Artículo de fondo
Querétaro, Qro.— La LXI Legislatura abrió la discusión para reformar la Constitución local y fortalecer los derechos sociales. La idea, presentada por el diputado Homero Barrera Mcdonald durante el foro Derechos Sociales: Latinoamérica y los retos de la Constitución local, parte de una premisa atractiva: que el bienestar deje de depender de programas sexenales y quede protegido por la norma fundamental del estado.
El planteamiento merece atención. Pero también una pregunta incómoda: ¿de qué sirve elevar un derecho al rango constitucional si la persona no puede exigirlo, si no existen indicadores para medir su cumplimiento y si cada año el presupuesto puede tratarlo como una aspiración?
Ese es el punto central que el Congreso tendría que resolver antes de celebrar una reforma que, por ahora, todavía está en etapa de construcción.
El problema no es la falta de derechos escritos
El propio marco constitucional queretano ya reconoce un conjunto amplio de derechos fundamentales y sociales. La documentación histórica del Poder Legislativo identifica expresamente derechos vinculados con educación, salud, vivienda, cultura, deporte, protección de grupos en situación de vulnerabilidad y desarrollo sustentable.
Además, la Constitución federal y los tratados internacionales obligan a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo principios como progresividad y no discriminación. En otras palabras, el desafío de Querétaro no comienza en una hoja en blanco.
Por eso resulta insuficiente que la discusión se limite a agregar nuevas formulaciones constitucionales. La pregunta realmente útil es qué cambiaría en la vida de una persona al día siguiente de aprobarse la reforma.
Del programa social al derecho exigible
El boletín legislativo sostiene que la reforma buscaría pasar de una política social basada únicamente en programas y apoyos gubernamentales a un esquema de “pisos mínimos de bienestar” protegidos constitucionalmente. La intención apunta en la dirección correcta: un derecho no debería desaparecer porque cambie un gobierno, un partido o una prioridad electoral.
Sin embargo, convertir una política pública en derecho implica algo más complejo que sustituir la palabra “programa” por la palabra “garantía”. Requiere, por lo menos, identificar quién está obligado a cumplirlo, cuáles son los mínimos que debe recibir la población, en qué plazos, con qué presupuesto, mediante qué institución y qué recurso tendrá un ciudadano cuando el Estado incumpla.
Sin esos elementos, una reforma constitucional puede terminar produciendo exactamente lo que pretende corregir: derechos solemnes en el papel y respuestas discrecionales en la realidad.
El presupuesto es donde se prueba el discurso
El propio planteamiento legislativo habla de responsabilidad presupuestal y aplicación progresiva. Ahí se encuentra uno de los puntos más delicados.
La progresividad no puede convertirse en una puerta para aplazar indefinidamente el cumplimiento. Si el Congreso pretende establecer nuevos pisos de bienestar, deberá acompañarlos de reglas fiscales y presupuestarias que hagan posible su ejecución. De lo contrario, cualquier autoridad podrá responder que el derecho existe, pero que “no hubo suficiencia presupuestal”.
Durante el foro, el consultor Fernando Casado Gutiérrez cuestionó precisamente ese argumento y sostuvo que la garantía de derechos exige discutir cómo se distribuyen los recursos públicos. La observación toca el corazón del debate: una Constitución social no se demuestra en los discursos del pleno sino en el Presupuesto de Egresos.
La otra advertencia: instituciones débiles
Marco Antonio León Hernández señaló durante el encuentro que uno de los problemas del sistema de protección de derechos humanos es la limitada capacidad de las comisiones defensoras para hacer efectivas sus recomendaciones.
Ese diagnóstico debería formar parte de la reforma. Si se amplía el catálogo constitucional pero se mantienen mecanismos débiles de exigibilidad, Querétaro podría tener más derechos declarados sin contar con mejores instrumentos para defenderlos.
La discusión tendría que incluir si habrá procedimientos administrativos rápidos, acciones judiciales específicas, obligaciones de transparencia, indicadores públicos y consecuencias para las dependencias que incumplan.
Lo que debería contener una reforma seria
Una reforma de fondo tendría que ir más allá de las buenas intenciones y definir, cuando menos, cuatro componentes: mínimos concretos de cumplimiento, presupuesto progresivo, indicadores verificables y mecanismos de exigibilidad ciudadana.
También tendría que blindar la política social frente al uso electoral. Si el propósito es poner los derechos “por encima de partidos políticos, administraciones y procesos electorales”, la reforma debería impedir que la entrega de beneficios dependa de padrones opacos, intermediarios políticos o decisiones discrecionales de una dependencia.
La transparencia del padrón de beneficiarios —con las reservas necesarias de datos personales—, las reglas públicas de acceso y la evaluación independiente deberían ser parte del diseño, no anexos posteriores.
Una oportunidad que puede quedarse en retórica
El foro encabezado por Homero Barrera abre una discusión necesaria. El crecimiento económico de Querétaro no elimina automáticamente desigualdades ni garantiza que todas las familias tengan acceso efectivo a salud, educación, vivienda, agua o protección social.
Pero el Congreso debe evitar una tentación frecuente en la política mexicana: responder a una carencia con una nueva frase constitucional.
La reforma tendrá sentido si convierte derechos abstractos en obligaciones concretas para el poder público. Si establece cuánto, cómo, cuándo y ante quién puede reclamar un ciudadano. Si obliga a medir resultados y a explicar retrocesos. Si garantiza recursos y reduce la discrecionalidad.
De lo contrario, Querétaro podrá estrenar una Constitución con más derechos escritos mientras conserva ciudadanos con las mismas dificultades para ejercerlos.
La prueba no será cuántos derechos agregue la Legislatura. Será cuántos pueda hacer efectivos.
Fuentes consultadas: boletín GLMNA/1130.26 de la LXI Legislatura de Querétaro; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y documentación legislativa sobre derechos fundamentales; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
