Querétaro, Qro.-El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, acompañado por el presidente del Poder Judicial en Querétaro, Braulio Guerra Urbiola y el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, encabezó la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro A.C., que preside Edgardo Olvera Bocanegra.
Ahí el funcionario estatal reconoció la labor de las y los abogados penalistas en Querétaro, quienes afirmó, cuentan con experiencia y prestigio profesional, así como inteligencia, tenacidad y pasión por la ley, características que contribuyen a construir un sistema legal más sólido y transparente.
Durante esta ceremonia, también se realizó la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno y este cuerpo colegiado, para brindar servicios de orientación, asesoría o representación jurídica en materia penal, sin fines de lucro, en beneficio de personas en situaciones vulnerables.
“Hemos definido, ambas partes, que la orientación y asesoría jurídica deben darse a las personas vulnerables que requieran información sobe sus derechos y el desarrollo de sus procedimientos en el Sistema de Justicia Penal, acompañándolos de manera profesional conforme a las diversas disposiciones que contemplan los códigos y leyes en la materia”, resaltó.
Gudiño Torres explicó que, si bien el Colegio de Abogados Penalistas tiene toda la disposición para cumplir con los fines de este convenio, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Defensoría Penal Pública, estará acompañando y complementando la participación profesional de las y los abogados, en el ejercicio activo de sus representados, de forma estrictamente gratuita, sin generar obligación económica alguna entre las partes.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en la entidad, Edgardo Olvera Bocanegra, manifestó el compromiso de todos sus integrantes para actuar con integridad y honestidad hacia sus representados y las autoridades.
Detalló que, mediante el convenio firmado, se establecen tres consideraciones de colaboración: orientación jurídica en materia penal para personas en situaciones vulnerables; la asesoría jurídica especializada y acompañamiento profesional; y llevar a cabo actividades de capacitación, orientación y difusión de derechos dirigidos a la ciudadanía y servidores públicos para fortalecer el acceso a la justicia y la cultura de legalidad.
