Dicen que en política no hay casualidades. Y en Cadereyta algunos comerciantes comienzan a preguntarse si tampoco existen las licencias de funcionamiento “inocentes”.
Porque mientras el turismo batalla, las ventas no terminan de levantar y muchos negocios cuentan los pesos antes de bajar la cortina, empiezan a circular testimonios de comerciantes que aseguran estar recibiendo requerimientos de pago que, en algunos casos, rondarían los 25 mil pesos por concepto de licencia de funcionamiento.
Sí, leyó bien: 25 mil pesos.
Hay pequeños comerciantes que dicen no vender esa cantidad ni en un mes completo. Pero la advertencia, según relatan, sería bastante sencilla: pagas o existe el riesgo de clausura; y si te clausuran, volver a abrir podría salir todavía más caro.
Hasta ahí alguien podría decir: “Pues ni modo, son obligaciones fiscales y todos deben cumplirlas”.
Correcto.
El problema comienza cuando aparece una pregunta bastante incómoda:
¿A todos les están cobrando igual?
Porque varios comerciantes aseguran que la mano recaudadora del municipio parece particularmente entusiasta con quienes no respaldaron políticamente a la actual administración, participaron con otros grupos o han realizado críticas públicas contra el gobierno municipal.
Y entonces la licencia deja de parecer solamente un trámite administrativo y comienza a oler a otra cosa.
A jabón político, por supuesto.
Porque una cosa es ordenar el comercio, actualizar padrones, cobrar derechos establecidos en la ley y exigir que todos los negocios funcionen regularmente.
Y otra muy distinta sería utilizar los permisos, inspecciones, clausuras o cobros municipales como instrumento de presión política.
Si eso estuviera ocurriendo, estaríamos ante una señal preocupante.
No solamente porque se afectaría a comerciantes, sino porque se mandaría un mensaje bastante peligroso:
“Con el gobierno se coopera… o el gobierno se acuerda de ti”.
Y vaya que la memoria administrativa suele ser selectiva.
Curiosamente, siempre hay gobiernos que tardan meses para reparar un bache, semanas para recoger una petición ciudadana y años para transparentar determinada información… pero cuando se trata de encontrarle una irregularidad a un negocio incómodo, la eficiencia aparece de repente como por arte de magia.
¡Milagro administrativo!
Ahora bien, también hay que decirlo claramente: hasta este momento los testimonios de comerciantes requieren ser documentados. Hay que conocer qué establecimientos recibieron los requerimientos, cuánto les están cobrando, bajo qué fundamento legal, qué giro tienen, qué superficie ocupan y, sobre todo, comparar cuánto pagan negocios similares.
Porque ahí estará la verdadera respuesta.
Si todos pagan exactamente lo mismo bajo las mismas condiciones, la autoridad podrá demostrarlo fácilmente.
Pero si aparecen diferencias inexplicables entre comerciantes afines, neutrales y críticos, entonces Cadereyta tendrá un problema mucho mayor que una simple licencia de funcionamiento.
Tendrá un problema de discrecionalidad política.
Y todavía queda otra pregunta.
¿Por qué apretar precisamente ahora a los pequeños negocios?
Cadereyta necesita comerciantes abiertos, turistas caminando por sus calles, restaurantes llenos, hoteles ocupados y dinero circulando.
No cortinas cerradas.
Mucho menos comerciantes preguntándose si antes de renovar su licencia tendrán que enseñar también su credencial política.
Porque gobernar no significa premiar amigos y administrar castigos para adversarios.
Las elecciones terminaron.
La presidenta municipal gobierna para quienes votaron por ella, para quienes votaron contra ella y también para quienes mandaron a todos los partidos por un tubo y se quedaron en su casa.
Así funciona una democracia.
Por eso, si el Ayuntamiento de Cadereyta quiere acabar rápidamente con estas versiones, tiene una oportunidad extraordinariamente sencilla:
publique el padrón, publique las tarifas, explique los criterios y demuestre que todos los comerciantes reciben exactamente el mismo trato.
Sin excepciones.
Sin amigos.
Sin enemigos.
Sin colores políticos.
Porque cuando un gobierno cobra conforme a la ley, puede enseñar los números sin problema.
Cuando comienza a esconderlos…
Bueno.
Ahí es donde empieza a hacer espuma el jabón.
Y en La Casa del Jabonoso sabemos perfectamente que cuando hay demasiada espuma, normalmente vale la pena revisar qué están tratando de lavar.
Esta versión deja abierta una línea fuerte para investigación: comparar licencias, montos y trato entre comerciantes críticos y comerciantes cercanos al gobierno municipal. Ahí podría salir una segunda entrega mucho más dura, ya sustentada con documentos.
