Tequisquiapan, Qro.- La tercera veta de la auditoría ciudadana sobre la información laboral del Municipio de Tequisquiapan se concentra en una pregunta incómoda y técnicamente delicada: ¿qué hacen jubilados y pensionados dentro de un formato de plazas vacantes y ocupadas?
La duda no surgió al aire. Fue planteada de manera expresa en la solicitud de aclaración técnica presentada al municipio, en la que se pidió informar el criterio institucional para incorporar registros bajo las denominaciones “Jubilados” y “Pensionados” dentro del formato de plazas, incluyendo si se consideran parte de la estructura o de las plazas reportables, y cuál es el fundamento técnico-administrativo para asignarles adscripción, tipo de plaza y clave o nivel.
Ese punto importa porque la discusión ya no es solamente de nómina, sino de clasificación administrativa. Una cosa es que el municipio tenga obligaciones de pago frente a jubilados y pensionados, y otra distinta es que esos registros aparezcan dentro de un formato cuyo diseño está pensado para reportar plazas vacantes y ocupadas.
Los lineamientos técnicos del formato establecen que deben publicarse datos como denominación del área, denominación del puesto, clave o nivel del puesto, tipo de plaza, adscripción inmediata superior, estado ocupado o vacante y sexo, además de totales de plazas de base y confianza, ocupadas y vacantes. Bajo esa lógica, el formato parece construido para describir la estructura activa del sujeto obligado, no necesariamente universos administrativos distintos como jubilaciones o pensiones.
Ahí es donde aparece la zona gris. Si jubilados y pensionados están siendo cargados en ese universo, la autoridad tendría que explicar con precisión bajo qué criterio local lo hace. No basta una referencia genérica a lineamientos o una mención indirecta al sistema; lo que se necesita es saber si el municipio los considera plazas reportables, si los trata como un universo separado o si los mezcla dentro del mismo formato por razones operativas.
La relevancia pública del tema es mayor de lo que parece. Si la ciudadanía quiere auditar con claridad cuántas plazas existen, cuántas están ocupadas, cuántas están vacantes y de qué tipo son, la mezcla de categorías distintas puede distorsionar la lectura del dato. Una estructura laboral clara exige diferenciar entre personal activo, plazas vacantes, jubilados y pensionados.
En otras palabras, el problema no es que el municipio pague jubilaciones o pensiones. El problema es cómo las clasifica y cómo las reporta en transparencia. Porque si no distingue con nitidez entre plantilla activa y pasivos laborales, el formato deja de ser una radiografía de la estructura municipal y se convierte en una bolsa donde caben categorías distintas bajo el mismo techo.
La solicitud ciudadana buscaba justamente cerrar esa puerta: pidió criterio institucional, fundamento técnico-administrativo y lógica de asignación. La respuesta entregada no dejó ese punto plenamente despejado. Y mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá abierta: ¿Tequisquiapan reporta plazas, o mezcla bajo una misma etiqueta realidades administrativas diferentes?
Hallazgos clave
- La solicitud pidió expresamente el criterio institucional para incluir jubilados y pensionados dentro del formato de plazas vacantes y ocupadas.
- También pidió saber si se consideran parte de la estructura/plazas reportables y bajo qué fundamento se les asigna adscripción, tipo de plaza y clave o nivel.
- Los lineamientos del formato de plazas visibles en los documentos entregados están centrados en área, puesto, tipo de plaza, adscripción, estado y sexo, así como en plazas de base y confianza, ocupadas y vacantes.
- Con lo entregado, no quedó claramente documentado un criterio municipal específico y diferenciado para jubilados y pensionados.
Riesgos
- Técnico: mezcla de categorías administrativas distintas dentro de un mismo formato.
- Contable: dificultad para separar estructura activa de pasivos laborales.
- Público: una lectura distorsionada de cuántas plazas existen realmente y cómo están distribuidas.
