ARTÍCULO DE OPINIÓN
La colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial de Querétaro terminó abriendo una discusión mucho más grande que un edificio.
El proyecto, presentado en el complejo Rhino y con una inversión superior a 30 millones de pesos, fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La academia fue planteada para capacitar policías en la detección e intervención de delitos relacionados con drogas, armas, dinero ilícito, operaciones bancarias y contrabando.
Hasta ahí, la imagen era la de cooperación internacional en materia de seguridad.
Pero desde Palacio Nacional llegó la inconformidad.
Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente que al acto se hubiera invitado al embajador estadounidense mientras, según expresó en su conferencia, no fueron convocados la Secretaría de la Defensa, el Gabinete de Seguridad federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad Federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se invitó al embajador de Estados Unidos”.
La pregunta no es si debe haber coordinación
Por supuesto que una cooperación de este nivel debe tener reglas, canales institucionales y conocimiento de las autoridades federales competentes. México tiene una política exterior y una estrategia nacional de seguridad; ningún estado opera fuera de ellas.
Pero el episodio también permite otra pregunta: ¿la preocupación es por falta de coordinación o por falta de control político sobre la coordinación?
La diferencia importa.
Si el problema fue que las dependencias federales no fueron informadas o invitadas, la corrección institucional es sencilla: establecer protocolos claros para que este tipo de cooperación se articule con la Federación.
Si, en cambio, cualquier colaboración estatal con autoridades estadounidenses debe pasar necesariamente por una validación política central antes de existir, entonces ya no estamos hablando solamente de coordinación.
Lo que sí se puede afirmar
No hay elementos para sostener que la presidenta esté defendiendo narcotraficantes, tenga acuerdos con organizaciones criminales o pretenda detener la academia para proteger al crimen. Convertir esa sospecha en un hecho sería irresponsable.
Lo que sí está documentado es su inconformidad por la forma en que se organizó el acto y por la ausencia de dependencias federales. También está documentado que el gobierno federal mantiene cooperación con Estados Unidos en seguridad.
Por eso la contradicción política resulta relevante: la cooperación internacional no es el problema en sí misma; el desacuerdo parece estar en quién la conduce, quién la autoriza y quién aparece en la fotografía.
Sheinbaum pidió explicaciones y revisión, no anunció la cancelación del proyecto. Esa distinción también importa.
La academia seguirá cargando una pregunta
Querétaro tiene derecho a fortalecer las capacidades de sus policías. La Federación tiene derecho y obligación de exigir coordinación cuando existe cooperación internacional en materia de seguridad.
Pero una política eficaz no debería convertir la coordinación en una disputa de protagonismos.
La academia apenas colocó su primera piedra y ya dejó una pregunta mucho más grande que sus instalaciones:
¿México quiere instituciones que cooperen o instituciones que primero pidan permiso político para cooperar?
