Escritorios, computadoras, impresoras y vehículos que el municipio no supo — o no quiso — acreditar que controla
Colón, Qro.- Todo bien que un municipio adquiere con dinero público debe aparecer en algún lugar: en un inventario con número de registro, descripción, marca, modelo, serie, costo, proveedor, ubicación física y nombre del servidor público que lo tiene en resguardo. Ese inventario no es un trámite burocrático opcional — es el instrumento que permite saber, en cualquier momento, qué tiene el gobierno, dónde está, en qué condiciones se encuentra y quién es responsable de cuidarlo. Cuando ese inventario no existe, no está actualizado o no es público, los bienes del municipio entran en una zona de riesgo conocida en todas las auditorías de gobiernos locales: equipos que se compran pero nunca llegan al registro, bienes que se extravían sin que nadie lo reporte, resguardos que no se actualizan cuando hay cambio de funcionario, y activos que figuran como «activos» en el papel mientras llevan meses o años fuera de servicio, extraviados o en manos de quien ya no trabaja para el municipio.
En abril de 2026, como parte de la auditoría ciudadana que Voz y Testimonio realiza al municipio de Colón, Querétaro, se presentó la solicitud OAAZ-COLÓN-PM-2026-05-081, que pide el inventario general de bienes muebles y resguardos de la Secretaría de Administración para el ejercicio 2025.
¿Qué se pidió?
La solicitud fue técnicamente exhaustiva. Se pidió una base de datos en Excel o CSV con catorce campos por cada bien mueble registrado en el inventario del municipio: número de inventario, descripción del bien, marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, costo de adquisición, proveedor, fuente de financiamiento — si el bien se compró con recursos propios, con FAISMUN, FORTAMUN u otro fondo federal —, ubicación física actual, dependencia o unidad responsable, nombre del servidor público resguardante, estatus — activo, en reparación, dado de baja, extraviado o sin localizar — y fecha de la última verificación física.
Ese último campo — la fecha de la última verificación física — es uno de los más reveladores en cualquier auditoría patrimonial. Un inventario que no se verifica físicamente de manera periódica no es un inventario operativo — es una lista histórica de lo que alguna vez se compró, sin garantía de que esos bienes sigan existiendo, estén donde el registro dice que están o estén en el estado que el estatus indica. Si la última verificación física de algún bien data de años atrás, ese bien puede haberse deteriorado, extraviado o transferido informalmente sin que el inventario lo refleje.
Como documentación complementaria se solicitaron los formatos de resguardo — los documentos que establecen formalmente quién es responsable de cada bien —, las actas de entrega-recepción entre administraciones, las actas de levantamiento físico, los dictámenes y actas de baja, y las pólizas de seguro de bienes si existen. Cada uno de esos documentos cubre un momento crítico en el ciclo de vida de un bien público: el resguardo define el responsable, la entrega-recepción documenta lo que se transfirió entre administraciones, el levantamiento físico verifica la existencia real, el dictamen de baja formaliza la salida del inventario, y la póliza de seguro acredita que el bien está protegido ante siniestros.
El municipio de Colón no respondió.
Ese silencio sobre el inventario general de bienes muebles es, en términos de control patrimonial, uno de los más significativos de toda la auditoría. Porque el inventario de bienes muebles no es un documento que se elabore especialmente para responder una solicitud de transparencia — es un registro que cualquier municipio con una administración mínimamente ordenada debe mantener actualizado de manera permanente, como condición básica para saber qué tiene, dónde está y quién responde por ello.
El silencio del municipio ante esta solicitud no puede interpretarse como un problema de formato o de capacidad técnica. Si el inventario existe y está en orden, exportarlo en Excel toma minutos. Si no existe — si el municipio de Colón no sabe con precisión cuántos bienes muebles tiene, dónde están y en qué condición —, ese silencio es la confirmación de una falla de control patrimonial que tiene consecuencias directas: bienes comprados con dinero público que nadie puede rastrear, resguardos que no se actualizan cuando un funcionario cambia de área o sale del gobierno, y activos que podrían estar en manos privadas sin que el municipio lo sepa o lo haya registrado formalmente.
En Colón, cada computadora, cada escritorio, cada silla, cada herramienta y cada vehículo adquirido con dinero público debería tener un número de inventario, un responsable y una fecha de verificación. El municipio no quiso demostrar que así es.
Solicitud: OAAZ-COLÓN-PM-2026-05-081 · Municipio de Colón, Qro. · Abril 2026
