Por Auditoría Ciudadana de Ezequiel Montes
Fecha de corte documental: 9 de octubre de 2026
En una página del dictamen económico de la ampliación del Módulo de Seguridad Pública quedaron resumidas las reglas que definieron la competencia. El Municipio de Ezequiel Montes disponía de un techo financiero de $6,260,000. Dos de las tres empresas participantes quedaron fuera porque sus ofertas lo rebasaban. La tercera propuso $6,240,713.46: sólo $19,286.54, o 0.31%, debajo del límite.
Esa diferencia mínima fue suficiente para que Elizabeth Villeda León quedara como la única participante económicamente solvente y recibiera el contrato. Sin embargo, el techo que eliminó a sus competidores no fue el costo final de la obra.
El 17 de diciembre de 2025, cuatro meses después del fallo, el Municipio firmó un convenio modificatorio que incorporó $982,946.24 y amplió el plazo de ejecución. El contrato terminó en $7,223,659.70, una cantidad $963,659.70 superior al techo financiero inicial.
El convenio señala que el aumento estuvo relacionado con trabajos para un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, C4. Ese dato impide concluir, solamente a partir de la diferencia de montos, que existió un sobreprecio o una ampliación ilegal. También coloca en el centro una cuestión de planeación pública: si el C4 era necesario para el funcionamiento del inmueble, ¿por qué no formó parte del proyecto y del presupuesto con los que compitieron los tres participantes?
La documentación entregada por el Ayuntamiento permite reconstruir el concurso, el cambio contractual, el registro contable y la recepción. No contiene, sin embargo, varios de los documentos que permitirían responder esa pregunta: los catálogos de conceptos original y modificado, el dictamen técnico del C4, el informe que motivó la suspensión, los oficios presupuestales completos y la autorización detallada de los nuevos trabajos.

Tres propuestas técnicamente aceptadas
La obra se denominó “Ampliación Módulo de Seguridad Pública de Ezequiel Montes”, en la localidad de Los Velázquez, y se tramitó mediante la invitación restringida MEMQ/SOP/FORTAMUN 2025/IR/2025/001.
El dictamen técnico del 11 de agosto de 2025 evaluó las propuestas de Elizabeth Villeda León, Construcciones Reynada, S.A. de C.V., y Noé Bueno Sanjuan. Las tres aparecen con la anotación “sin observaciones”.
La revisión técnica es relevante porque muestra que los tres participantes continuaban en la competencia antes de comparar precios. La documentación revisada no indica que las propuestas de Noé Bueno o Construcciones Reynada hubieran sido desechadas por falta de capacidad técnica en esa etapa.
La evaluación económica produjo el resultado definitivo. Los montos con IVA fueron:
Participante
Oferta presentada
Diferencia respecto del techo
Elizabeth Villeda León
$6,240,713.46
$19,286.54 debajo
Noé Bueno Sanjuan
$6,377,637.05
$117,637.05 arriba
Construcciones Reynada, S.A. de C.V.
$6,696,653.12
$436,653.12 arriba
El dictamen económico declaró solvente únicamente la propuesta de Elizabeth Villeda. Para las otras dos señaló que rebasaban el techo financiero asignado mediante el oficio EG/117/2025, por $6,260,000.
El fallo del 12 de agosto adjudicó el contrato por $6,240,713.46. El plazo original fue de 120 días naturales, del 18 de agosto al 15 de diciembre de 2025, y contempló un anticipo de 30%.
La oferta ganadora consumía 99.69% del techo disponible. La distancia entre el límite y la adjudicación equivalía aproximadamente a 0.31% del techo.
Una suspensión y un nuevo alcance
El contrato no concluyó bajo las condiciones originales. Según los antecedentes del convenio modificatorio, el 17 de noviembre de 2025 se notificó una suspensión. El documento también refiere una reasignación de recursos para trabajos vinculados con el C4.
El convenio se firmó el 17 de diciembre, dos días después de la fecha original de terminación. Modificó dos elementos centrales:
- agregó $982,946.24, equivalente a un aumento de 15.75% sobre el contrato adjudicado;
- extendió el plazo 30 días, equivalente a 25% del plazo original.
