Investigación de Voz y Testimonio | Auditoría Ciudadana
TEQUISQUIAPAN, QRO.— Los cuatro contratos de servicios médicos y suministro de medicamentos que Voz y Testimonio ha documentado dentro de la investigación de Auditoría Ciudadana entraron ahora en una nueva etapa: una denuncia formal ante autoridades anticorrupción y de fiscalización solicita reconstruir cómo fueron adjudicados, quién intervino, cuánto se pagó realmente y si existieron conflictos de interés o irregularidades en su ejecución.
La denuncia fue presentada por los periodistas David Iván Fabela Mendoza y Óscar Alberto Alcázar Zaragoza, quienes comparecieron por su propio derecho ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Querétaro, la Entidad Superior de Fiscalización y autoridades federales.
El escrito establece expresamente que no atribuye anticipadamente responsabilidad penal a ninguna persona. Su objetivo es que las autoridades obtengan y confronten documentos que permitan determinar si las contrataciones se realizaron y ejecutaron conforme a la ley.
Cuatro contratos ya documentados
La denuncia se concentra en los contratos MTQ-ADQ-011/2024, MTQ-ADQ-012/2024, MTQ-ADQ-013/2024 y MTQ-ADQ-014/2024, formalizados el 4 de octubre de 2024 con Operadora Grupo Médico El Pedregal, S. de R.L. de C.V.
Los servicios estaban relacionados con atención médica y suministro de medicamentos para trabajadores municipales, beneficiarios de programas de Presidencia, grupos vulnerables y personal de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil.
La existencia de los contratos, su adjudicación directa, la estructura societaria histórica de la empresa y la relación familiar de uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones ya habían sido abordadas por Voz y Testimonio en entregas anteriores. La novedad ahora es otra: las autoridades deberán determinar si detrás de esos documentos existieron actos u omisiones con consecuencias administrativas o penales.
La Fiscalía deberá reconstruir cómo se contrataron
El 3 de octubre de 2024 sesionó el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio. Al día siguiente fueron formalizados los cuatro instrumentos con la misma empresa.
La denuncia solicita obtener requisiciones, estudios de mercado, cotizaciones, suficiencias presupuestales, dictámenes, proyectos contractuales y cualquier otro documento que permita conocer quién solicitó las contrataciones; quién propuso al proveedor; qué opciones fueron evaluadas; quién determinó los montos; y cuál fue la justificación para utilizar cuatro contratos distintos.
La sucesión de fechas no demuestra por sí misma una irregularidad. Lo que se pide es verificar documentalmente cómo se tomó la decisión.
La pregunta económica sigue abierta
Los cuatro contratos consignan montos que, sumados literalmente, alcanzan 1 millón 335 mil 480 pesos.
Sin embargo, determinadas cláusulas utilizan simultáneamente expresiones como “monto total” y referencias a pagos que serían cubiertos “de manera mensual” durante la vigencia contractual.
Si los $1.33 millones correspondieran efectivamente a una mensualidad conjunta durante 36 meses, el alcance matemático sería de aproximadamente 48 millones 77 mil 280 pesos.
Pero esa cantidad no está acreditada como dinero pagado, daño patrimonial ni obligación definitiva. Precisamente por ello, la denuncia pide obtener facturas, pólizas, transferencias bancarias, CFDI, reportes de servicios y registros contables.
La investigación deberá establecer tres cifras distintas: cuánto se contrató, cuánto se devengó y cuánto se pagó realmente.
El parentesco deberá contrastarse con la actuación del Comité
Otro punto que se pide investigar es la actuación de Rodrigo González Gallo, quien aparece en la documentación analizada como vocal del Comité de Adquisiciones.
Documentos revisados por Voz y Testimonio identifican como sus padres a Luis Oscar González Figueroa y Hegna Martha Gallo Morales. La escritura constitutiva de Operadora Grupo Médico El Pedregal, fechada en 2008, muestra que ambos concentraban originalmente 95 por ciento de las partes sociales. Además, los contratos señalan a Luis Oscar González Figueroa como representante de la empresa.
