ASF deja $11.3 millones por aclarar en Tequisquiapan

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tras revisar gasto federal de 2024

TEQUISQUIAPAN, Qro.— Once millones de pesos no son una errata contable, ni una diferencia que pueda esconderse entre cientos de páginas de una Cuenta Pública.

En Tequisquiapan, la Auditoría Superior de la Federación terminó la revisión de recursos federales ejercidos durante 2024 con $11 millones 326 mil 207 pesos con 28 centavos pendientes por aclarar.

La cifra surge de la Auditoría 1610 de la Cuenta Pública 2024, practicada directamente al Municipio.

La ASF revisó una muestra de aproximadamente $21.97 millones.

Al cierre de la fiscalización, el monto vinculado a los tres pliegos de observaciones representaba aproximadamente:

51.6% de la muestra revisada

Dicho de otra manera: de cada 100 pesos incluidos en esa muestra de operaciones, cerca de 52 quedaron asociados a gastos que no lograron ser suficientemente acreditados durante la auditoría.

Eso no significa que $11.3 millones hayan sido robados.

Pero tampoco significa que se trate de una simple observación de escritorio.

Son recursos públicos cuyo ejercicio terminó generando tres pliegos de observaciones de la autoridad fiscalizadora federal.

Y detrás de esa cifra aparecen una cancha con pasto sintético, servicios de auditoría contratados por el propio gobierno municipal y dos obras públicas por más de ocho millones de pesos.

Tres expedientes explican los $11.3 millones

Los montos pendientes de aclaración se distribuyen así:

ConceptoMonto
Pasto sintético y trabajos en cancha$1,508,487.20
Cuatro contratos de auditoría/servicios$1,180,000.00
Dos obras FAISMUN$8,637,720.08
Total$11,326,207.28

La cifra total coincide con los tres pliegos contenidos en el resultado de la Auditoría 1610.

$1.5 millones en una cancha

El primer bloque involucra los contratos:

12171
y
12172

La ASF los relaciona con la adquisición de pasto sintético nuevo para una cancha de fútbol rápido del Centro de Desarrollo Comunitario y con trabajos para retirar el material existente y reparar la superficie antes de colocar el nuevo.

Monto pendiente por aclarar:

$1,508,487.20

Durante la revisión federal hubo deficiencias en la documentación con la que el Municipio buscó acreditar el gasto y la ejecución.

Posteriormente fueron proporcionadas fotografías, pero la ASF las describió como no referenciadas, por lo que la documentación no resultó suficiente para cerrar completamente la observación.

La pregunta que queda abierta es muy sencilla:

¿qué empresa recibió esos recursos, cuánto correspondió a cada contrato y qué documentos prueban la entrega e instalación de lo adquirido?

La Auditoría Ciudadana continúa buscando precisamente contrato, proveedor, facturas, pólizas, transferencias y actas de entrega.

$1.18 millones para auditar al gobierno

El segundo expediente quizá resulte todavía más paradójico.

Tequisquiapan contrató servicios para realizar auditorías a diferentes áreas de la propia administración municipal.

Los contratos identificados por la ASF son:

C00632
C01794
C01792
C2223

En conjunto:

$1,180,000

Los servicios estuvieron relacionados con revisiones a dependencias como Obras Públicas, Finanzas, Administración y Desarrollo Social.El problema apareció al momento de demostrar qué trabajos se habían recibido a cambio del dinero.

La ASF detectó insuficiencias relacionadas con entregables, matrices y actas de entrega-recepción.

En otras palabras: se pagaron servicios para auditar al gobierno, pero durante la auditoría federal no pudo acreditarse suficientemente toda la evidencia de esas auditorías. La contradicción es difícil de ignorar:

auditorías contratadas que terminaron siendo observadas dentro de otra auditoría.

Y nuevamente la pregunta es documental:

¿dónde están los informes?
¿Dónde están las matrices?
¿Dónde están los papeles de trabajo?
¿Quién recibió formalmente esos productos?
¿Y quién cobró los $1.18 millones?

El bloque mayor: $8.63 millones en obra

La mayor parte del monto observado corresponde a dos contratos financiados mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal —FAISMUN—.

Uno fue para la:

ampliación de la red de alumbrado público sobre la Carretera Federal 120.

