Morena se fractura, el agua se desperdicia y Tequisquiapan entra al pantano de la opacidad

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La Casa del Jabonoso 106

La política queretana se sentó otra vez en la mesa de La Casa del Jabonoso. Y como suele pasar en este programa, lo que parecía una charla de media tarde terminó convirtiéndose en una disección quirúrgica del poder local, con bisturí, lupa y una buena dosis de sarcasmo.

El episodio 106 arrancó en miércoles 8 de abril, casi de noche, con ese tono relajado que engaña al espectador distraído. Armando Briones y Óscar Alcázar parecían iniciar sin demasiados temas, como si la Semana Santa hubiera dejado una pausa en la grilla regional. Pero bastaron unos segundos para que apareciera el verdadero menú: Congreso del Estado, Morena, Pedro Escobedo, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta y Colón. Es decir, no había pocos temas; había demasiados. Como siempre, la política local se hizo la tímida al principio, pero terminó entrando con botas llenas de lodo.

El primer gran bloque fue el Congreso del Estado de Querétaro. La elección de Sinué Piedra Gil como presidente de la nueva Mesa Directiva abrió la discusión sobre legitimidad, acuerdos y madurez política. El dato fue contundente: 20 votos de 25. No fue una elección raspada ni una maniobra menor; fue una votación con fuerza, con mayoría amplia y, como se señaló en el programa, prácticamente con una legitimidad de mayoría calificada. Ahí el análisis dejó algo claro: cuando en un Congreso dividido se logra una votación de ese tamaño, hay operación política. Y donde hay operación política, hay mensaje.

Ese mensaje fue leído como un gesto de madurez entre poderes. El hecho de que el gobernador recibiera a Sinué Piedra fue interpretado como señal de apertura, no necesariamente de subordinación. Óscar y Armando marcaron una diferencia importante: una cosa es dialogar y otra cosa es someterse. En una democracia real, los acuerdos no son pecado; son herramienta. El problema viene cuando el acuerdo se confunde con obediencia ciega o cuando la oposición cree que su única función es oponerse hasta al aire que respira.

Ahí apareció uno de los ejes del programa: la fractura interna de Morena en Querétaro. Los conductores hablaron de un grupo que parece estar “en contra de todo”, no solo contra sus adversarios, sino también contra sus propios compañeros. La crítica fue directa: disentir es válido, necesario y sano; pero disentir sin argumentos, sin propuesta y solo por reflejo político termina siendo berrinche parlamentario. En pocas palabras: una cosa es ser oposición y otra ser piedra en el zapato de tu propio zapato.

El análisis creció cuando se habló de la lista mencionada por Astudillo, del Partido Verde, sobre posibles perfiles de Morena y aliados para la candidatura al gobierno estatal. Ahí desfilaron nombres como Gilberto Herrera, Luis Humberto Fernández, Beatriz Robles, Santiago Nieto, Sinué Piedra y otros perfiles. Pero la sorpresa llegó cuando apareció la presidenta municipal de Cadereyta como posible aspirante. La reacción fue casi de incredulidad. No porque el nombre no exista políticamente, sino porque colocarlo en una lista estatal puede leerse de muchas maneras.

La lectura fina fue esta: a veces meter a alguien en una lista no significa impulsarlo, sino moverlo de lugar. En política, una candidatura puede ser premio, castigo, distracción o salida elegante. Y en el caso de Cadereyta, el comentario fue más allá: si alguien aspira a una posición estatal, puede quedar fuera de la jugada municipal. Dicho de otra forma, poner a una figura en el tablero grande puede ser una manera de quitarla del tablero local. La política, cuando quiere, juega ajedrez; cuando no quiere, juega lotería.

Luego vino el tema de género. Si Morena decide que la candidatura debe ser para mujer, el programa apuntó hacia una figura con mayor lógica política: la senadora Beatriz Robles. En ese escenario, varios nombres masculinos quedarían en la banca, mirando cómo el partido decide desde arriba lo que abajo todos quieren disputar. La política interna de Morena fue presentada como una olla de presión: grupos, aspirantes, aliados, resentimientos, encuestas y cálculos. Nada nuevo bajo el sol, pero sí cada vez más visible.

A partir de ahí, el programa hizo una pausa reflexiva sobre la altura política de Querétaro. Se recordó que el estado ha producido figuras nacionales del PRI y del PAN: Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos, Fernando Ortiz Arana, Guadalupe Murguía, Silvia Hernández, Ricardo Anaya, Mauricio Kuri y otros perfiles que han operado en ligas mayores. La idea central fue que Querétaro ha tenido una tradición política de negociación y de oficio. No perfecta, no inmaculada —porque en política el santo que no peca, por lo menos cobra viáticos—, pero sí con una escuela de diálogo que contrasta con la estridencia nacional.

