Tequisquiapan, Qro.– Las horas extra dentro de una administración municipal no deberían ser una bolsa discrecional ni una prestación opaca. Cada peso pagado por ese concepto tendría que estar respaldado por una necesidad operativa, una autorización, una bitácora y un registro verificable.

Ese es el fondo de la Solicitud 45 presentada al municipio de Tequisquiapan, en la que se pidió el detalle 2025 de la partida 1331 Horas extraordinarias, con datos desagregados por persona, mes, unidad responsable, monto, motivo y folio de autorización.

La respuesta municipal confirma que Recursos Humanos reconoce un procedimiento: el titular del área solicita las horas extra, se requiere autorización y posteriormente se hace el registro para pago.

Esa explicación, lejos de cerrar el tema, abre una pregunta más fuerte: si ese procedimiento existe, entonces también deberían existir documentos que lo comprueben.

La solicitud pidió precisamente eso: bitácoras, roles, controles, índice por unidad responsable y mes, así como versiones públicas de los documentos. También contempló el escenario de que el municipio no generara bitácoras; en ese caso, debía indicar qué mecanismo usa para comprobar las horas extra y entregar evidencia equivalente.

Hasta ahora, en la respuesta visible, no aparece un pronunciamiento claro que permita saber si las bitácoras existen, si se entregaron completas, si fueron sustituidas por otro mecanismo o si la documentación está dispersa en oficios internos.

La Ley Federal del Trabajo establece reglas para las horas extraordinarias. La Profedet explica que las primeras nueve horas extra semanales deben pagarse al doble y que las horas que excedan ese límite deben pagarse al triple.

Aunque los municipios tienen regímenes administrativos específicos para su personal, el criterio laboral de fondo es claro: las horas extra no son un concepto menor; implican carga laboral, derechos del trabajador y recursos públicos.

En términos de fiscalización, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro tiene competencia para revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, investigar actos u omisiones que impliquen irregularidades y determinar daños o perjuicios a la hacienda pública.

Por eso, en este caso, el municipio tendría que entregar algo más que una frase administrativa. Lo mínimo sería una base de datos con cada pago, cada autorización y cada motivo.

Sin bitácoras, sin folios y sin montos verificables, las horas extra se vuelven una caja negra.