Afirmó el gobernador Mauricio Kuri
En Querétaro estamos comprometidos a establecer un Estado de Derecho sólido
Santiago de Querétaro, Qro.- En Querétaro estamos comprometidos a establecer un Estado de Derecho sólido para seguir atrayendo inversiones y tener una mejor calidad de vida, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González en la presentación de la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México (IEDM) 2022-2023, publicado por la organización internacional World Justice Project (WJP), que por segundo año consecutivo ha colocado al estado en el primer lugar del ranking nacional.
«En Querétaro siempre aspiramos a tener más, a ser más, a ser más seguros, a ser mejores, y la única manera de lograrlo es con un Estado de Derecho fuerte y con instituciones muy, muy fuertes», remarcó.
Desde el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Kuri González se refirió a la convicción de crear políticas públicas a favor del Estado de Derecho en su gobierno. El mandatario estatal fue invitado por la Asociación Civil Internacional World Justice Project, Capítulo México, a participar en un diálogo para hablar de las acciones que su gobierno ha emprendido, colocándolo en los primeros lugares de diversas mediciones en el país.
Querétaro ha obtenido resultados impresionantes en el estudio del Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), ocupando el primer lugar nacional en cuatro de los ocho factores, el segundo en dos, y en el tercio superior nacional en los dos restantes. En el conversatorio, el mandatario estatal reconoció la importancia de las evaluaciones ciudadanas, ya que dejan en claro qué tareas faltan por hacer, cuáles están pendientes y qué áreas necesitan mejorar. Mencionó que uno de los éxitos del estado fue la implementación de acciones estratégicas para combatir la corrupción con programas que salvaguardan las finanzas sanas, pues están conscientes de que el Estado de Derecho es esencial para el desarrollo, la rendición de cuentas del gobierno y el respeto a los derechos fundamentales. Durante su intervención, el Director de Proyectos de Estado de Derecho del WJP, Alejandro González, destacó que Querétaro ha ocupado los primeros lugares en cuatro de los ocho factores por dos años consecutivos, incluyendo corrupción y justicia penal, lo que indica un avance positivo en general, ya que ha habido consistencia en estos temas.
El Director Global de Investigación del WJP, Alejandro Ponce, destacó que los estados de Querétaro y Sonora han mostrado mejoras sostenidas en sus calificaciones agregadas en el Índice de Estado de Derecho durante las últimas cinco ediciones del estudio emitido por el organismo internacional, lo que consideró como prometedor. Elogió que en su quinta edición, el IEDM se haya consolidado como una herramienta independiente para medir la situación de las 32 entidades federativas en la materia.
Reconoció que los resultados de esta edición muestran pocos avances y un claro estancamiento en la transición hacia un Estado de Derecho pleno en la mayoría de las entidades del país; sin embargo, señaló que algunos estados han logrado avances en la materia, lo que demuestra que es posible fortalecer el Estado de Derecho aún en contextos complejos y desafiantes.
El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Nuhad Ponce Kuri, felicitó las acciones emprendidas por los gobernadores de Querétaro y Sonora, las cuales, dijo, no sólo han mejorado la percepción del Estado de Derecho, sino que han atendido los temas que preocupan a la ciudadanía en materia de seguridad, combate a la corrupción y correcta impartición de justicia. Lo anterior, señaló, garantiza el cumplimiento y la defensa de los derechos fundamentales de quienes están bajo su gobierno. Afirmó que la ANADE está convencida de que la defensa de la democracia, la división de poderes, la eficiente y correcta impartición de justicia y la independencia del poder judicial, entre otros aspectos, generan bienestar social y seguridad jurídica.
En 140 países, el informe es una importante fuente de información para múltiples programas federales, planes estatales de desarrollo de 16 entidades del país y políticas anticorrupción de 24 estados. En el informe han participado más de 12.800 ciudadanos y más de 2.000 especialistas jurídicos, civiles, laborales y de salud pública. Las puntuaciones presentadas en el informe se basan en la investigación de más de 600 variables.
