particular obtiene facultades para operar y eventualmente cobrar por agua, drenaje y saneamiento dentro de un territorio determinado, consideran que existe participación privada en una función pública.
La cuestión no se resuelve simplemente eligiendo uno de los dos términos. Se resolverá cuando se conozca el modelo jurídico completo.
La documentación que falta
- El dictamen completo discutido en comisiones.
- El proyecto de acuerdo que pretendía someterse al Cabildo.
- El oficio que retiró el punto.
- El instrumento jurídico que recibiría Q76220.
- Las facultades concretas del organismo operador.
- Quién establecería y cobraría tarifas.
- El título de agua que respalda al desarrollo y su uso autorizado.
- El pronunciamiento formal de la CEA.
- La posición de Conagua sobre un eventual cambio de uso.
- Los estudios de disponibilidad hídrica del proyecto.
Sin esos documentos, cada actor político puede llamar al proceso como quiera. Pero la ciudadanía seguirá sin conocer cómo funcionaría realmente.
