La Auditoría Ciudadana buscará la intervención de un juez federal mediante juicio de amparo ante una respuesta considerada incongruente, incompleta y restrictiva del derecho de acceso a la información.
Tequisquiapan, Qro.- La respuesta del Municipio de Tequisquiapan a la Solicitud 114 de la Auditoría Ciudadana encendió una nueva alerta sobre el manejo del programa “La Voz del Pueblo” y las llamadas “Consultas Ciudadanas 2025”, luego de que la autoridad municipal pretendiera condicionar el acceso a información pública al pago de 213 mil 486 pesos por copias certificadas.
La solicitud buscaba conocer el expediente completo del programa: reglas, planeación, presupuesto, convocatorias, actas, criterios de participación, obras derivadas, contratos, responsables de comunicación, resultados y mecanismos para evitar simulaciones en las consultas comunitarias.
Sin embargo, la respuesta municipal entregó solo una parte de los documentos y, para el resto, informó que existen 4 mil 550 fojas cuya entrega en copia certificada tendría un costo de 213 mil 486 pesos. Para la Auditoría Ciudadana, este cobro no puede verse como un simple trámite administrativo, sino como una posible barrera económica para impedir o desalentar el acceso efectivo a la información pública.
El punto es grave: la información fue solicitada preferentemente en formato digital. Aun así, el municipio no justificó de manera clara por qué no puede entregarla en versión electrónica, copia simple, consulta directa gratuita o mediante un índice documental que permita seleccionar únicamente los documentos necesarios.
En otras palabras, antes de transparentar, el municipio puso una caja registradora sobre el expediente.
La respuesta también resulta incongruente porque sí entregó algunos documentos digitalizados, como actas, boletas, calendario, relación de folios y listas de asistencia de San José La Laja. Esto demuestra que al menos una parte del expediente puede ser escaneada y enviada sin necesidad de imponer un cobro masivo por copias certificadas.
En el caso específico de San José La Laja, los documentos entregados muestran que la consulta se realizó el 17 de junio de 2025 en el Auditorio de la Comunidad. El acta de inicio reporta 120 boletas entregadas; el acta de cierre señala 112 votos por mayoría para la obra denominada “rehabilitación carretera de acceso a la comunidad”. Pero ahí surgen nuevas dudas: no se explica qué ocurrió con las ocho boletas restantes, los campos de folio inicial y final aparecen vacíos en las actas, y la relación posterior de folios no viene acompañada de una conciliación completa.
Esto no prueba por sí solo una irregularidad mayor, pero sí muestra un control documental débil en un programa que fue presentado públicamente como un ejercicio democrático de participación ciudadana.
La Auditoría Ciudadana considera que una consulta pública que supuestamente define obras debe tener reglas claras, folios controlados, actas completas, presupuesto identificado, expediente técnico, contrato, avance físico-financiero y publicación verificable de resultados. De lo contrario, el riesgo es que la llamada “voz del pueblo” termine siendo solo una frase útil para redes sociales, pero sin sustento administrativo suficiente.
Por ello, ante la respuesta incompleta, el cobro excesivo y la falta de entrega en modalidad digital, se buscará la acción de un juez federal mediante juicio de amparo indirecto, con el objetivo de que el Municipio de Tequisquiapan entregue la información pública sin imponer barreras económicas desproporcionadas.
La Auditoría Ciudadana también solicitará que se ordene al municipio conservar los expedientes, entregar un índice detallado de las 4 mil 550 fojas, permitir la consulta directa gratuita y justificar, documento por documento, por qué pretende cobrar copias certificadas cuando existen alternativas menos costosas.
El fondo del asunto no es solo cuánto cobra el municipio. El fondo es saber si “La Voz del Pueblo” fue un verdadero mecanismo de participación ciudadana o una estrategia de comunicación política sin controles suficientes.
La transparencia no debe ser un lujo de 213 mil pesos. La información pública pertenece a la ciudadanía, no a la caja recaudadora del gobierno municipal.
