Cadereyta, Qro.-Hoy México discute la libertad de expresión, el papel de los periodistas frente al poder y el riesgo de que los señalamientos, denuncias y procedimientos terminen provocando autocensura. Pero esta discusión no ocurre solamente a nivel nacional.
En Cadereyta de Montes, Querétaro, diversos periodistas y medios críticos han terminado enfrentando denuncias, procedimientos o litigios relacionados con la presidenta municipal Astrid Ortega, de Morena.
Uno de esos casos surgió después de que el periodista Óscar Alcázar, de Voz y Testimonio, y yo cuestionamos con documentos la preparación académica de la presidenta municipal. Posteriormente, ella misma reconoció públicamente que no estaba titulada.
Hoy nosotros estamos a días de conocer qué resolverá la Sala Superior en un asunto que puede terminar confirmando una sanción por violencia política en razón de género.
Pero esta historia no comenzó cuando el denunciado fui yo.
Como abogado he defendido directamente a periodistas y medios cuando han tenido que acudir a los tribunales. He participado en la defensa de El Tolimanense, de Acontecer y de Antonio Villagómez, de Entérate Cadereyta, obteniendo resultados favorables.
En el caso de El Tolimanense, la defensa jurídica realizada directamente en favor de ese medio produjo además un efecto favorable para otros medios alcanzados por la misma determinación, entre ellos Conecta Semidesierto, Quadratín Querétaro, ADN Informativo Querétaro, Plaza de Armas Querétaro y Voz de la Sierra.
Defendimos directamente a uno, sabiendo que el principio jurídico podía proteger a varios. Y los benefició.
Ahora quien puede terminar sancionado también es el abogado que ha defendido a periodistas y medios.
Por eso este asunto ya no debe verse únicamente como un conflicto personal.
La pregunta es qué mensaje recibe el siguiente periodista cuando tiene documentos en la mano, encuentra información incómoda sobre quien gobierna y sabe que publicarla puede significarle meses o incluso más de un año pagando abogados y defendiéndose ante autoridades y tribunales.
¿Publicará?
¿O terminará pensando: “Mejor no lo publico”?
Eso es autocensura.
Este miércoles 19 de agosto, la Sala Superior resolverá el SUP-REC-333/2026.
Vean el video completo y saquen sus propias conclusiones.
La violencia política contra las mujeres debe combatirse y sancionarse cuando realmente existe. Pero proteger ese derecho no puede significar destruir otro derecho fundamental: la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Una mujer que ejerce el poder tiene derecho a vivir libre de violencia. También está sujeta, como cualquier hombre que gobierna, al escrutinio, a las preguntas incómodas, a la crítica y a la rendición de cuentas.
Hoy fue una discusión sobre un título académico.
Mañana puede ser cualquier verdad incómoda sobre quien gobierna.
Porque cuando un periodista comienza a preguntarse cuánto le va a costar decir lo que encontró antes de decidir si lo publica, el silencio ya empezó a imponerse sin necesidad de prohibirle hablar.
Y si defender una verdad verificable tiene un precio, nosotros hemos decidido no pagarlo con nuestro silencio.
