El gobierno municipal aseguró haber eliminado gastos superfluos, pero durante 2025 el rubro de Servicios Oficiales terminó con casi el doble de lo originalmente presupuestado; la cifra obliga a explicar qué actividades justificaron el aumento.

EZEQUIEL MONTES, QRO.— El discurso oficial fue claro: combatir el despilfarro y eliminar gastos superfluos. Así lo sostuvo el presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, al presentar su Primer Informe de Gobierno, donde afirmó que su administración había trabajado bajo criterios de austeridad, eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos públicos.Sin embargo, los propios estados financieros del municipio muestran un dato que merece una explicación más detallada.

Durante 2025, el rubro denominado Servicios Oficiales comenzó con un presupuesto aprobado de 23 millones 400 mil pesos.
A lo largo del ejercicio recibió ampliaciones netas por 28 millones 321 mil 271 pesos.
Con ello, el presupuesto modificado terminó en 51 millones 721 mil 271 pesos.
Y al cierre del año, el municipio reportó 44 millones 797 mil 450 pesos pagados en ese concepto.
Es decir, el gasto efectivamente pagado terminó siendo aproximadamente 91% mayor que el presupuesto originalmente aprobado.

El discurso y los números

La diferencia entre el mensaje político y la ejecución presupuestaria no prueba, por sí sola, despilfarro. El concepto de Servicios Oficiales es amplio. Puede incluir actividades cívicas, culturales, sociales, eventos, atención a visitantes y otras erogaciones institucionales. Por eso no sería correcto afirmar que los 44.8 millones se gastaron únicamente en fiestas. Pero sí es válido preguntar algo mucho más sencillo:

si la administración presumió combatir los gastos superfluos, ¿qué actividades justificaron que este rubro casi duplicara lo originalmente presupuestado?

La pregunta no es menor.

El presupuesto aprobado para Servicios Oficiales fue de 23.4 millones.
Al terminar 2025, se habían pagado 44.8 millones.
La diferencia es de más de 21 millones de pesos adicionales sobre lo inicialmente previsto.

No basta con decir que hubo ampliaciones

Las ampliaciones presupuestales pueden ser legales y responder a nuevas necesidades. Pero cada ampliación debe tener una justificación. Debe poder conocerse:

• qué partida cedió recursos;
• qué partida recibió el dinero;
• qué autoridad autorizó el movimiento;
• qué necesidad surgió;
• qué servicios se contrataron;
• qué proveedor los prestó;
• qué resultado obtuvo la población.

La austeridad no se mide únicamente por reducir papelería, gasolina o viáticos menores. También se mide por la capacidad de evitar que rubros originalmente presupuestados crezcan sin una explicación pública suficientemente clara.

Servicios Oficiales se volvió uno de los rubros más grandes

Los 44.8 millones pagados representan una cantidad importante dentro del gasto municipal. En el conjunto de Servicios Generales, este concepto tuvo un peso considerable. Y si se compara con algunos programas sociales municipales, la diferencia es todavía más visible. Por ejemplo, tres programas municipales que tuvieron difusión pública —Mujer Trabajadora, Adulto con Lápiz en Mano y Enchulando mi Escuela— tenían, en conjunto, techos máximos cercanos a 3.72 millones de pesos. Es decir, el gasto en Servicios Oficiales fue aproximadamente 12 veces mayor que el máximo conjunto de esos tres programas. La comparación no significa que los recursos pudieran trasladarse automáticamente de un concepto a otro. Pero sí ayuda a entender el tamaño de las prioridades presupuestarias.

La pregunta es de prioridades

Una administración puede cumplir con todos los procedimientos y aun así ser cuestionada por la forma en que decide utilizar sus recursos. Ése es el punto de esta Auditoría Ciudadana. No se trata únicamente de buscar delitos. También se trata de entender:

qué se priorizó, cuánto costó y qué resultado produjo.

Si una administración sostiene que combate el despilfarro, entonces debe demostrar que cada ampliación importante tuvo una razón concreta y que el gasto adicional produjo beneficios verificables. En este caso, la administración debe explicar por qué Servicios Oficiales pasó de 23.4 a 51.7 millones de pesos de presupuesto modificado y terminó con 44.8 millones pagados.

¿Qué queremos saber?

La Auditoría Ciudadana de Ezequiel Montes buscará identificar:

• qué eventos absorbieron más recursos;
• cuánto se pagó por artistas, escenarios, sonido, logística, publicidad y hospedaje;
• quiénes fueron los principales proveedores;
• cuántos contratos fueron adjudicados directamente;
• qué ingresos se obtuvieron por patrocinios o concesiones;
• cuánto costó cada evento;
• qué resultados turísticos, culturales o económicos fueron medidos;
• y de qué partidas provinieron los más de 28 millones de pesos adicionales.

No se acusa; se compara

Hasta este momento, la documentación disponible no demuestra que exista una conducta ilegal ni que los 44.8 millones sean, por definición, un gasto superfluo.

Lo que sí permite demostrar es una diferencia clara entre el presupuesto aprobado y el gasto final. Y cuando un gobierno convierte la austeridad en parte de su discurso, esa diferencia debe explicarse. Porque combatir el despilfarro no consiste sólo en decirlo. Consiste en poder demostrar, peso por peso, que el dinero se gastó donde realmente hacía falta. Y en Ezequiel Montes, los números de 2025 dejan una pregunta abierta:

¿cómo se combate el despilfarro cuando Servicios Oficiales termina costando 44.8 millones de pesos?