La presidenta municipal denunció violencia política de género contra varios regidores. El Tribunal local le dio la razón. La Sala Regional Toluca confirmó que sí hubo responsabilidad.
Hasta ahí, el conflicto era entre actores políticos.
Pero el problema empezó cuando, en la primera sentencia, se quiso obligar a ciertos medios de comunicación a publicar durante 74 días la disculpa de los regidores como parte de la reparación.
Es decir:
Los medios, que solo informaron una conferencia de prensa, quedaban convertidos en ejecutores de la sanción.
Ahí entró un medio digital local: El Tolimanense.
Su postura fue simple y directa:
Informar no es participar, cubrir no es agredir, publicar no es violentar.
El medio no se quedó en la queja pública. Se defendió jurídicamente.
A través de su representante legal, David Iván Fabela Mendoza, quien promovió la impugnación ante la Sala Regional Toluca.
¿El argumento central?
Que obligar a un medio a publicar durante más de dos meses una disculpa derivada de un conflicto político en el que no fue parte responsable era desproporcionado y atentaba contra la libertad editorial.
Toluca revisó el caso… y corrigió.
Revocó parcialmente la sentencia del tribunal local y dejó fuera a los medios como sujetos obligados.
En pocas palabras:
Si hubo violencia, la responsabilidad es de quienes la cometieron, no de quienes informaron.
Esa resolución fue vista como un freno importante. Un límite claro entre sancionar a políticos y extender la sanción a la prensa.
Pero la historia no terminó ahí.
Aunque en un video la presidenta aseguró que no estaba en contra de los medios y que estos solo retransmitían información, ahora presentó un recurso ante la Sala Superior para que se revierta la decisión de Toluca.
Traducción sencilla:
Busca que los medios vuelvan a ser obligados a publicar la disculpa durante 74 días.
Es decir, quiere reincorporarlos a la carga.
Y aquí el papel del medio y de su defensa se vuelve clave.
Porque no se trata solo de un portal digital. Se trata del precedente.
Si la Sala Superior decide que los medios deben ejecutar publicaciones obligatorias por resoluciones en las que no fueron responsables directos, el alcance puede ampliarse a cualquier cobertura política incómoda.
Hoy fue El Tolimanense quien dio la batalla legal.
Mañana podría ser cualquier medio en Querétaro… o en el país.
La defensa encabezada por Fabela Mendoza no solo protegió a un portal; puso sobre la mesa una discusión mayor:
¿Hasta dónde puede llegar una sentencia electoral sin invadir la actividad periodística?
Aquí no está en discusión si hubo violencia. Eso ya fue resuelto.
Lo que está en juego es otra cosa:
Si informar puede convertirse en una obligación sancionatoria.
La Sala Superior tiene ahora la última palabra.
En La Casa del Jabonero sabemos algo:
Cuando el poder político quiere que otros sostengan el micrófono de la disculpa, ya no hablamos solo de reparación… hablamos de control narrativo.
Y ahí, el jabón no es lo único que resbala.
