ARTÍCULO | AUDITORÍA CIUDADANA
Por Óscar Alcázar
Hay una idea demasiado cómoda sobre la transparencia: que el ciudadano pregunta, el gobierno responde y el asunto termina.
Ojalá fuera tan sencillo.
La experiencia acumulada durante la Auditoría Ciudadana de Ezequiel Montes muestra que entre preguntar y saber existe una distancia que no puede medirse únicamente contando solicitudes contestadas.
Una respuesta es un acto administrativo. Pero una respuesta útil es otra cosa.
Para que el derecho a saber tenga sentido, el documento recibido debe permitir comprender aquello que se preguntó. De lo contrario, podemos terminar confundiendo transparencia con correspondencia: un ciudadano envía una solicitud y la autoridad devuelve un archivo.
El espejismo de la respuesta
Pensemos en una pregunta elemental: ¿cuánto se gastó?
La autoridad podría contestar enviando cientos de páginas de estados financieros. Hay respuesta. Pero si esos documentos no permiten identificar con claridad el gasto solicitado, el problema de información permanece.
Auditoría Ciudadana se encontró con algo parecido en otro expediente: el Municipio entregó 969 archivos relacionados con calendarios presupuestarios de 2024 a 2026, pero la revisión publicada por este medio no encontró en ese conjunto una ruta suficiente para reconstruir las modificaciones mes por mes.
Consulta aquí esa investigación.
Ese ejemplo ayuda a entender la diferencia entre dos conceptos que solemos tratar como sinónimos: entregar información y hacer accesible la información.
169 solicitudes después
La Auditoría Ciudadana de Voz y Testimonio presentó 169 solicitudes al Municipio de Ezequiel Montes.
Las primeras 69 solicitudes terminaron relacionadas con 69 recursos de revisión. Otro bloque de 42 solicitudes produjo 42 recursos adicionales.
Ahora han comenzado a aparecer acuerdos de admisión de INFOQRO.
Pero esos números tampoco deben convertirse en un marcador. No estamos contando victorias y derrotas entre un periódico y un gobierno.
Un recurso admitido no significa que el ciudadano tenga razón. Mucho menos que la autoridad haya cometido una ilegalidad. Significa que existe una controversia sobre acceso a información que ha entrado a una instancia encargada de tramitarla y resolverla.
¿Quién audita la respuesta?
Durante años hemos medido la transparencia pública con estadísticas: tantas solicitudes recibidas, tantas respondidas, tantos días promedio de contestación.
Es información necesaria. Pero puede resultar insuficiente.
Si una institución recibe cien preguntas y contesta las cien, ese dato por sí solo no permite saber si entregó los documentos existentes, si explicó adecuadamente cuando no los tenía o si la información realmente correspondía a lo solicitado.
La diferencia está entre medir respuestas y medir acceso efectivo a información.
El documento contra el discurso
Ésa ha sido la lógica de Auditoría Ciudadana desde el principio: no preguntar para obtener declaraciones, sino para obtener documentos.
Un contrato dice cuánto se comprometió. Una transferencia dice cuánto se movió. Una nómina registra pagos. Un expediente de obra deja fechas. Un estado financiero acumula movimientos.
Ninguno explica por sí mismo toda la realidad. Pero cruzados entre sí permiten hacer preguntas mejores.
Cuando el ciudadano tiene que insistir
Cuando una respuesta resulta controvertida, el ciudadano necesita conocer plazos, folios, recursos, notificaciones y expedientes.
La pregunta sencilla comienza a hablar lenguaje jurídico: solicitud, prevención, respuesta, recurso, radicación, admisión, alegatos y resolución.
Para una redacción que lleva un control documental puede ser laborioso. Para un ciudadano que pregunta una sola vez, puede convertirse en una barrera.
Y quizá ahí está una de las preguntas más importantes de esta investigación: ¿qué tan transparente es un sistema si para saber hay que aprender primero a litigar administrativamente el derecho a saber?
No convertir los recursos en condenas
También existe una responsabilidad del otro lado. Sería fácil presentar cada recurso admitido como una derrota del Ayuntamiento. Sería periodísticamente incorrecto.
INFOQRO tendrá que resolver cada expediente. Algunos podrían confirmar respuestas de la autoridad; otros podrían modificarlas u ordenar información adicional.
La conclusión debe salir de los expedientes, no precederlos.
El derecho a saber no termina al contestar
Los primeros acuerdos de admisión no son el final de esta historia. Son el comienzo de una etapa más exigente.
Habrá que comparar lo preguntado con lo contestado, distinguir una respuesta incompleta de una respuesta simplemente incómoda y separar una omisión documental de un documento que legítimamente no existe.
Porque una Auditoría Ciudadana sólo tiene sentido si aplica la misma regla en todos los casos: el documento debe mandar sobre la sospecha.