La documentación no demuestra que Rodrigo González Gallo haya sido socio de la empresa ni que haya favorecido los contratos. Tampoco una relación familiar constituye por sí misma un acto de corrupción.
La cuestión que deberá resolverse es si existió un conflicto de interés jurídicamente relevante y cómo fue gestionado.
Una escritura de 2008 no basta
La denuncia incorpora la escritura constitutiva número 4,212, de julio de 2008. Pero reconoce expresamente una limitación: ese documento sólo acredita la estructura original de la empresa y no permite asegurar que fuera idéntica en octubre de 2024.
Por ello se solicita que la autoridad obtenga del Registro Público de Comercio el historial completo de la sociedad.
¿Qué deberá aclarar Administración?
La denuncia solicita revisar también la actuación de Francisco González Garrigós, identificado en el expediente como secretario de Administración, presidente del Comité de Adquisiciones y firmante municipal de los cuatro contratos.
Su participación documental no equivale automáticamente a responsabilidad. La denuncia solicita individualizar cualquier conducta antes de llegar a una conclusión.
Héctor Magaña no firma los contratos
Respecto del presidente municipal Héctor Iván Magaña Rentería, la propia denuncia introduce una precisión relevante.
Magaña no aparece como firmante de los cuatro contratos ni como integrante del Comité de Adquisiciones en el acta revisada del 3 de octubre de 2024.
Por ello, su posición como alcalde no basta para atribuirle responsabilidad. Lo que la denuncia solicita investigar es si tuvo una intervención material: qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo.
El uso de FORTAMUN requiere revisión específica
Dos de los contratos identifican recursos FORTAMUN. La denuncia no sostiene que utilizar recursos de ese fondo sea ilegal por sí mismo. Solicita verificar si la aplicación concreta correspondió a los fines presupuestales autorizados.
El punto decisivo: comprobar los servicios
La investigación no puede quedarse en los contratos. La denuncia solicita revisar expedientes médicos, listas de beneficiarios, recetas, órdenes de servicio, entregas de medicamentos, reportes mensuales, facturas, pólizas, CFDI y transferencias bancarias.
Con esos elementos deberá comprobarse si cada pago corresponde a un servicio efectivamente prestado o a medicamentos realmente entregados.
Por ahora, ninguna hipótesis de irregularidad está acreditada.
No toda anomalía administrativa es delito
La propia denuncia establece una distinción indispensable. Un problema de contratación, documentación o ejercicio presupuestal puede derivar en observaciones administrativas, responsabilidades resarcitorias o sanciones y no necesariamente constituir un delito.
Por eso: parentesco no equivale a corrupción; adjudicación directa no equivale automáticamente a ilegalidad; firma no equivale a delito; cargo público no equivale a responsabilidad.
De los contratos a los pagos reales
La denuncia cambia el nivel de esta investigación. Hasta ahora existen contratos, actas, documentos societarios y relaciones familiares que permiten formular preguntas.
Lo siguiente será obtener los documentos capaces de responderlas: cuánto dinero salió realmente de las cuentas municipales; quién autorizó cada pago; qué servicio respaldó cada factura; qué personas fueron atendidas; qué medicamentos fueron entregados; si hubo excusas o declaraciones de conflicto de interés; y cuál era la estructura societaria real de la empresa en 2024.
La denuncia no prueba responsabilidad. Obliga a investigar.
Lo acreditado
Existen cuatro contratos formalizados con Operadora Grupo Médico El Pedregal; la denuncia fue presentada para solicitar que las autoridades revisen su contratación, financiamiento, ejecución y posibles conflictos de interés.
Pendiente de comprobar
El monto efectivamente pagado, la estructura accionaria de la empresa en 2024, la participación concreta de cada funcionario, la existencia o no de conflictos de interés y la prestación efectiva de todos los servicios facturados.
Pregunta abierta
¿La revisión de pagos, expedientes y servicios confirmará que los contratos se ejecutaron regularmente o documentará irregularidades que hasta ahora sólo constituyen hipótesis de investigación?
Auditoría Ciudadana continuará.
