Santiago de Querétaro, Qro.-Continuando con la agenda legislativa en atención a las problemáticas sociales y derivado de escuchar las inquietudes ciudadanas en sus recorridos, los Diputados del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, ingresaron una Iniciativa de Ley incluir en el Código Penal un delito que castigue la forma violenta e intimidatoria en la que cobran los préstamos conocidos como “gota a gota”.
En específico a través de esta Iniciativa, dentro del título quinto del Código Penal, relacionado con delitos contra la paz y la seguridad contra las personas, se crea el artículo 157 bis sobre la cobranza extrajudicial ilegal, para imponer de 2 a 6 años de prisión y de 350 a 500 días multa. Con el agravante de incrementar en una mitad más cuando el autor del delito sea o se ostente como miembro de una asociación delictuosa y/o cuando las víctimas sean menores de edad, mayor de 60 años o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.
El Diputado Guillermo Vega Guerrero explicó que estas prácticas tienen su origen en Colombia principalmente, sin embargo ya existe presencia en diversos estados del país y Querétaro y San Juan del Río no están aislados de esta problemática.
“Principalmente estas redes operan en mercados, tianguis y zonas populares, se aprovechan de la necesidad de la gente. Empiezan con préstamos pequeños, hasta que ahogan a las personas para incluso apropiarse de artículos como lavadoras, televisiones y otros electrodomésticos con el pretexto de tener una garantía de la cantidad adeudada”, señaló Vega Guerrero.
Y agregó: “Aclarar que los préstamos en general son legales, sin embargo lo que se pretende castigar y darle herramientas a fiscales y a jueces es la violencia ejercida en este tipo de cobranza extrajudicial ilegal y ese hostigamiento, que lleva a las personas a problemas como la depresión, ansiedad o incluso a sufrir agresiones físicas”.
El legislador sanjuanense, destacó otros beneficios que aportará esta iniciativa en el momento que se apruebe, como: el fortalecimiento a la seguridad pública, protección del patrimonio de familias y comercios, atención a grupos vulnerables, herramientas legales más eficaces a la Fiscalía y prevención del asentamiento de redes delictivas.
