Preguntas que el municipio no quiso responder sobre su propio sistema de videovigilancia
Colón, Qro.- Saber cuántas cámaras de vigilancia tiene un municipio, en qué año se instalaron y cuántas están operativas en este momento no es información táctica sensible. No revela ubicaciones de operativos, no compromete la seguridad de ningún elemento policial y no facilita ningún delito. Es, en cambio, exactamente el tipo de dato patrimonial y presupuestal que los ciudadanos tienen derecho a conocer sobre cualquier bien adquirido con dinero público: qué se compró, cuándo y cuánto costó. Y en el caso específico de un sistema de videovigilancia, hay un dato adicional que resulta crítico para evaluar la calidad de la inversión: cuántas de esas cámaras están efectivamente funcionando hoy.
Ese último dato —el estatus operativo— es donde muchos sistemas de videovigilancia municipal muestran su talón de Aquiles. No es infrecuente que municipios que presumen de tener decenas de cámaras instaladas operen en la práctica con una fracción de ellas activas: cámaras que fallaron y no se repararon, cámaras cuyo contrato de mantenimiento venció y no se renovó, cámaras instaladas en puntos que perdieron relevancia operativa y que nunca se reubicaron, o cámaras que simplemente dejaron de transmitir sin que nadie lo registrara formalmente. Cuando el estatus operativo de cada unidad no es público, la brecha entre el sistema de videovigilancia que el gobierno dice tener y el que realmente funciona puede ser enorme — y el ciudadano no tiene manera de saberlo.
En abril de 2026, como parte de la auditoría ciudadana que Voz y Testimonio realiza al municipio de Colón, Querétaro, se presentó la solicitud OAAZ-COLÓN-2026-05-066, que complementa directamente la solicitud 65 sobre el centro de monitoreo. Si aquella preguntaba cómo opera el centro que vigila las cámaras, esta pregunta cuántas cámaras existen, en qué condición están y cuánto costó adquirirlas.
¿Qué se pidió?
La solicitud fue concisa y técnicamente precisa. Se pidió una base de datos en Excel o CSV con tres campos por cada cámara del sistema de videovigilancia municipal: el número total de cámaras identificadas por unidad, el año de instalación de cada una, y el estatus operativo actual — si está activa y transmitiendo, si está fuera de servicio por falla técnica, si está en mantenimiento o si fue dada de baja. Como documentación complementaria se solicitaron los contratos de adquisición del sistema o de sus componentes — los documentos que permiten verificar a quién se le compró el sistema, cuánto costó, bajo qué proceso de contratación se adquirió y qué garantías o condiciones de mantenimiento se pactaron.
Esos tres campos más los contratos permiten responder preguntas fundamentales sobre la inversión en videovigilancia de Colón: ¿cuántas de las cámaras instaladas están realmente funcionando? ¿El sistema se ha renovado con el tiempo o es tecnología vieja que ya no da el rendimiento esperado? ¿El proceso de compra fue competitivo y transparente o fue una adjudicación directa a un proveedor que no puede verificarse? ¿Los contratos incluyen mantenimiento y quién es responsable de que las cámaras que fallen se reparen?
El municipio de Colón no respondió.
Con este decimoséptimo silencio consecutivo sobre la corporación policial de Colón, la auditoría ciudadana ha completado un registro de negativas que ya no puede interpretarse como descuido administrativo ni como problema de formato. Diecisiete solicitudes sobre la Secretaría de Seguridad Pública. Diecisiete silencios.
El silencio sobre el sistema de videovigilancia conecta de manera directa con el silencio sobre el centro de monitoreo (solicitud 65): si el municipio no quiso decir cuántos operadores monitorean las cámaras ni cuántos incidentes detectaron, y tampoco quiere decir cuántas cámaras tiene activas, el resultado es una infraestructura de vigilancia completamente opaca. Los ciudadanos de Colón son observados por un sistema del que no conocen el tamaño real, el estado operativo, el costo ni las condiciones contractuales bajo las que se adquirió y opera.
Esa opacidad sobre el sistema de videovigilancia no es un dato menor en el contexto de una auditoría de seguridad pública. Los sistemas de videovigilancia son frecuentemente uno de los rubros de mayor gasto en equipamiento de seguridad municipal — y uno de los más susceptibles a sobreprecios, contratos sin licitación y mantenimientos que se pagan sin que las cámaras funcionen. Sin los contratos de adquisición y el inventario operativo, no hay manera de saber si Colón tiene un sistema de videovigilancia que vale lo que costó.
Solicitud: OAAZ-COLÓN-2026-05-066 · Municipio de Colón, Qro. · Abril 2026
