El contrato comenzó con el nombre de Laguna de Bacalar; después aparecieron Lago de Pátzcuaro, conceptos cancelados y una diferencia cercana a $161 mil, sin que la respuesta municipal mostrara claramente el instrumento que autorizó todos los cambios.
Sobre la mesa hay dos nombres de calle.
El primero está escrito en el contrato: Laguna de Bacalar.
El segundo aparece más adelante, cuando el expediente ya comienza a contar otra historia: Lago de Pátzcuaro.
Entre ambos nombres hay una obra de $2 millones 331 mil 741 pesos, un contratista, maquinaria, conceptos cancelados y una pregunta que no encuentra respuesta completa entre las hojas entregadas por el Municipio de Tequisquiapan:
¿Quién autorizó que la obra cambiara?
El contrato MTQ.SOP.FAISMUN2025.AD.2025.08 fue adjudicado directamente a Andrés Herbert Urquiza. El documento fijó un importe de $2 millones 10 mil 122 pesos sin IVA y un plazo de 90 días para rehabilitar el pavimento de Laguna de Bacalar, en La Lagunita.
Al principio, el expediente parece seguir una ruta conocida: nombre de la calle, monto, contratista, plazo, recursos del FAISMUN.
Todo parece caber dentro de una misma carpeta.
Pero las obras públicas también cambian cuando nadie está mirando la portada.
Conforme avanzan los documentos, el nombre de Laguna de Bacalar deja de estar solo. Aparece Lago de Pátzcuaro. No como una referencia turística ni como una calle vecina mencionada de paso, sino vinculada con trabajos que forman parte de la ejecución revisada.
La obra que comenzó con una calle escrita en el contrato empieza a desplazarse, al menos documentalmente, hacia otra.
No hay una sirena que anuncie el cambio.
No hay una hoja en letras grandes que diga: “A partir de este momento, el proyecto será diferente”.
El cambio se descubre siguiendo los rastros pequeños: nombres de calles, conceptos eliminados, volúmenes ajustados y documentos que deberían explicar por qué la obra dejó de ser exactamente la misma que fue contratada.
Después aparecen las cancelaciones.
Guarniciones.
Dentellones.
Señalización.
Tres componentes que formaban parte de la descripción o del catálogo de trabajos dejan de aparecer como originalmente fueron planteados.
Cancelar conceptos no es necesariamente irregular. Durante una obra pueden surgir condiciones del terreno, problemas técnicos, necesidades vecinales o ajustes que obliguen a modificar un proyecto.
Pero cada cambio debe dejar huellas.
Una instrucción del supervisor.
Una nota de bitácora.
Un catálogo actualizado.
Un plano corregido.
Una justificación técnica.
Una autorización.
Y, cuando la modificación altera el objeto, las metas o las condiciones esenciales, el instrumento jurídico correspondiente.
En el expediente entregado, esas huellas no forman una secuencia suficientemente clara.
La solicitud de información había pedido expresamente contratos, anexos, suficiencia presupuestal, dictámenes, estimaciones, bitácoras, avances físico-financieros, finiquitos, CFDI y comprobantes de pago. También solicitó que los convenios modificatorios fueran identificados por contrato, tipo de cambio, monto, plazo y fecha.
En el caso de La Lagunita, la documentación no permite reconstruir, de principio a fin, quién tomó la decisión de incorporar los trabajos relacionados con Lago de Pátzcuaro ni mediante qué acto formal se autorizó la cancelación de los conceptos originales.
Mientras se recorren las hojas aparece otra cifra:
$161 mil 90 pesos con 38 centavos.
Es la diferencia aproximada relacionada con volúmenes o trabajos registrados dentro de la revisión, señalados como no cobrados.
Que no se hayan cobrado impide afirmar que existió un pago indebido.
Pero la cifra tampoco desaparece por colocarle la palabra “no cobrado”.
Esos $161 mil obligan a preguntar qué trabajos fueron medidos, cuáles se ejecutaron, quién autorizó realizarlos y por qué quedaron fuera del pago final.
Una obra a precios unitarios puede tener variaciones. Los volúmenes reales rara vez obedecen con precisión matemática al proyecto inicial.
El problema aparece cuando la conciliación no permite seguir la historia completa:
qué se contrató,
qué se canceló,
qué se agregó,
qué se construyó,
qué se midió,
qué se pagó
y qué quedó sin pagar.
La carpeta vuelve entonces al punto de partida.
Laguna de Bacalar.
Lago de Pátzcuaro.
Dos nombres en un expediente que debía explicar una sola obra.
El Municipio aseguró en su respuesta general que había entregado los expedientes completos de las obras del Programa Anual. Pero un expediente completo no es únicamente una acumulación de archivos. Debe permitir que cualquier persona pueda reconstruir las decisiones adoptadas y comprobar que cada modificación tuvo una razón técnica, una autorización y una consecuencia financiera identificable.
En La Lagunita, la respuesta no logra cerrar ese recorrido.
Puede existir una explicación técnica válida.
Puede haber notas, planos o autorizaciones que no fueron identificados correctamente.
También puede tratarse de dos frentes de una misma obra, relacionados desde el proyecto original.
Pero ninguna de esas posibilidades quedó explicada con suficiente claridad en la información proporcionada.
Al final de la revisión, los dos nombres continúan sobre la mesa.
Laguna de Bacalar conserva el contrato.
Lago de Pátzcuaro conserva las preguntas.
Y entre ambas calles queda una obra pública de más de $2.3 millones cuya administración todavía debe explicar cuándo, cómo y por qué cambió de ruta.
Hechos comprobados
La obra fue adjudicada directamente por $2,331,741.59; el contrato se identifica con Laguna de Bacalar; en la documentación revisada aparecen referencias a Lago de Pátzcuaro, conceptos cancelados y diferencias aproximadas por $161,090.38.
Hallazgo
La respuesta entregada no permite reconstruir claramente la autorización técnica, presupuestal y jurídica que sostuvo la modificación del alcance.
Hipótesis que no deben presentarse como hechos
No está probado que se hayan pagado trabajos inexistentes, que la obra se ejecutara en una ubicación distinta sin autorización o que existiera desvío de recursos.
Preguntas abiertas
¿Quién autorizó incorporar Lago de Pátzcuaro?, ¿dónde está el catálogo modificado?, ¿qué sucedió con guarniciones, dentellones y señalización?, ¿cómo se conciliaron los $161 mil?, ¿se modificaron las metas registradas ante FAISMUN? y ¿qué documento sustituyó o modificó formalmente el proyecto original?
