Los periodistas David Iván Fabela Mendoza y Óscar Alberto Alcázar Zaragoza solicitan esclarecer la contratación, prestación y posible pago de servicios de vigilancia para el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026.
Tequisquiapan, Querétaro.— Los periodistas David Iván Fabela Mendoza y Óscar Alberto Alcázar Zaragoza informaron que presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Querétaro para que se investiguen operaciones de seguridad privada vinculadas con el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino 2026, documentadas mediante dos facturas que suman 2 millones 164 mil 560 pesos.
El escrito, fechado el 4 de noviembre de 2026, está formulado contra quien o quienes resulten responsables. Solicita reconstruir el procedimiento de contratación, comprobar los servicios prestados e identificar quiénes intervinieron en su autorización, supervisión, facturación y trámite financiero.
La denuncia precisa que los documentos aportados no acreditan, por sí mismos, un delito, un daño patrimonial ni la responsabilidad penal de alguna persona.
Dos facturas y una pregunta: ¿qué recibió el municipio?
Las reproducciones incorporadas al expediente identifican como proveedor a Reacción en Operaciones y Monitoreo, S.A. de C.V., y como receptor al Municipio de Tequisquiapan.
| Factura | Fecha de emisión | Periodo de servicio descrito | Total con IVA |
|---|---|---|---|
| 1217 | 14 de mayo de 2026 | Del 5 al 12 de mayo | $1,044,000 |
| 1220 | 21 de mayo de 2026 | Del 13 al 19 de mayo | $1,120,560 |
| Total | $2,164,560 |
Los comprobantes describen vigilancia y control de accesos en espacios como el Jardín Miguel Hidalgo, el Parque La Pila, el Jardín del Arte, el Teatro del Pueblo y calles del centro.
En conjunto registran 1,244 unidades de servicio, a un precio unitario de 1,500 pesos antes de IVA. Esa cantidad no equivale automáticamente a 1,244 guardias: falta conocer si cada unidad correspondía a una jornada, un turno u otra prestación pactada.
Los denunciantes piden obtener contratos, anexos técnicos, listas de asistencia, bitácoras y reportes de supervisión que permitan comparar lo facturado con lo efectivamente recibido.
Los sellos municipales y la ruta del dinero
Las facturas anexas presentan sellos con expresiones como “PAGADO”, “VALIDADO” y “OPERADO”, además de referencias a Finanzas, Turismo y Adquisiciones.
Esas marcas permiten identificar áreas cuyo papel debe esclarecerse. Sin embargo, no sustituyen los comprobantes bancarios necesarios para establecer cuánto se pagó, cuándo y a qué cuenta.
La denuncia solicita confrontar las facturas con órdenes de pago, pólizas contables, transferencias y estados de cuenta.
También plantea una comparación pendiente: el escrito refiere un registro presupuestario de 1 millón 983 mil 600 pesos en la partida 337, “Servicios de protección y seguridad”, frente a los 2 millones 164 mil 560 pesos facturados.
La diferencia aritmética es de 180 mil 960 pesos. El propio documento advierte que no puede calificarse como dinero faltante o desviado: primero debe establecerse si ambas cifras corresponden a las mismas operaciones, periodos y criterios contables.
La autorización del proveedor, otra cuestión por verificar
Los promoventes también solicitan que se confirme si la empresa tenía las autorizaciones correspondientes durante las fechas del servicio.
Según el escrito, no encontraron una coincidencia nominal exacta en la versión del padrón estatal de seguridad privada que consultaron. Esa observación no demuestra que el proveedor careciera de permiso; requiere una certificación histórica de la autoridad competente.
Qué falta por esclarecer
El expediente busca responder preguntas concretas: cómo fue seleccionado el proveedor, qué obligaciones asumió, quién comprobó su cumplimiento y qué documentación respaldó los pagos.
La copia examinada no incorpora acuse de recepción ni número de carpeta de investigación, por lo que no permite confirmar una actuación ministerial posterior. Tampoco contiene una respuesta del Ayuntamiento o de la empresa a esta denuncia.
La continuidad periodística deberá incorporar esas versiones y los documentos que permitan comprobar o descartar los señalamientos. Hasta entonces, los 2.16 millones de pesos representan el importe de las operaciones facturadas, no una cuantificación de daño al patrimonio municipal.
Transparencia editorial: los promoventes se identifican como periodistas y son parte denunciante. Esta nota distingue sus planteamientos del contenido documental y de las determinaciones que corresponderían a la autoridad.