En ese contexto se recordó el episodio de Francisco Domínguez cuando, siendo gobernador, enfrentó públicamente las acusaciones derivadas del caso Lozoya y defendió su postura frente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El programa lo usó como ejemplo de carácter político: plantarse, responder y no quedarse callado ante una acusación. La anécdota sirvió para reforzar la tesis de que en Querétaro, al menos en ciertos momentos, ha existido una clase política capaz de sostener posturas frente al poder central.

Pero el programa no se quedó en lo local. De manera breve, entró a temas nacionales como el manejo de las Afores y las facultades de la UIF para congelar cuentas. Ahí el tono se volvió de advertencia: cuando las instituciones que deberían proteger al ciudadano frente al poder terminan siendo herramientas del poder contra el ciudadano, algo se rompe. La crítica fue clara: el equilibrio institucional importa porque sin equilibrio el ciudadano queda en desventaja. Y cuando el gobierno tiene todas las tijeras, cualquier bolsillo puede parecerle tela disponible.

Después vino Colón, y ahí la conversación cambió de nivel. El tema fue el agua. Se comentó que el presidente municipal apareció entregando agua en La Esperanza, mientras días después se permitió un evento donde se desperdiciaron miles de litros en una comunidad cercana. La contradicción fue presentada como brutal: por un lado, la imagen oficial del alcalde llenando tambos; por otro, el permiso para un evento de vehículos en lodo donde el agua se utilizó como parte del espectáculo. Política de fotografía contra realidad de cubeta.

Armando, desde su experiencia en Bernal, llevó el asunto a tierra. Relató cómo en Semana Santa la falta de agua se vuelve un problema cotidiano: ropa acumulada, baños medidos, garrafones para rescatar el agua mientras sale caliente. Esa escena le dio peso humano al debate. Porque hablar del agua desde una oficina es fácil; hablar del agua cuando no tienes para lavar ropa ya es otra cosa. El agua, dijeron en el fondo, no es un accesorio de feria ni un recurso para espectáculo: es líquido vital.

El señalamiento fue duro: aunque el agua la haya pagado un particular, aunque se haya contratado una pipa, aunque el evento tuviera “causa”, la autoridad municipal autorizó. Y si hubo Policía, Protección Civil y permisos, entonces no se puede decir que nadie sabía. El problema no era solo quién pagó el agua, sino quién permitió tirarla. El Sábado de Gloria ya no es como antes; hay restricciones, hay multas, hay conciencia pública sobre el desperdicio. Entonces, autorizar un evento así, en tiempos de escasez, fue presentado como una falta de criterio institucional.

Lo más delicado, según la conversación, es que no sería la primera vez. Si el evento ya se había hecho antes, entonces no fue un descuido aislado: fue una práctica tolerada. Y cuando una mala práctica se repite, deja de ser accidente y empieza a parecer costumbre. El programa no dejó pasar la ironía: en temporada preelectoral, cuando cada acto público debería calcularse con cuidado, permitir un desperdicio de agua donde hay comunidades necesitadas no solo es mala administración; también es mala política. Hasta para equivocarse hay que tener estrategia.

Luego se abrió el tema de Pedro Escobedo y su feria. El presidente municipal habría hablado de una inversión de 30 millones de pesos, pero conforme avanzó la explicación aparecieron más números: inversión del empresario, aportación municipal, posible costo total de 40 millones, artistas, eventos culturales, deportivos y actividades fuera del recinto. El programa no cuestionó la existencia de una feria como tal, sino la falta de claridad en los montos. ¿Cuánto pone realmente el municipio? ¿Cuánto el empresario? ¿Cuánto cuesta la concesión? ¿Cómo ingresa ese recurso? ¿Se descuenta de la aportación pública? Preguntas básicas que, según el análisis, quedaron flotando.

La crítica de fondo fue una de las más fuertes del programa: ¿por qué los gobiernos municipales ponen tanta energía, creatividad y dinero en organizar ferias, artistas y bailes, pero no muestran el mismo empeño para resolver servicios públicos, obras, caminos, agua, salud, transparencia o desarrollo? La frase que quedó suspendida fue demoledora: para la fiesta siempre hay imaginación; para gobernar, de pronto no alcanza. Pan y circo versión municipal, pero con presupuesto público y boletos caros.

