Ciudad de México. Sin el apoyo de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron la reforma al Infonavit, que permite al gobierno utilizar los recursos de la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores para financiar una empresa filial encargada de la construcción de viviendas.
El Senado aprobó la reforma con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, sin modificaciones a lo aprobado previamente en la Cámara de Diputados. La medida ha sido criticada por la oposición, que argumenta que el gobierno federal está tomando recursos de los trabajadores sin ofrecer certeza sobre su manejo y destino.
La reforma establece que el patrimonio del Infonavit podrá destinarse, previo acuerdo del Consejo de Administración, al financiamiento de proyectos de construcción, administración y arrendamiento de vivienda. Para garantizar transparencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará las operaciones del Instituto.
El Consejo de Administración del Infonavit se conformará con 12 integrantes: cuatro designados por el gobierno, cuatro por representantes de los trabajadores y cuatro por representantes empresariales. Además, el Comité de Auditoría tendrá una integración tripartita con representantes de estos tres sectores.
La reforma también señala que los precios de las viviendas deberán calcularse con base en criterios sociales, evitando fines de lucro o especulación. Además, los créditos otorgados contarán con seguros en caso de incapacidad total permanente o fallecimiento del trabajador.
La oposición, liderada por el PRI y el PAN, denunció que la reforma representa un “atraco”, pues consideran que se está permitiendo el uso de fondos de los trabajadores sin un adecuado mecanismo de regulación. La senadora Alejandra Barrales (MC) criticó que no se hayan establecido mecanismos de control para la nueva empresa, mientras que la priista Carolina Viggiano acusó al gobierno de querer manejar estos recursos de manera independiente y sin regulación adecuada. Pese a la resistencia opositora, la reforma fue aprobada y será promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, momento en el cual entrará en vigor.