La nueva fecha de terminación quedó fijada para el 14 de febrero de 2026. El monto total pasó a $7,223,659.70.
Con la modificación, el contrato quedó 15.39% por encima del techo que había regido la evaluación económica. El total final también fue $846,022.65 mayor que la oferta original de Noé Bueno y $527,006.58 mayor que la de Construcciones Reynada.
Esas diferencias no deben presentarse como si los tres precios correspondieran al mismo objeto contractual. Las ofertas de agosto respondían al proyecto original; el monto de diciembre incorporó un alcance adicional. La comparación tiene otro propósito: mostrar que la competencia se decidió con un límite que después fue superado y que, por ello, resulta indispensable conocer la naturaleza y la justificación de los trabajos añadidos.
El C4 está mencionado, pero no explicado
El convenio vincula la reasignación presupuestal con la elaboración del C4. En el expediente ciudadano revisado no aparece el anexo técnico que detalle qué componentes se agregaron, cuántas unidades se contrataron, qué precios unitarios se utilizaron ni qué trabajos estaban incluidos desde el principio.
Tampoco se encuentra el oficio EG/117/2025, que fijó el techo inicial, ni el oficio EG/323/2025, mencionado como antecedente de la reasignación. Falta además el informe de Seguridad Pública que habría originado la suspensión y el oficio SOP/402-A/11/2025 en versión íntegra.
Sin esos documentos no es posible distinguir si el aumento se debió a obra civil, instalaciones, equipamiento, infraestructura tecnológica, mayores volúmenes o conceptos completamente nuevos. Tampoco puede verificarse si la necesidad era imprevisible al momento del concurso o si debió incorporarse desde la planeación inicial.
Esta ausencia documental no demuestra que la ampliación carezca de sustento. Define, en cambio, el límite actual de la auditoría: conocemos cuánto aumentó el contrato y la referencia general al C4, pero no contamos con el desglose técnico que permita evaluar el precio y la necesidad de cada componente.
El mismo monto aparece en tres momentos del expediente
El acta de entrega-recepción fue firmada el 2 de marzo de 2026. Registra 450.52 metros cuadrados construidos, señala que procede la recepción y consigna un monto ejercido de $7,223,659.70.
Los registros contables entregados por el Municipio contienen seis pólizas identificadas como pagadas durante 2025 y 2026. En conjunto suman exactamente $7,223,659.70.
La coincidencia permite conciliar tres etapas documentales:
Etapa
Monto
Contrato original
$6,240,713.46
Ampliación contractual
$982,946.24
Contrato modificado
$7,223,659.70
Pólizas contables registradas como pagadas
$7,223,659.70
Monto ejercido en el acta de entrega
$7,223,659.70
No existe, por tanto, una diferencia aritmética entre el convenio, la contabilidad entregada y el acta de recepción. La cuestión pendiente no se encuentra en la suma final, sino en los documentos que deben explicar y acreditar el alcance adicional.
La contabilidad registra pagos; los archivos bancarios no cierran la ruta
El expediente incluye instrucciones SPEI dirigidas a la contratista. Esos documentos aparecen con estado ENVIADA y contienen una advertencia: la instrucción no constituye un comprobante oficial hasta que su estado aparezca como Ejecutado.
La diferencia no es únicamente de formato. En el mismo conjunto documental, las transferencias correspondientes a retenciones depositadas en cuentas municipales sí aparecen con el estado EJECUTADO. Esto demuestra que el sistema utilizado distingue entre una instrucción enviada y una operación concluida.
Las pólizas contables permiten afirmar que el Municipio registró el total como pagado. Los documentos bancarios disponibles no permiten afirmar, de manera independiente, en qué fecha quedó ejecutada cada transferencia a la contratista. Para cerrar esa ruta se necesitan los comprobantes definitivos o los estados de cuenta conciliados.
La publicación de esta investigación no reproduce cuentas bancarias, claves de rastreo ni otros datos financieros que no son necesarios para comprender el hallazgo.
