POA 2025 en Cadereyta
El debate sobre el Programa de Obra Anual (POA) 2025 en Cadereyta no se explica únicamente revisando montos, ampliaciones o comunidades beneficiadas. La clave está en una variable que suele pasar desapercibida, pero que en la administración pública es decisiva: el tiempo.
Al cierre del primer trimestre de 2025, un dato llamó la atención: más de 23 millones de pesos del FAISMUN ya habían sido ministrados al municipio, pero no se había ejercido un solo peso en obra social. A primera vista, el dato parecía una anomalía. Revisado con documentos oficiales en mano, la explicación es clara: el POA fue aprobado hasta el 28 de mayo.
Antes de esa fecha, la obra no podía ejecutarse legalmente. No se trató de una omisión directa, sino de una aprobación tardía que inmovilizó recursos durante varios meses. Desde el punto de vista administrativo, esto representa una deficiencia en la planeación del gasto, ya que la buena práctica indica que el POA debe quedar autorizado en los primeros meses del año para permitir una ejecución ordenada y distribuida.
El dinero, sin embargo, sí estaba ahí. Los recursos permanecieron resguardados en cuentas específicas de la Tesorería Municipal, sin comprometerse, devengarse ni pagarse. No existe evidencia documental de que esos fondos se hayan utilizado para otros fines, ni de que se hayan desviado hacia gasto corriente, pagos sindicales u obligaciones distintas a la obra social. Tampoco existe evidencia pública de que hayan generado rendimientos financieros.
Y es aquí donde aparece un elemento poco discutido, pero relevante: el costo de oportunidad. De haberse colocado esos recursos en instrumentos financieros permitidos y de bajo riesgo, como CETES o pagarés gubernamentales, con tasas promedio cercanas al 9% anual, el municipio habría podido generar entre 700 y 900 mil pesos en rendimientos durante los meses en que el dinero permaneció inmovilizado. No existe obligación legal de hacerlo, ni prueba de que se haya hecho, pero el ejercicio ilustra que el tiempo también cuesta dinero público.
Con ese monto adicional, de manera ilustrativa, habría sido posible:
- financiar una obra pequeña adicional de agua potable o drenaje en una comunidad rural,
- adquirir equipamiento urbano básico,
- o ampliar metas en alguna obra ya contemplada.
Una vez aprobado el POA, el año fiscal ya estaba avanzado. La ejecución de la obra se concentró entonces en la segunda mitad del año y, en octubre, llegaron las modificaciones al Programa de Obra Anual. Ampliaciones, reducciones y ajustes de proyectos fueron aprobados conforme a la norma. Es en ese momento cuando el presupuesto dejó de ser solo planeación técnica y se convirtió en decisión política concreta.
Sin embargo, antes incluso de analizar quién ganó o perdió con las ampliaciones, el corte más revelador es otro: la cobertura real del POA 2025. De aproximadamente 245 comunidades que integran el municipio, solo 38 tuvieron al menos una obra contemplada. Las otras 207 comunidades quedaron completamente fuera del programa de obra.
En términos porcentuales, más del 80% de las comunidades de Cadereyta no tuvieron obra pública en 2025. Cuando este dato se cruza con la población, el resultado se matiza, pero no desaparece: alrededor del 41% de la población municipal vive en comunidades con obra, mientras que casi el 60% habita en localidades sin ninguna intervención programada durante el año.
A partir de ahí, las modificaciones presupuestales adquieren otra dimensión. Las ampliaciones se concentraron en un número reducido de comunidades y representaron incrementos significativos, mientras la mayoría permaneció sin cambios o fuera del mapa presupuestal. Todo esto es legal, documentado y aprobado conforme a la ley. Pero también es revelador.
El POA 2025 no cuenta una historia de ausencia de recursos, sino de planeación tardía, concentración del gasto y decisiones tomadas contra reloj. El presupuesto no solo distribuye dinero: distribuye presencia del Estado. Primero decide a quién incluir, después decide a quién reforzar, y finalmente deja a muchos esperando.
Más que preguntar por qué no hubo obra en marzo, la discusión pública debería centrarse en algo más profundo: qué criterios se usaron para definir la cobertura y por qué el margen de decisión se concentró en pocos meses y en pocas comunidades. Porque en la gestión pública, el dinero importa, pero el tiempo define quién alcanza y quién no.
Y cuando se gobierna con recursos que llegan a tiempo, pero se deciden tarde, el costo no siempre aparece en una cuenta bancaria. A veces aparece en comunidades que siguen esperando.
POA 2025 aprobado (28 de mayo) vs POA modificado (octubre)
Cadereyta de Montes
Fuente: Dictamen POA mayo + Modificaciones POA octubre (FAISMUN).
Nota: Montos redondeados a pesos.
Comunidad / Localidad POA Mayo (MXN) POA Octubre (MXN) Diferencia Lectura Villa Guerrero 174,018 401,364 +227,346 Ampliación relevante (agua) Mesa de Providencia 342,723 2,570,501 +2,227,779 Cambio de proyecto + ampliación Vizarrón 2,723,952 4,225,400 +1,501,448 Ampliación de metas Higuerillas 1,110,000 1,890,000 +780,000 Ampliación Los Ríos 950,000 1,350,000 +400,000 Ajuste al alza San Juan de la Rosa 1,200,000 1,200,000 0 Sin cambio El Palmar 1,480,000 1,480,000 0 Sin cambio Maconí 1,600,000 1,600,000 0 Sin cambio Banthí 1,200,000 1,200,000 0 Sin cambio Rancho Quemado 1,050,000 1,050,000 0 Sin cambio Mesa de León 980,000 980,000 0 Sin cambio Barrio de Guadalupe (Charco Frío) 1,320,000 1,320,000 0 Sin cambio Pathé 1,100,000 1,100,000 0 Sin cambio La Esperanza 1,250,000 1,250,000 0 Sin cambio El Pinalito 900,000 900,000 0 Sin cambio Vizarrón (drenaje) 3,825,838 2,526,588 −1,299,251 Reducción documentada 
