Cuando al pueblo le quitan la voz y luego le piden que no grite/ Columna / La Casa del Jabonero
Colón, Qro.- En la cartelera política de Colón se acaba de estrenar una nueva película de esas que ya conocemos demasiado bien: “El Subdelegado Incómodo”. Una producción municipal con drama comunitario, reparto enojado, guion confuso y un protagonista ausente que, como buen personaje de suspenso, aparece justo cuando ya se le incendió el escenario.
La fotografía lo dice todo: vecinos afuera de la Presidencia Municipal de Colón, pancartas en mano, rostro serio, calor encima y una exigencia escrita con la ortografía del pueblo, pero con una claridad que a veces no tiene ni el acta de Cabildo: “Pedimos reinstalación de nuestro subdelegado”.
Y ahí está el punto. La protesta no nace en el vacío. La comunidad de La Esperanza ya venía cargando tensión desde finales de 2024, cuando habitantes bloquearon la carretera estatal 100 acusando una supuesta imposición en la elección de delegados. En aquel momento, el alcalde Gaspar Trueba negó imposición y explicó que la inconformidad tenía que ver con requisitos como constancias de no inhabilitación y antecedentes penales para participar en la convocatoria. (Críptica Querétaro)
Pero la película no terminó ahí. En noviembre de 2024, el Ayuntamiento declaró válida la elección de autoridades auxiliares celebrada el 3 de noviembre y ordenó citar a las autoridades electas para su toma de protesta para el periodo 2024-2027. (colon.gob.mx) Es decir, no estamos hablando de adornos de oficina ni de floreros comunitarios: hablamos de figuras auxiliares reconocidas dentro de la estructura municipal.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro señala que delegados y subdelegados son autoridades auxiliares del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, con duración de tres años en el encargo. También establece sus funciones, entre ellas informar al presidente municipal sobre acontecimientos que afecten el orden, la tranquilidad pública y la salud de su demarcación. (Municipio de Querétaro)
Entonces viene la pregunta jabonera, de esas que resbalan pero pegan: si el subdelegado fue removido por levantar la voz sobre problemas de su comunidad, ¿lo castigaron por incumplir o por cumplir demasiado bien?
Porque eso es lo que se denuncia públicamente. Diversas publicaciones locales identifican al subdelegado destituido como José Luis Valencia Ramírez, de La Esperanza, y vinculan su salida con el reclamo comunitario por el problema del agua y con un episodio en el que el alcalde habría sido confrontado por habitantes. (Voz Imparcial)
La Esperanza, además, no trae una sola herida. Apenas el 2 de mayo de 2026, habitantes bloquearon la carretera estatal 120 para denunciar falta de agua potable, un problema que —según los propios manifestantes— llevaba meses sin solución clara. En esa protesta acusaron sentirse ignorados y advirtieron que, sin respuestas, continuarían las movilizaciones. (Meganoticias)
Aquí es donde la trama se pone sabrosa, pero no por gusto sino por gravedad. Si una comunidad protesta por agua, luego reclama la destitución de su subdelegado y termina afuera de la Presidencia con cartulinas de “fuera” y “reinstalación”, el problema ya no es administrativo: es político. Y cuando lo político se mezcla con servicios básicos, representación comunitaria y decisiones tomadas desde el escritorio, el resultado suele ser el mismo: el pueblo en la calle y el gobierno explicando tarde.
El municipio puede decir que tiene facultades. Y sí, las tiene. El Reglamento de Autoridades Auxiliares de Colón reconoce que el nombramiento de delegados y subdelegados es facultad de la persona titular de la Presidencia Municipal, conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal. (colon.gob.mx) Pero una cosa es tener facultad legal y otra muy distinta es usarla como garrote político. La legalidad no debería ser paraguas para apagar inconformidades; debería ser piso para resolverlas.
Porque si el subdelegado fue removido por una causa válida, el municipio tendría que mostrarla con claridad: expediente, motivo, procedimiento, acta, resolución y fundamento. Pero si la comunidad percibe que lo quitaron por incómodo, entonces el gobierno no sólo removió a una persona: desconectó un cable de comunicación con La Esperanza.
Y eso, en política municipal, es dinamita envuelta en papel membretado.
El fondo del asunto no es únicamente José Luis Valencia. El fondo es si las autoridades auxiliares son representantes de la comunidad o simples extensiones obedientes del palacio. Si su trabajo es transmitir lo que duele abajo o repetir lo que conviene arriba. Si son puente o son tapete.
La escena afuera de la Presidencia Municipal parece sencilla: unas cartulinas, una lona, gente parada bajo los arcos. Pero en realidad es una radiografía: Colón tiene una comunidad que ya no se conforma con promesas, que ya no quiere discursos con moño naranja, que exige agua, respeto y representación.
Y en La Casa del Jabonero diríamos que el problema no es que La Esperanza grite. El problema es que quizá tuvo que gritar porque nadie escuchaba.
La autoridad todavía puede corregir el rumbo: abrir diálogo público, transparentar la destitución, explicar jurídicamente el procedimiento y atender el fondo social: el agua, la representación y la confianza rota.
Porque cuando el gobierno le quita al pueblo a quien considera su voz, no debería sorprenderse cuando el pueblo decide hablar más fuerte.
