Señalan presunto conflicto de interés en Tequisquiapan

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Por vínculos familiares y servicios médicos

Tequisquiapan, Qro.- Un presunto caso de conflicto de interés y posible nepotismo comienza a generar cuestionamientos en Tequisquiapan, luego de que fuentes consultadas por este medio señalaron que el doctor Óscar González Figueroa, vinculado públicamente a Grupo Médico El Pedregal, presuntamente presta servicios médicos al municipio, cobrando por cirugías, consultas, medicamentos y atención de salud en comunidades.

La situación ha llamado la atención debido a que Martha Gallo Morales aparece públicamente como regidora del Ayuntamiento 2024-2027, mientras que en el directorio y presentación institucional de Grupo Médico El Pedregal también figuran Óscar González Figueroa, Martha Gallo Morales y Rodrigo González Gallo. (Municipio de Tequisquiapan)

Hasta el momento, este medio ya inició solicitudes de información pública para obtener documentos que permitan confirmar de manera oficial si existieron contratos, pagos, montos, conceptos facturados y procedimientos de adjudicación relacionados con estos servicios.

En torno a Rodrigo González Gallo, la información pública disponible presenta diferencias. Algunas referencias lo ubican como exsíndico municipal y expresidente interino de Tequisquiapan en 2021, mientras que otras publicaciones más recientes lo colocan en funciones dentro del gobierno municipal. Sin embargo, actas públicas del Ayuntamiento 2024-2027 muestran otros nombres en las sindicaturas, por lo que también se busca precisar oficialmente su cargo o participación actual dentro de la administración. (Tribuna de Querétaro)

De confirmarse que existieron relaciones contractuales entre el municipio y un prestador de servicios vinculado familiarmente con integrantes del Ayuntamiento o del entorno gubernamental, el caso podría encuadrar en un posible conflicto de interés, figura prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Cámara de Diputados)

Por ahora, la información se mantiene en fase de verificación documental. La exigencia central será conocer si hubo contratos, quién los autorizó, bajo qué procedimiento se realizaron y si existieron mecanismos formales para evitar cualquier afectación a la imparcialidad en el ejercicio del servicio público.

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