Una contratista recurrente en la obra pública municipal
Los reportes municipales del capítulo 6000 registran pagos a Elizabeth Villeda León por $10,511,392.02 durante 2025 y $4,543,841.44 entre enero y julio de 2026. En conjunto suman $15,055,233.46.
Ese dato ubica a la contratista entre los proveedores recurrentes de obra pública del periodo. No demuestra trato preferencial ni irregularidad. Sí justifica revisar de forma comparativa cuántos contratos recibió, mediante qué modalidades, cuántos participantes compitieron, qué convenios modificatorios se firmaron y cómo fueron recibidas las obras.
La ampliación del Módulo de Seguridad es el primer expediente reconstruido dentro de una investigación más amplia sobre concentración, competencia y modificaciones contractuales en la administración municipal 2024–2027.
Lo que se pidió al Municipio
El 5 de octubre de 2026 se envió a la Unidad de Transparencia de Ezequiel Montes un derecho de réplica con preguntas sobre el techo financiero, la suspensión, el C4, el convenio, la recepción y los pagos. También se presentó una solicitud formal de información para obtener los documentos que no aparecen en el expediente ciudadano.
Entre los documentos solicitados están:
- el contrato original completo y sus anexos;
- los catálogos de conceptos original y modificado;
- los precios unitarios, volúmenes, generadores y estimaciones del alcance adicional;
- el dictamen técnico y el informe que sustentaron los trabajos del C4;
- los oficios de techo, suficiencia y reasignación presupuestal;
- la autorización del convenio modificatorio;
- el oficio de suspensión y los documentos de reanudación;
- las actas y pruebas de operación del C4;
- los comprobantes bancarios definitivos de las transferencias a la contratista.
Al cierre documental del 9 de octubre de 2026 no se ha incorporado a este expediente una respuesta municipal posterior al envío. La versión del Ayuntamiento deberá añadirse completa cuando sea recibida. La solicitud de información también deberá integrarse al control maestro con su folio y fecha oficial de vencimiento.
Las preguntas que siguen abiertas
La información disponible permite sostener que dos participantes fueron eliminados por superar el techo de $6.26 millones y que el contrato adjudicado terminó en $7.22 millones después de un convenio. Todavía no permite resolver las preguntas centrales:
- ¿Qué conceptos específicos integraron los $982,946.24 adicionales?
- ¿Qué parte del C4 estaba contemplada originalmente?
- ¿Por qué el nuevo alcance no se concursó junto con el proyecto inicial?
- ¿Qué autoridad técnica determinó que los trabajos eran necesarios?
- ¿Quién autorizó la reasignación presupuestal y con qué fundamento?
- ¿Cómo se verificaron los precios unitarios del nuevo alcance?
- ¿En qué fecha quedó ejecutada cada transferencia a la contratista?
- ¿Qué pruebas acreditan que el C4 quedó instalado y en operación?
El expediente no autoriza a afirmar que existió sobreprecio, desvío de recursos, simulación o favoritismo. Sí documenta una decisión pública que merece explicación: un límite financiero eliminó a dos concursantes, pero dejó de operar como límite después de la adjudicación.
Cómo se realizó esta investigación
Este reportaje se elaboró con documentos entregados por el Municipio dentro de las solicitudes 118 y 127 del inventario ciudadano: dictámenes técnico y económico, acta de apertura de propuestas, fallo, convenio modificatorio, acta de entrega-recepción, registros contables e instrucciones SPEI.
Los montos fueron transcritos de los documentos y recalculados. Se compararon el techo financiero, las tres ofertas, el contrato original, el aumento, el contrato modificado, las pólizas registradas y el monto consignado en el acta de recepción. Las rutas exactas de las fuentes están registradas en la matriz de evidencia y en el índice local de la pieza 004.
La investigación distingue entre hechos documentados, cálculos propios y preguntas pendientes. La coincidencia de montos no sustituye la revisión técnica de conceptos, precios y volúmenes; la existencia de un convenio tampoco demuestra por sí sola que el aumento haya sido correcto o incorrecto.
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