Cadereyta de Montes, Qro.— El abogado David Iván Fabela Mendoza obtuvo una resolución favorable luego de que tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito revocaran el sobreseimiento dictado previamente en un juicio relacionado con la entrega de información pública sobre el programa de vales para útiles escolares en el municipio de Cadereyta de Montes.
La determinación dejó sin efecto la decisión del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, que había cerrado el caso, y ordenó reponer el procedimiento para que el asunto continúe su curso legal.
El caso se originó a partir de una solicitud de información promovida por Fabela Mendoza sobre el programa municipal “Impulsando Sueños”, mediante la cual pidió conocer documentos clave como el acuerdo de cabildo, el presupuesto ejercido, el padrón de beneficiarios, las reglas de operación, contratos con proveedores y reportes de avance.
Con la resolución del tribunal, la administración encabezada por la presidenta municipal Astrid Alejandra Ortega Vázquez deberá enfrentar nuevamente el proceso judicial, ya que el cierre anticipado del caso quedó sin efecto y el procedimiento deberá reencauzarse conforme a lo ordenado por el órgano federal.
Cabe señalar que el mismo juez que había sobreseído el juicio también dio vista al Ministerio Público Federal al considerar posibles indicios de abuso en el uso del juicio de amparo por parte del promovente, mientras que negó la vista solicitada por el propio quejoso respecto a las irregularidades que atribuía a la autoridad responsable.
La resolución del Tribunal Colegiado no determina por sí misma la existencia de un desvío de recursos; sin embargo, abre la puerta para que se conozcan documentos financieros y expedientes relacionados con el programa de vales escolares, cuya revisión podría arrojar claridad sobre el destino de los recursos públicos.
En términos políticos y jurídicos, el fallo representa un revés tanto para la decisión judicial que había cerrado el caso como para la administración municipal, al reabrir la discusión sobre la transparencia en el manejo de los recursos destinados al programa social.
