En zona inundable de Tequisquiapan
Tequisquiapan, Qro.- Un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Tequisquiapan presentó una denuncia formal y pliego petitorio contra el proyecto inmobiliario “Zaanse Reserva Residencial y Comercial”, al señalar presuntas irregularidades administrativas, urbanas y ambientales en predios ubicados en el Barrio de San Juan, dentro de la Unidad de Gestión Ambiental UGA 61 del Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
El escrito fue dirigido al presidente municipal Héctor Magaña Rentería y solicita la revocación del cambio de uso de suelo, así como la restitución del predio a la categoría de Espacios Verdes y Abiertos (EVA), al considerar que la zona cumple una función ambiental clave para la contención de inundaciones y la recarga del acuífero.
De acuerdo con la denuncia, el proyecto sería promovido por Campestre Manantiales TX, S.A. de C.V. y/o Eslabón Predios, S.A.P.I. de C.V., sobre terrenos que, según los ciudadanos inconformes, forman parte de una zona ambientalmente sensible y con restricciones hidrológicas.
Acusan ausencia de expedientes municipales
Uno de los puntos más graves del documento es que, según respuestas obtenidas vía transparencia, diversas áreas del municipio habrían declarado no contar con expedientes ni registros relacionados con el proyecto.
Entre las dependencias señaladas se encuentran la Secretaría General del Ayuntamiento, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Protección Civil y el Archivo Municipal. Para los denunciantes, esto evidencia una posible falta de integración documental entre las áreas encargadas de revisar, autorizar o dar seguimiento al desarrollo inmobiliario.
En pocas palabras: se estaría hablando de un proyecto de alto impacto sin que, aparentemente, varias áreas municipales tengan claro dónde está el expediente completo. Y tratándose de uso de suelo, agua, riesgo e impacto ambiental, eso no es un detalle menor; es el tipo de vacío que después se convierte en problema público.
Dictámenes “sin validez”
El documento también sostiene que la propia Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas habría reconocido, mediante el oficio SDURTYE-932-12/05/2026, que varios dictámenes vinculados al proyecto “no cuentan con validez por discrepancias en la información”.
Este señalamiento es el eje jurídico de la denuncia, pues los ciudadanos argumentan que, si la autoridad emisora reconoce inconsistencias en los dictámenes, entonces dichos actos administrativos no deberían seguir produciendo efectos legales ni permitir que el proyecto avance.
Los actos mencionados incluyen dictámenes de uso de suelo relacionados con particulares y personas morales promoventes del proyecto.
Zona inundable y riesgo para la cabecera municipal
La denuncia advierte que el predio se ubica dentro de la UGA 61, la cual estaría clasificada como zona de asentamiento urbano inundable dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
Según el escrito, esa clasificación obliga a cumplir criterios ecológicos específicos, conservar franjas de protección en escurrimientos, evitar infraestructura en zonas ribereñas e inundables y acreditar autorizaciones federales de SEMARNAT y CONAGUA. Los denunciantes afirman que dichas autorizaciones no han sido acreditadas.
El documento va más lejos: señala que urbanizar el predio implicaría eliminar una zona natural de inundación del río San Juan, impermeabilizar suelos, rellenar depresiones naturales y retirar vegetación ribereña, lo que podría aumentar la velocidad y volumen del agua hacia colonias aguas.
De acuerdo con la denuncia, la población en riesgo incremental directa podría ascender a 11 mil 576 habitantes, distribuidos en zonas como el Centro Histórico, Barrio de la Magdalena, Los Sabinos y Los Tepetates.
Acuífero vedado y déficit hídrico
Otro punto delicado es el agua. Los denunciantes señalan que el predio incide sobre la zona aluvial del Acuífero Valle de Tequisquiapan, identificado con la clave 2205, y que dicho acuífero está sujeto a veda presidencial desde 1950.
Además, el documento sostiene que existe un déficit anual de -5.149624 hm³/año, sin que el proyecto cuente con concesión o asignación hídrica vigente. También se menciona que una denuncia ante CONAGUA se encuentra “en proceso de atención”.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo se pretende vender o desarrollar un proyecto inmobiliario si no está suficientemente claro el sustento hídrico, ambiental y legal?
¿Qué piden los ciudadanos?
El pliego petitorio solicita al municipio varias acciones concretas:
La revocación de oficio de todos los actos administrativos relacionados con el proyecto; la restitución del uso de suelo a Espacios Verdes y Abiertos; la suspensión inmediata de cualquier urbanización, desmonte, nivelación, apertura de vialidades o comercialización de lotes; la nulidad de cambios de uso de suelo, fusiones y subdivisiones; y el acceso íntegro al expediente para garantizar participación ciudadana.
También piden una inspección inmediata del predio y la revisión integral de los actos administrativos que, según el propio documento, habrían sido declarados inválidos por la autoridad municipal.
Autoridades notificadas
El escrito señala que los hechos ya fueron notificados a SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, PEPMADU, SEDESU y a la Oficina de la Presidencia de la República. Además, solicita respuesta fundada y motivada en un plazo de 15 días hábiles.
Un proyecto que exige respuestas públicas
El caso “Zaanse” no puede quedarse en el terreno de los oficios, los sellos y las respuestas burocráticas. Si las afirmaciones de los ciudadanos son correctas, Tequisquiapan estaría frente a un posible conflicto de alto impacto urbano, ambiental y social.
No se trata solamente de construir casas o locales. Se trata de saber si el municipio permitió avanzar un proyecto sobre una zona inundable, con dictámenes cuestionados, expedientes dispersos o inexistentes y sin autorizaciones federales plenamente acreditadas.
La autoridad municipal tiene la obligación de aclarar, con documentos completos y verificables, si el proyecto cuenta con sustento legal, ambiental, urbano e hídrico. Porque cuando se juega con zonas de inundación, acuíferos y cambios de uso de suelo, el costo no lo pagan los desarrolladores: lo pagan las familias cuando el agua entra por la puerta.
Voz y Testimonio queda atento a la versión del Ayuntamiento de Tequisquiapan, de la empresa promovente y de las autoridades ambientales competentes.
