en Tequisquiapan
Tequisquiapan, Qro.- La investigación de Voz y Testimonio sobre los cuatro contratos directos de servicios médicos y medicamentos entró en una nueva etapa: Rodrigo González Gallo, hijo de los dos socios que concentran 95% de Operadora Grupo Médico El Pedregal, asumió el cargo en este 2026 como síndico municipal de Tequisquiapan, mientras los contratos de la empresa familiar continúan vigentes hasta septiembre de 2027.
En entregas anteriores documentamos que la empresa recibió los contratos MTQ-ADQ-011/2024, 012/2024, 013/2024 y 014/2024, todos mediante adjudicación directa y formalizados prácticamente al inicio de la administración municipal. También señalamos que su redacción mezcla las expresiones “monto total” y “de manera mensual”, por lo que el compromiso potencial podría ascender a 48 millones 77 mil 280 pesos, si los importes señalados corresponden a mensualidades durante 36 meses.
El nuevo dato cambia el nivel del escrutinio. Publicaciones de actividades oficiales de 2026 identifican expresamente a Rodrigo González Gallo como síndico municipal, después de que en 2024 fuera presentado como secretario particular del presidente Héctor Magaña. En el proceso electoral había sido registrado como suplente de la segunda sindicatura dentro de la planilla ganadora. (Gente Bien)
La escritura mercantil de Operadora Grupo Médico El Pedregal identifica a Luis Oscar González Figueroa, padre de Rodrigo, como titular de 55% de las partes sociales y apoderado de la compañía. A Hegna Martha Gallo Morales, madre de Rodrigo, le atribuye 40% del capital y el cargo de gerente. El 5% restante pertenece a Martha Carolina González Gallo.
Las actas civiles incorporadas a la investigación acreditan el matrimonio de Luis Oscar González Figueroa y Hegna Martha Gallo Morales, así como su parentesco con Rodrigo González Gallo.
Un conflicto que ya no es solo histórico
El problema no consiste únicamente en que el hijo de los propietarios ocupe un cargo municipal. El punto central es que los contratos siguen vigentes y, si la interpretación mensual es correcta, podrían seguir generando pagos mientras Rodrigo ejerce una posición institucional vinculada con la vigilancia jurídica y patrimonial del Ayuntamiento.
Esto obliga a conocer:
- si presentó una declaración de intereses actualizada;
- si informó la relación familiar y empresarial;
- si existe un oficio formal de excusa;
- si se abstuvo de intervenir en pagos, auditorías, modificaciones o revisiones;
- y si el Órgano Interno de Control adoptó medidas preventivas.
La aparición pública de Rodrigo como síndico está documentada. Sin embargo, todavía debe localizarse el acta de Cabildo que precise la fecha exacta de su incorporación, la causa de la sustitución y su toma de protesta.
Lo probado y lo pendiente
Está probado:
- el parentesco;
- la estructura accionaria;
- la existencia y vigencia de los contratos;
- la condición pública de Rodrigo como síndico en actividades de 2026.
Está pendiente probar:
- que haya intervenido en los contratos;
- que haya autorizado o revisado pagos;
- que omitiera excusarse;
- que haya utilizado su cargo para beneficiar a la empresa.
El nuevo hallazgo no acredita por sí solo una responsabilidad administrativa o penal. Pero sí coloca al Ayuntamiento ante una obligación clara de explicar cómo está administrando un posible conflicto de interés actual.
