El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su monitoreo sobre los cárteles de la droga en México mediante el despliegue de aviones espía en las regiones fronterizas. Durante las últimas semanas, al menos 18 misiones de reconocimiento han sido realizadas en el suroeste del país y en el espacio aéreo internacional cerca de la península de Baja California, según datos de fuente abierta y funcionarios estadounidenses.
Este incremento en la actividad aérea forma parte de una estrategia de seguridad nacional impulsada por la administración de Donald Trump, quien ha instruido al Ejército para reforzar la vigilancia y frenar el tráfico de drogas. La medida ha provocado un cambio significativo en la distribución de recursos de defensa, desviando capacidades de inteligencia militar que históricamente se han enfocado en amenazas extranjeras como la actividad rusa en Ucrania o la localización de submarinos chinos.
Entre las aeronaves desplegadas se encuentran aviones P-8 de la Marina, especializados en recolección de imágenes y señales de inteligencia, así como un U-2, una de las plataformas de reconocimiento más avanzadas utilizadas desde la Guerra Fría. También se ha detectado la operación de un RC-135 “Rivet”, un avión diseñado para interceptar comunicaciones.
Las misiones han abarcado estados como California, Arizona y Texas, e incluso han sobrevolado la península de Baja California y las costas de Sinaloa. Analistas señalan que, aunque estos vuelos se mantienen en espacio aéreo estadounidense, la capacidad de los equipos de vigilancia permite obtener inteligencia detallada dentro del territorio mexicano.
La estrategia ha generado preocupaciones en distintos sectores, ya que podría implicar un cambio en la forma en que el gobierno de EE.UU. enfrenta el narcotráfico. Algunos observadores sugieren que el objetivo de estas misiones podría ser la recopilación de información para posibles operaciones militares directas contra los cárteles, una postura que afectaría la soberanía de México y las relaciones bilaterales.
La administración Trump ha considerado clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que abriría la puerta a una intervención militar más agresiva. Sin embargo, críticos advierten que, a diferencia de grupos extremistas como ISIS, las organizaciones criminales mexicanas operan con lógicas de negocio y poseen vínculos con sectores gubernamentales y sociales, lo que haría más compleja cualquier acción directa en su contra.
En el contexto de esta política, el despliegue de tropas en la frontera sur de EE.UU. también ha aumentado, con la presencia de especialistas en inteligencia apoyando labores de seguridad fronteriza. A pesar de estas medidas, los cruces de migrantes han alcanzado sus niveles más bajos desde 2020, lo que pone en duda la necesidad de una militarización aún mayor en la región. Este nuevo enfoque de seguridad refleja la creciente influencia del Ejército en las políticas antinarcóticos de Estados Unidos, un rol que tradicionalmente ha estado reservado para agencias como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Con el aumento de la tensión en la frontera, queda por verse hasta qué punto la administración estadounidense llevará su estrategia de presión y si esto generará respuestas contundentes desde el gobierno mexicano.
