La Casa del Jabonero
Hay días en los que la administración pública parece oficina de gobierno y otros en los que parece escena de comedia negra. Lo ocurrido este miércoles en la Presidencia Municipal de Cadereyta entra peligrosamente en la segunda categoría.
La versión que circuló durante el día fue tan insólita como reveladora: por la mañana se esperaba una diligencia relacionada con laudos laborales y un posible embargo de bienes municipales. Ante esa posibilidad, personal de Tesorería habría permanecido encerrado, resguardando el área y evitando que la diligencia avanzara con normalidad.
La imagen enviada a Voz y Testimonio resume mejor que cualquier discurso la tensión del momento: una puerta cerrada, personal en el interior y una persona agachada junto al acceso, mientras afuera otros observaban el desarrollo de los hechos.
Pero detrás de la escena pintoresca hay una pregunta bastante menos graciosa: ¿cómo llegó el municipio a este punto?
Porque un laudo laboral no aparece de la nada. Es la consecuencia de un conflicto previo, de una relación de trabajo que terminó en tribunales, de un procedimiento que avanzó y de una resolución que, llegado el momento, debe cumplirse.
Y cuando el problema escala al grado de que existe la posibilidad de embargar bienes públicos, el asunto deja de ser simplemente jurídico para convertirse también en político y administrativo.
La pregunta no es solamente quién ganó o perdió determinado juicio laboral. La pregunta es cuánto dinero representan los laudos pendientes, cuántos existen, desde cuándo se arrastran y qué administraciones permitieron que crecieran hasta convertirse en una amenaza para las finanzas municipales.
Porque esconderse detrás de una puerta puede servir para retrasar una diligencia algunos minutos. No sirve para borrar una deuda. Ahí está precisamente lo preocupante. Si el Gobierno Municipal de Cadereyta enfrenta pasivos laborales importantes, la ciudadanía tiene derecho a conocer el tamaño real del problema.
¿Cuántos laudos laborales están pendientes?
¿Cuánto dinero deberá pagar el municipio?
¿Cuántos corresponden a administraciones anteriores y cuántos se han generado recientemente?
¿Existe una estrategia jurídica y financiera para enfrentarlos?
¿Hay riesgo de nuevas órdenes de ejecución o embargo?
Y, sobre todo: ¿quién terminará pagando?
La respuesta es bastante sencilla.
El ciudadano.
Porque cuando un municipio pierde un juicio y debe pagar indemnizaciones, salarios caídos, prestaciones o cualquier otra obligación determinada por un tribunal, ese dinero no sale del bolsillo de los funcionarios que tomaron las decisiones. Sale del presupuesto público. Del mismo presupuesto que debería utilizarse para calles, seguridad, alumbrado, servicios, agua, obra pública y atención ciudadana. Por eso la escena de Tesorería resulta simbólica.
Mientras afuera puede existir una orden judicial que exige cumplir obligaciones laborales, adentro puede aparecer la tentación de cerrar la puerta y esperar que el problema desaparezca. Pero los expedientes no se cansan. Los laudos tampoco. Y los tribunales, tarde o temprano, cobran.
El Gobierno Municipal debería transparentar inmediatamente la situación y explicar exactamente qué ocurrió durante la diligencia de este miércoles. No basta con decir que “no pasó nada” o que “todo está bajo control”. Si efectivamente existió un intento de ejecución relacionado con laudos laborales, entonces estamos ante un tema que merece información pública completa. Porque una administración responsable no espera a que llegue el actuario a tocar la puerta para preguntarse cuánto debe.
Lo sabe.
Lo presupuesta.
Lo negocia cuando legalmente corresponde.
Y lo paga.
Cadereyta necesita conocer si este episodio fue solamente una diligencia aislada o la primera señal visible de un problema financiero mucho más grande.
Mientras tanto, en La Casa del Jabonero queda una escena difícil de olvidar: una Presidencia Municipal donde, ante la posibilidad de que llegaran a embargar, la mejor estrategia parecía ser cerrar la puerta.
Como si los laudos laborales fueran cobradores de tienda departamental. Solo que estos vienen respaldados por un tribunal.
Y esos, por desgracia para cualquier administración, no suelen aceptar que uno se haga como que no está en casa.
