Cruces peatonales y pintura que el municipio instala con dinero público — pero cuyos costos, proveedores y dictámenes no quiso mostrar

Colón, Qro.- La señalización vial es la infraestructura más silenciosa de la seguridad en las calles: los semáforos que regulan los cruces, las señales verticales que indican velocidad máxima, la pintura horizontal que delimita carriles y cruces peatonales, los topes que obligan a reducir velocidad en zonas escolares y residenciales.

Esos dispositivos no se instalan por inspiración: cada uno debería responder a un estudio técnico o dictamen de vialidad que justifique su necesidad, una orden de trabajo que autorice la intervención, un proveedor o cuadrilla que la ejecute y un registro de su costo y estatus operativo posterior.

Cuando ese ciclo existe y es público, la señalización vial puede evaluarse: ¿se instaló donde los datos de accidentes lo justificaban? ¿El costo corresponde al tipo de intervención? ¿El semáforo que se instaló sigue funcionando seis meses después?

Cuando ese ciclo no es público, la señalización vial se convierte en uno de los rubros de obra menor más difíciles de auditar: las intervenciones pueden aparecer en discursos oficiales sin que haya dictamen que las justifique, los contratos con proveedores de pintura o señalización pueden adjudicarse sin competencia verificable, y los dispositivos instalados pueden deteriorarse sin que nadie registre formalmente la falla ni el costo de reposición.

En abril de 2026, como parte de la auditoría ciudadana que Voz y Testimonio realiza al municipio de Colón, Querétaro, se presentó la solicitud OAAZ-COLÓN-2026-05-093, que pide el registro completo de todas las intervenciones en materia de señalización y control vial realizadas durante el ejercicio 2025.

¿Qué se pidió?

La solicitud fue directa y cubrió once campos por cada intervención registrada durante el año. El primero fue el tipo de intervención: si fue en semáforo, señal vertical, señal horizontal, boya, tope, vialeta, pintura, crucero peatonal u otro dispositivo de control vial. El segundo fue la ubicación exacta.

 El tercero fue la fecha de la intervención — si fue instalación nueva, reposición de un dispositivo dañado, mantenimiento preventivo o retiro. El cuarto fue el motivo técnico o administrativo que justificó la intervención. El quinto fue si existió dictamen o estudio previo y cuál fue su contenido.

El sexto fue el área solicitante — qué dependencia del municipio pidió la intervención. El séptimo fue el área ejecutora — quién la realizó. El octavo fue el proveedor o cuadrilla que llevó a cabo el trabajo. El noveno fue el monto ejercido.

 El décimo fue el estatus operativo del dispositivo al momento de la respuesta. El undécimo fueron los reportes de falla o reposición posteriores — dato que cierra el ciclo de cada intervención y permite saber si el dispositivo instalado sigue funcionando o si ya requirió atención adicional.

Como documentación complementaria se solicitaron los estudios o dictámenes de vialidad, las órdenes de trabajo, los contratos y requisiciones relacionadas, y las bitácoras de mantenimiento de semáforos y señalización cuando existan.

 Estos últimos documentos son los que permiten cruzar cada intervención con su costo real y verificar si el mantenimiento de los dispositivos existentes se lleva de manera sistemática o solo reactiva.

El municipio de Colón no respondió.

Con este décimo silencio consecutivo sobre el sistema de tránsito municipal, la auditoría ha completado un ciclo de diez solicitudes sobre todos los aspectos auditables de esa función — multas, talonarios, cancelaciones, recaudación, grúas, corralón, accidentes, dispositivos viales, permisos y ahora señalización — con el mismo resultado en todos los casos: ninguna respuesta.

El silencio sobre la señalización vial conecta directamente con el silencio sobre accidentes (solicitud 90) y dispositivos viales (solicitud 91). Si el municipio no quiso mostrar dónde ocurren sus accidentes, ni dónde implementa sus operativos preventivos, y ahora tampoco quiere mostrar qué señalización instala y con qué criterio técnico, el panorama que resulta es el de una política vial completamente opaca: no se sabe dónde está el riesgo, no se sabe qué se hace para reducirlo y no se sabe si lo que se instala corresponde a un diagnóstico técnico o a decisiones tomadas sin respaldo metodológico.

Esa opacidad tiene un costo que los ciudadanos de Colón pagan con su seguridad: cruces sin semáforo que deberían tenerlo, topes instalados donde no hay justificación técnica mientras zonas escolares los necesitan, señalización deteriorada que nadie reporta formalmente. Todo eso puede estar ocurriendo en Colón — y sin los registros de intervenciones, no hay manera de saberlo ni de exigir que se corrija.

Solicitud: OAAZ-COLÓN-2026-05-093 · Municipio de Colón, Qro. · Abril 2026