Cadereyta de Montes vuelve a colocarse en el centro del debate público, ahora no por decisiones administrativas o polémicas declaraciones, sino por una investigación formal que alcanzó a dos figuras de peso en el ámbito local: Astrid Ortega Vázquez y Vicente Ortega. Ambos están siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro de la carpeta CI/QRO/11775/2025, que los señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición de servidores públicos.
El origen del caso es una denuncia interpuesta por el abogado David Iván Fabela Mendoza, quien aseguró que las acciones de los señalados implican afectaciones directas al servicio público municipal. La acusación no cayó en saco roto: la Fiscalía abrió una indagatoria que hoy mantiene un foco político, jurídico y social sobre el comportamiento de servidores públicos y actores cercanos al poder local.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en días recientes. El Juzgado Segundo de Distrito emitió una resolución dentro del amparo 732/2025-V, en la cual determinó que la Fiscalía vulneró derechos fundamentales del denunciante. La autoridad federal concluyó que se negó injustificadamente a otorgarle el reconocimiento como víctima u ofendido, omitiendo una respuesta clara, congruente y fundada. En palabras llanas: la Fiscalía no cumplió con su obligación de responder de manera adecuada y dentro del marco legal.
La sentencia obliga ahora a la propia Fiscalía a enmendar el procedimiento, emitir una resolución debidamente fundada y motivada, y corregir el trato que se le negó al promovente. Es un llamado de atención directo que expone fallas institucionales y genera nuevas presiones dentro de la investigación principal.
En términos políticos, este episodio abre un capítulo delicado para Cadereyta. La investigación contra los Ortega, combinada con el revés judicial contra la Fiscalía, genera un doble cuestionamiento:
1️⃣ ¿Qué tan profundo llega la red de influencias denunciada?
2️⃣ ¿Está actuando la Fiscalía con imparcialidad y rigor, o enfrenta complicaciones internas que comprometen el proceso?
Para un municipio que atraviesa tensiones políticas recurrentes, este caso no es menor. Podría derivar en repercusiones administrativas, sanciones y un reacomodo de fuerzas, especialmente si la indagatoria confirma actos ilícitos dentro del aparato público.
Lo cierto es que, en el tablero político de Cadereyta, cada movimiento cuenta. Y el caso Ortega apenas comienza a escribirse.