El siguiente bloque fue Tequisquiapan, quizá el más técnico y al mismo tiempo uno de los más relevantes. Óscar explicó el caso de solicitudes de acceso a la información que no han sido respondidas o que han recibido respuestas incompletas. A partir de ahí se habló de juicios de amparo, derecho de petición, obligación de resguardar información y posibles consecuencias para la autoridad. La explicación fue pedagógica: si un ciudadano pide información y la autoridad no responde, puede acudir al juez federal. El juez puede ordenar que se preserve la información, que no se destruya, que no se borre, que no se esconda. Y si la autoridad insiste en no contestar adecuadamente, vienen multas personales y eventualmente desacato.

El ejemplo fue claro: si se pide cuánto se gastó en salud, quiénes fueron los beneficiarios, qué medicamentos se entregaron, cuánto costaron y cuáles son las facturas, no basta con mandar una lista incompleta con iniciales o datos genéricos. La autoridad debe responder lo solicitado. Y si no lo hace, el juez puede decirle: “No me quieras tomar el pelo”. En términos ciudadanos, la transparencia no es favor; es obligación.

La cifra mencionada fue fuerte: 85 o 86 juicios de amparo relacionados con solicitudes de información. El programa lo presentó como una auditoría ciudadana en marcha. Y aquí vino una de las ideas centrales del episodio: cuando un gobierno tiene la información ordenada y no esconde nada, responder es sencillo. Pero cuando se vuelve opaco, cada solicitud se convierte en amenaza. La opacidad no siempre prueba corrupción, pero sí levanta sospechas. Como dice el viejo sentido común: quien nada debe, no debería sudar con una solicitud de información.

En medio de ese bloque, el programa abrió una ventana nacional hacia el tema de la salud universal. Se discutió la posibilidad de que todos los mexicanos tengan derecho a recibir servicios de salud, pero se cuestionó el impacto sobre sistemas ya saturados como el Seguro Social. Óscar planteó una preocupación: los derechohabientes pagan, junto con sus patrones, por un servicio que ya de por sí tiene carencias. Si se amplía la carga sin presupuesto suficiente, sin médicos, sin medicamentos y sin infraestructura, el derecho puede convertirse en fila más larga. El punto no fue negar la salud universal, sino señalar que un derecho sin recursos puede terminar en promesa bonita con receta vacía.

Luego el programa regresó a Tequisquiapan con temas ambientales y urbanos. Se habló de una planta tratadora abandonada, de aguas negras corriendo hacia parcelas y de la posibilidad de conducir esos escurrimientos hacia la presa. El cuadro es grave: no se trata solo de una obra detenida, sino de un problema de salud pública, medio ambiente y responsabilidad municipal. También se mencionó un proyecto de casas en un terreno que habría sido destinado a equipamiento dentro de un fraccionamiento, lo que abre dudas legales y vecinales. Si un espacio fue destinado a áreas verdes, deportivas, educativas o de equipamiento, no puede usarse alegremente para construir viviendas. La voluntad política no borra la normatividad, aunque algunos gobiernos crean que el acta de Cabildo es varita mágica.

El cierre regresó a una reflexión electoral. En Tequisquiapan, se cuestionó si las fiestas y la imagen turística bastan para sostener una posible reelección cuando en comunidades y temas de fondo empiezan a aparecer problemas. Una cosa es lo que ve el visitante que llega al centro, toma café, mira luces y se va contento. Otra cosa es lo que viven las comunidades con agua, caminos, obras, trámites, respuestas y servicios. La postal no siempre alcanza para tapar el expediente.

Finalmente, el programa cerró con Cadereyta y la carretera hacia El Doctor. Se criticó que se culpe al gobernador por una vía que, según el análisis del programa, corresponde al municipio. Se habló de videos, acusaciones, exigencias de recursos y de una narrativa donde siempre parece haber un culpable externo: el gobernador, el pasado, Calderón, Porfirio Díaz si hace falta. El punto final fue contundente: los queretanos no necesariamente simpatizan con quienes están en contra de todo. La crítica puede ser rentable un tiempo, pero cuando se vuelve costumbre, termina agotando.

Así terminó el episodio 106: con una productora mirando el reloj, con los conductores estirando el análisis hasta donde el tiempo permitió y con una conclusión clara: la política queretana ya está en modo 2027, aunque el calendario todavía quiera hacerse el inocente. Morena trae fracturas, algunos municipios traen contradicciones, las ferias traen millones, el agua trae reclamos y la transparencia trae jueces tocando la puerta. En La Casa del Jabonoso, como siempre, la espuma no tapa la mugre: la revela.

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