Colón, Qro.- Si quieres saber si un gobierno gasta bien o mal, observa el Capítulo 3000 de su presupuesto. Ahí se concentra todo lo que una administración municipal paga a proveedores externos: luz, agua, teléfono, internet, arrendamientos, contratos de servicios profesionales, mantenimiento de inmuebles y vehículos, seguros, eventos públicos, impuestos y comisiones bancarias. Es el capítulo donde con más facilidad se inflan facturas, se contratan servicios fantasma y se favorece a proveedores cercanos al poder. Es también, por eso mismo, el que más necesita transparencia.

En abril de 2026, como parte de la auditoría ciudadana que Voz y Testimonio realiza al municipio de Colón, Querétaro, se presentó la solicitud OAAZ-COLÓN-PM-2026-05-029. Se trata de una de las solicitudes técnicamente más sólidas de toda la auditoría: no pide resúmenes ni explicaciones generales, sino los datos crudos que permiten una verificación real, línea por línea, peso por peso.

¿Qué se pidió exactamente?

La solicitud cubrió seis grandes bloques de información sobre el ejercicio del Capítulo 3000 durante 2025:

El primero fue el estado analítico mensual del presupuesto bajo la metodología CONAC —el estándar armonizado que todos los municipios deben usar— con todos sus momentos de gasto: lo aprobado, lo modificado, lo comprometido, lo devengado, lo ejercido, lo pagado y el subejercicio, clasificado por unidad responsable, objeto del gasto, función y criterio económico.

El segundo fue la bitácora completa de modificaciones presupuestarias, ese registro que debería existir cada vez que el municipio mueve dinero de una partida a otra. Sin esa bitácora, las ampliaciones y reducciones de gasto ocurren «en el aire», sin trazabilidad ni justificación verificable.

El tercero fue la base consolidada de transacciones y pagos, con una fila por cada pago realizado: fecha, proveedor, RFC, UUID del CFDI, monto, partida, número de póliza, tipo de procedimiento de contratación y vínculo con el contrato u orden de servicio correspondiente.

El cuarto fue el expediente de soporte por cada contrato o servicio del capítulo: la justificación del área solicitante, las cotizaciones o estudio de mercado, el contrato, los entregables o evidencia de cumplimiento y el comprobante fiscal.

El quinto fue un desglose partida por partida de los rubros más sensibles: los contratos de servicios de energía eléctrica y agua por inmueble, el padrón de arrendamientos (qué se renta, a quién, cuánto y para qué), los contratos de servicios profesionales con sus entregables, las pólizas de seguros, los trabajos de mantenimiento de inmuebles y vehículos, y —especialmente relevante— la relación evento por evento de los gastos en actos oficiales de orden social y cultural, que en muchos municipios encubren gasto discrecional o político.

El sexto fue el diccionario de datos y la identificación del sistema y el área responsable de generar la información.

Todo en Excel o CSV. Nada de PDF escaneado.

El municipio de Colón no respondió.

Esta es la solicitud número 29 de la auditoría ciudadana. Y el patrón se repite: el municipio no responde, no justifica, no entrega información parcial, no dice que no tiene los datos. Simplemente guarda silencio.

Ese silencio, aplicado al Capítulo 3000, tiene un significado concreto: mientras no se conozca qué servicios contrató Colón en 2025, a quién se los pagó, cuánto costaron y si existe evidencia de su cumplimiento, no hay manera de saber si los millones de pesos ejercidos en servicios generales produjeron algo real para los ciudadanos —o simplemente se repartieron entre proveedores favorecidos.

El derecho a saber no termina en la promesa de transparencia. Empieza cuando el gobierno entrega los datos.

Solicitud: OAAZ-COLÓN-PM-2026-05-029 · Municipio de Colón, Qro. · Abril 2026