El gobierno de Astrid Ortega distribuye un folleto rumbo a la consulta del 22 de noviembre que destaca que Cadereyta “aporta a la capital 47 millones de m³ de agua al año”. Sin embargo, la legislación federal establece que las aguas nacionales requieren una asignación de CONAGUA y la creación de un organismo municipal no le entregaría automáticamente ese volumen, ni el control del Acueducto II.
Cadereyta de Montes, Qro.— A menos de dos semanas de la consulta ciudadana con la que el gobierno municipal busca conocer si la población está de acuerdo con sustituir a la Comisión Estatal de Aguas por un organismo municipal, la Presidencia de Cadereyta comenzó a distribuir material informativo que coloca en el centro del debate una cifra contundente: “Cadereyta aporta a la capital 47 millones de m³ de agua al año”.
El mensaje aparece acompañado de familias con cubetas y garrafones y de otra frase: “Mientras que en el municipio hay casas sin agua por meses”.
El contraste es poderoso. Pero jurídicamente mezcla dos asuntos diferentes: la administración del servicio público de agua dentro de Cadereyta y los derechos para explotar, aprovechar y distribuir aguas nacionales provenientes del sistema Acueducto II.
Los 47 millones existen, pero no son “propiedad de Cadereyta”
La cifra utilizada por el gobierno municipal no parece inventada. Documentos técnicos sobre el Acueducto II describen una capacidad aproximada de 1,500 litros por segundo, equivalente a alrededor de 47 millones de metros cúbicos anuales.
La infraestructura capta agua en la zona del río Moctezuma y el Cañón del Infiernillo, en el límite entre Querétaro e Hidalgo, y la conduce mediante un sistema de bombeo, potabilización y tuberías hacia la zona metropolitana de Querétaro. Antecedentes técnicos también contemplan suministro para Bernal y Cadereyta.
Por eso, la frase del folleto “Cadereyta aporta a la capital 47 millones de m³ de agua al año” requiere contexto: ese volumen corresponde aproximadamente a la capacidad anual del sistema Acueducto II, pero eso no significa jurídicamente que Cadereyta sea propietario de ese caudal ni que el Ayuntamiento pueda decidir unilateralmente su destino.
El agua no pertenece al municipio por encontrarse en su territorio
La Constitución mexicana y la Ley de Aguas Nacionales establecen el régimen federal de las aguas nacionales. Para uso público urbano, su aprovechamiento por sistemas estatales o municipales requiere una asignación otorgada por la autoridad federal del agua.
Esta diferencia es fundamental: administrar el servicio no equivale a adquirir el agua. Y mucho menos implica obtener automáticamente el volumen que actualmente transporta una infraestructura regional como el Acueducto II.
El propio folleto reconoce que los acuerdos con CONAGUA no cambiarían
Ante la pregunta “¿Se le va a quitar el agua a la capital?”, el folleto responde que no y reconoce que el suministro a través del Acueducto II está sujeto a acuerdos con CONAGUA que no se modificarían con la creación del organismo descentralizado.
Si esos acuerdos federales no cambian por la municipalización, entonces la creación de un organismo municipal no entregaría automáticamente a Cadereyta facultades para disponer del caudal del Acueducto II.
¿Qué decidiría realmente la consulta?
La legislación estatal permite que los municipios presten directamente los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento o que celebren convenios para que un organismo estatal los opere. Por tanto, la municipalización es jurídicamente posible.
Cadereyta podría crear su propio organismo y asumir funciones que hoy desarrolla la CEA: redes, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento, medición, facturación, cobranza, mantenimiento, reparación de fugas, infraestructura, personal y operación.
Lo que la consulta no puede hacer por sí sola es reasignar derechos federales sobre aguas nacionales.
Tampoco bastaría con “quedarse con la infraestructura de la CEA”
El folleto municipal señala que “se busca que la infraestructura de la CEA destinada al servicio en el municipio sea transferida al nuevo organismo descentralizado”. La expresión clave es “se busca”: no significa que la transferencia ya esté autorizada.
