Ciudad de México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a vestirse de contrapeso al declarar inválidos los artículos 12 y 14 de la Ley Hídrica 2022, norma que permitía otorgar concesiones de hasta treinta años —renovables— para extraer agua de acuíferos oficialmente sobreexplotados. La votación fue contundente: ocho ministros por la invalidez y sólo tres en contra. El ponente, Juan Luis González Alcántara, pronunció la frase que incendió redes: “El agua no es un derivado financiero: es la sangre misma de los pueblos”.
El fallo señala que la ley lesionaba el principio de progresividad del artículo 4.º constitucional, pues transformaba un bien público en activo comercial sin garantizar abastecimiento humano. En la práctica, el esquema vendía derechos a trasnacionales cerveceras y refresqueras a 0.30 centavos por litro, mientras comunidades de la Mixteca recibían pipas cada diez días. En su sentencia, el Pleno dio al Congreso 180 días para expedir una nueva ley, obligatoria a incorporar consultas indígenas y mecanismos ciudadanos de vigilancia.
Los números oficiales revelan el problema: 14 de los 32 acuíferos listados como sobreexplotados registran índices de abatimiento superiores a 200 %. Dos de ellos —Texcoco-Chalco y Cuautitlán-Pachuca— abastecen a cinco millones de habitantes del Valle de México. La Conagua acepta que la recarga natural no alcanza a reponer ni la mitad del bombeo industrial. Sin embargo, cámaras empresariales alegan “inseguridad jurídica” y advierten impacto de 12 000 millones de pesos en inversión. Coca-Cola Femsa aseguró que apelará vía T-MEC; la Corte respondió que la sentencia es irrecurrible en derecho interno.
Fuera del edificio de Pino Suárez, miles de manifestantes —campesinos de Hidalgo y ONG urbanas— corearon “¡El agua se defiende, no se vende!” mientras vertían botellas vacías en señal de sequía. Dentro, la ministra Margarita Ríos-Farjat subrayó un dato inquietante: sólo 9 % del agua concesionada en el país se destina a consumo doméstico; el 71 % es agricultura y 15 % industria. “Si el río suena, es que no trae agua”, ironizó.
El próximo reto legislativo será diseñar un esquema escalonado: 50 litros diarios gratis por persona, tarifas crecientes para usos comerciales y obligación de reuso agrícola. La UNAM propone reciclar aguas residuales para riego y liberar caudales potables. Diputados del bloque opositor exigirán “candados verdes” que nieguen permisos si un acuífero entra en déficit ecológico. El reloj corre: si el Congreso no cumple en seis meses, los ministros podrían suspender extractos de agua ya otorgados. La Corte cerró con un aviso claro: cualquier nueva privatización sin blindajes sociales volverá a ser expulsada del orden jurídico.
