Entre padres y la ley no avala presiones por cuotas ni aportaciones
Galeras, Colón, Qro.- La inconformidad crece entre madres y padres de familia de la primaria “Cristóbal Colón” y “Venustiano Carranza”, en la comunidad de Galeras, luego de que, según una denuncia hecha llegar a este medio, en ambos turnos —matutino y vespertino— se distribuyeron boletos de una rifa para recaudar recursos con el argumento de acondicionar y equipar una biblioteca escolar.
En el boleto difundido por las familias se lee que la rifa es organizada por la Asociación de Padres de Familia, con respaldo del Consejo Escolar de Participación Social, que el boleto cuesta 20 pesos y que el sorteo se realizaría el 30 de abril en el patio de la escuela. Sin embargo, el fondo del conflicto no es la biblioteca, sino la forma en que presuntamente se quiso financiar: de acuerdo con los mensajes compartidos por padres de familia, se les habría exigido vender 15 boletos por alumno y entregar completos talonarios y dinero, aun cuando varias familias aseguran que nunca fueron consultadas ni estuvieron de acuerdo con el proyecto.
Y ahí empieza el problema legal y moral. La Ley General de Educación establece que en las escuelas públicas está prohibido condicionar el servicio educativo a cualquier pago, y además precisa que las donaciones o aportaciones sólo pueden ser voluntarias; tampoco se puede afectar el acceso, la inscripción, evaluaciones o documentos por no pagar. En Querétaro, la Ley de Educación del Estado va en el mismo sentido: las aportaciones que acuerden los padres deben ser voluntarias y no puede sancionarse a los estudiantes ni restringirse su derecho a la educación por no cubrirlas. (Cámara de Diputados)
Es cierto que la normatividad federal sobre participación social en las escuelas permite que los consejos escolares busquen recursos complementarios para mantenimiento y equipamiento. Pero una cosa es gestionar apoyo comunitario, y otra muy distinta convertir la cooperación en una orden disfrazada de “apoyo”. La diferencia entre participación y presión no es un matiz: es precisamente donde una buena intención puede volverse un abuso. (Sidof)
Hay otro ángulo delicado. La regulación federal en materia de sorteos señala que éstos sólo pueden organizarse con permiso por escrito de la Secretaría de Gobernación. La propia ley contempla un trato especial para sorteos realizados por instituciones educativas cuando el producto se destina íntegramente a fines de interés general, pero eso no elimina que se trate de una actividad regulada. En la imagen del boleto difundido por los padres, al menos de manera visible, no se aprecia folio, permiso o referencia oficial alguna; eso no prueba por sí mismo que no exista autorización, pero sí deja una pregunta legítima sobre la mesa. (Cámara de Diputados)
El punto de fondo es simple: una biblioteca escolar puede ser una causa noble; imponer su financiamiento, no. Si el proyecto era necesario, lo mínimo era informar, convocar, transparentar costos, someterlo a consenso real y aclarar quién autorizó la rifa, bajo qué reglas y con qué controles. Cuando en una escuela pública los padres terminan sintiendo que cooperar ya no es opcional sino forzoso, la educación deja de construir comunidad y empieza a parecer caja registradora.
Hasta ahora, lo denunciado corresponde a la versión de madres y padres inconformes, y será la autoridad educativa la que deba aclarar si hubo acuerdo formal, autorización del comité, transparencia en el manejo del dinero y cumplimiento de la normativa aplicable. En caso de que las familias quieran presentar una queja, la USEBEQ mantiene un canal de contacto institucional al teléfono 442 238 6000; además, en su directorio oficial aparece la Dirección de Educación Primaria como área competente para este nivel. (Usebeq)