Una transición requeriría identificar qué infraestructura pertenece jurídicamente a la CEA, qué bienes están vinculados a contratos, qué redes fueron construidas con recursos federales, qué títulos respaldan las fuentes de abastecimiento y bajo qué instrumentos legales podría realizarse una eventual transferencia.
El Acueducto II tiene una historia jurídica compleja
El Acueducto II no es una simple tubería municipal. Su construcción surgió como una obra regional para abastecer principalmente a la zona metropolitana de Querétaro. En 2006, la CEA licitó un contrato de prestación de servicios para el proyecto, construcción, operación, conservación y mantenimiento del sistema.
La operación ha estado vinculada a contratos e instrumentos jurídicos que rebasan el ámbito municipal, lo que refuerza la necesidad de conocer quién tiene hoy los derechos, títulos y obligaciones asociados al sistema.
Un antecedente federal que debe investigarse
Un decreto federal publicado en 2013 documentó que el Estado de Querétaro había sido titular de un volumen de 78.8 millones de metros cúbicos anuales mediante el título 09QRO10020326HAGC03, dentro de antecedentes vinculados a reservas de aguas nacionales para proyectos de abastecimiento.
Ese antecedente demuestra que los derechos sobre esas aguas han estado sujetos a decisiones y títulos emitidos por autoridades federales.
El folleto mezcla dos problemas reales
Esto no elimina el problema de abastecimiento de las comunidades de Cadereyta. Habitantes de Maconí y localidades cercanas han reclamado durante años que el agua es captada en la región mientras enfrentan carencias de suministro.
También existen antecedentes de derivaciones o “disparos” del Acueducto II destinados a beneficiar comunidades de Cadereyta.
Por tanto, sí existe una discusión legítima sobre cuánto debe beneficiarse Cadereyta del sistema que atraviesa su territorio. Pero eso no equivale a afirmar que los aproximadamente 47 millones de metros cúbicos anuales sean propiedad del municipio o que municipalizar el servicio permita apropiarse de ellos.
Las preguntas que el folleto no responde
Para saber si un organismo municipal podría prestar un servicio mejor que la CEA, la ciudadanía tendría que conocer, entre otras cosas:
- Cuántos usuarios tiene actualmente la CEA en Cadereyta.
- Cuánto factura y cuánto cuesta operar el sistema.
- Qué títulos federales de asignación existen.
- Qué volumen de agua ampara cada uno.
- Qué infraestructura podría transferirse legalmente.
- Qué pasaría con los contratos relacionados con el Acueducto II.
- Si el municipio cuenta con un estudio financiero que demuestre que el nuevo organismo sería sostenible.
- Si CONAGUA ha recibido o autorizado alguna solicitud para asignar agua al futuro organismo municipal.
La pregunta central antes del 22 de noviembre
La discusión no debería reducirse a si Cadereyta tiene derecho a reclamar mejores condiciones de abastecimiento. La pregunta fundamental es: ¿qué agua administraría realmente el nuevo organismo municipal?
Y, específicamente: ¿cuáles son los títulos de CONAGUA, volúmenes, fuentes de abastecimiento e infraestructura que efectivamente serían transferidos a Cadereyta si se municipaliza el servicio?
Hasta conocer esos documentos, los 47 millones de metros cúbicos del Acueducto II no pueden presentarse como un recurso que automáticamente pasará a manos del municipio.
La propia información distribuida por la Presidencia Municipal reconoce que los acuerdos federales del Acueducto II no cambiarían con la creación del organismo. Por eso surge una pregunta concreta:
Si municipalizar el servicio no modifica los acuerdos con CONAGUA ni entrega al municipio el caudal del Acueducto II, ¿por qué utilizar los 47 millones de metros cúbicos como uno de los principales argumentos de la campaña informativa de la consulta?
Antes del 22 de noviembre, la ciudadanía necesita saber no sólo quién podría cobrar el recibo del agua, sino qué agua tendría realmente el nuevo organismo, de dónde vendría, cuánto volumen tendría legalmente asignado y cuánto costaría llevarla hasta las casas.
Voz y Testimonio continuará investigando.
Fuentes consultadas:
