Una obra financiada con dos millones de pesos fue registrada para beneficiar a sólo 25 personas; conocer su expediente implicaría pagar más de 20 mil pesos por 428 copias certificadas, pese a que la información pudo entregarse electrónicamente.
Tequisquiapan, Qro.- Una techumbre pública de 313 metros cuadrados, financiada con dos millones de pesos del FAISMUN 2025, fue registrada por el Municipio de Tequisquiapan con apenas 25 beneficiarios. El cálculo teórico arroja una inversión de 80 mil pesos por cada persona beneficiada, una proporción que obliga a cuestionar si la obra fue correctamente priorizada frente a otras necesidades municipales capaces de impactar a cientos o incluso miles de habitantes.
La obra aparece identificada como “Construcción de techumbre en bien público Explanada Cruz Verde del Barrio de San Juan, Tequisquiapan, Qro.”. De acuerdo con la documentación incorporada al juicio de amparo 466/2026, el proyecto tenía una meta física de 313 metros cuadrados, una inversión municipal de dos millones de pesos y un universo declarado de 25 beneficiarios.
Dividir el presupuesto entre el número reportado de beneficiarios produce una cifra difícil de ignorar: $80,000 por persona. Si se compara con la superficie construida, el costo promedio anunciado es de aproximadamente $6,390 por metro cuadrado de techumbre.
Estos cálculos no demuestran por sí mismos que exista un sobreprecio o una irregularidad. Sin embargo, sí plantean preguntas elementales que el Ayuntamiento debe responder: ¿cómo se determinó que únicamente 25 personas serían beneficiadas?, ¿se trata de usuarios directos, representantes familiares o de un padrón incompleto?, ¿cuál es el uso real de la explanada?, ¿cuántas personas acuden a ese espacio durante actividades comunitarias?, ¿qué metodología justificó invertir dos millones de pesos en una obra con un impacto social aparentemente tan reducido?
En un municipio donde continúan existiendo necesidades en calles, drenaje, agua potable, alumbrado, seguridad, salud, mantenimiento urbano y atención a comunidades, resulta indispensable explicar por qué una sola techumbre fue priorizada con una inversión que, conforme a las cifras oficiales, equivale a 80 mil pesos por beneficiario.
No se trata de sostener que las comunidades no merecen espacios dignos. Por el contrario: toda obra pública debe responder a una necesidad comprobada. El problema aparece cuando la autoridad no entrega los documentos que permitan verificar cómo se eligió el proyecto, cómo se construyó el padrón de beneficiarios, quién obtuvo el contrato, cuáles fueron los precios unitarios y de qué manera se comprobó que los dos millones de pesos correspondieran con los materiales y trabajos realizados.
Casi 47 pesos por cada hoja
La desproporción no termina en la inversión. Cuando se solicitó conocer el expediente técnico, administrativo, contractual y financiero de la obra, la Secretaría de Obras Públicas reconoció tener integradas 428 fojas, pero condicionó su entrega al pago de $20,081.76.
El cálculo representa aproximadamente $46.92 por cada hoja certificada.
Es importante precisar que el cobro municipal no corresponde a una copia simple de papelería, sino a una copia certificada. No obstante, la diferencia sigue siendo significativa y, sobre todo, plantea otra pregunta: ¿por qué la autoridad redujo el acceso a una modalidad tan costosa, cuando podía proporcionar los archivos electrónicamente o permitir la consulta física gratuita del expediente?
Una copia simple en cualquier establecimiento comercial tiene un costo muy inferior. Aunque la certificación supone un procedimiento administrativo adicional, cobrar más de 20 mil pesos para conocer cómo se gastaron dos millones de recursos públicos representa una barrera material para la fiscalización ciudadana.
La transparencia no puede convertirse en un servicio de lujo. Si la información ya estaba integrada en un expediente municipal, el Ayuntamiento pudo digitalizarla, colocarla en un enlace institucional, dividirla en varios archivos o permitir que el ciudadano la reprodujera directamente mediante teléfono, cámara o escáner portátil.
En 132 solicitudes sí ha sido posible entregar archivos electrónicos
Dentro del proyecto de Auditoría Ciudadana se han presentado hasta ahora 132 solicitudes de información relacionadas con la administración municipal de Tequisquiapan. En diversos casos, las propias autoridades han remitido documentos electrónicos, hojas de cálculo, archivos PDF y anexos digitales sin exigir el pago de miles de pesos por impresiones certificadas.
Por ello, resulta difícil explicar por qué en este expediente específico no se ofreció desde el inicio una modalidad electrónica, especialmente cuando se trata de documentos relacionados con gasto público, contratación, supervisión, estimaciones, facturas, beneficiarios y control de una obra financiada con recursos federales.
La tecnología ya es utilizada cotidianamente por el Municipio para recibir solicitudes, emitir oficios y entregar documentación. Pretender que 428 fojas sólo puedan conocerse mediante copias certificadas equivale a trasladar al ciudadano el costo de una decisión administrativa que pudo evitarse.
La solución era sencilla: entregar una versión electrónica, proteger únicamente los datos personales que legalmente debieran testarse y permitir el acceso al resto de los documentos públicos. No era necesario convertir 428 páginas en una cuenta superior a los 20 mil pesos.
El juicio terminó, pero las preguntas continúan
El amparo promovido por la falta inicial de respuesta terminó sin que el juzgado analizara de fondo si el cobro era proporcional, si la información debía proporcionarse electrónicamente o si la contestación municipal era completa. El juicio fue sobreseído después de que el Municipio emitió un oficio durante el procedimiento.
Esto significa que el Poder Judicial no declaró legal el cobro ni validó la inversión de dos millones de pesos. Tampoco determinó que la adjudicación, los pagos, los materiales o el número de beneficiarios fueran correctos.
Hasta el momento permanecen sin conocerse públicamente documentos fundamentales:
el nombre del contratista, el contrato completo, las cotizaciones consideradas, la justificación de la adjudicación directa, el anticipo entregado, la estimación-finiquito, los comprobantes bancarios, los precios unitarios, las pruebas de laboratorio, la memoria estructural, el padrón de beneficiarios y las actuaciones de la Contraloría municipal.
Por esa razón se presentará una nueva solicitud de información en la que se pedirá expresamente la entrega electrónica, sin copias certificadas, además de una base de datos que permita reconstruir la contratación, los pagos y la integración de los 25 beneficiarios.
La pregunta central sigue abierta: ¿vale la pena destinar dos millones de pesos a una obra registrada para 25 personas mientras existen necesidades capaces de beneficiar a cientos o miles de habitantes?
Y una segunda pregunta resulta igualmente inevitable: ¿por qué conocer cómo se gastó ese dinero debe costarle al ciudadano más de 20 mil pesos, cuando bastaba enviar los documentos por vía electrónica?