El otro:

segunda etapa del parque recreativo del barrio La Magdalena.

Entre ambos:

$8,637,720.08

Durante la auditoría, la ASF señaló deficiencias en la documentación utilizada para acreditar formalmente la recepción y ejecución de los trabajos.

El Municipio presentó posteriormente evidencia fotográfica.

Pero nuevamente parte de esas fotografías fueron consideradas no referenciadas y no resultaron suficientes para solventar completamente la observación.

Y aquí la Auditoría Ciudadana comenzó a encontrar otros problemas.

Lo reportado en diferentes sistemas no siempre coincide

Al cruzar documentos municipales con los reportes federales aparecieron diferencias que ahora forman investigaciones independientes.

En la obra de alumbrado de la Carretera Federal 120, por ejemplo, diferentes registros oficiales presentan metas físicas y beneficiarios distintos aunque el monto financiero coincide.

En La Magdalena, la revisión de los convenios modificatorios permitió encontrar:

  • fechas que no coinciden entre documentos;
  • suspensión y posterior reactivación de la obra;
  • un periodo escrito que matemáticamente no corresponde con los días declarados;
  • y un convenio publicado al que le falta una página.

Esos hallazgos no prueban por sí mismos un desvío.

Sí demuestran que la trazabilidad documental de las obras requiere una revisión mucho más profunda.

Una fotografía no sustituye un expediente

Éste es quizá uno de los asuntos centrales que deja la Auditoría 1610.

Una obra pública no se acredita solamente mostrando una fotografía.

El expediente debe permitir reconstruir:

qué se contrató → cuánto debía ejecutarse → cuánto se ejecutó → cuánto se pagó → quién recibió → cuándo terminó → dónde está la evidencia.

Cuando alguno de esos eslabones desaparece, el ciudadano termina viendo una cifra, una fotografía o una obra terminada, pero no necesariamente puede seguir el dinero.

Y eso es precisamente lo que la fiscalización debe impedir.

No son $11.3 millones “desaparecidos”

Conviene repetirlo porque la diferencia jurídica es importante.

Voz y Testimonio no afirma que los $11.326 millones hayan sido robados, desviados o desaparecidos.

Un pliego de observaciones inicia un procedimiento mediante el cual las entidades fiscalizadas pueden aportar documentos, justificar operaciones, recuperar recursos o enfrentar posteriores acciones.

La existencia del pliego sí significa algo concreto:

al cierre de la auditoría, la ASF no consideró suficientemente aclaradas operaciones por ese monto.

Esa es la afirmación que puede sostenerse.

La investigación federal ahora tiene continuación ciudadana

La Auditoría 1610 no cierra esta historia.

La abre.

Desde que fue localizado el informe, Voz y Testimonio ha comenzado a reconstruir:

  • contratos;
  • procedimientos;
  • obras;
  • convenios;
  • metas físicas;
  • proveedores;
  • reportes federales;
  • Cuenta Pública;
  • transparencia municipal;
  • y evidencia física en campo.

En algunos casos, los expedientes publicados resultaron incompletos.

En otros, los enlaces oficiales dejaron de funcionar.

Y algunos de los documentos que deberían explicar las operaciones todavía no han sido localizados.

Los $11.3 millones se convierten ahora en seis preguntas

  1. ¿Quién vendió el pasto sintético y cuánto recibió por los contratos 12171 y 12172?
    2. ¿Dónde están las facturas, transferencias y actas de entrega de esos trabajos?
    3. ¿Quién cobró los $1.18 millones de los cuatro servicios de auditoría?
    4. ¿Dónde están las matrices, informes y papeles de trabajo completos?
    5. ¿Lo reportado físicamente en las obras 08 y 10 coincide con las cantidades que fueron pagadas?
    6. ¿Cuál es el estado actual de los tres pliegos promovidos por la ASF?

Responderlas permitirá pasar de una cifra global de $11.3 millones a la reconstrucción contrato por contrato.

El dinero público debe poder seguirse hasta el último documento

La auditoría federal dejó una cifra. La investigación periodística ahora busca ponerle nombres, contratos, proveedores, obras y documentos. Porque en la fiscalización pública no basta con responder:

“la obra está ahí”.

Tampoco basta con enseñar una fotografía. La pregunta completa es otra:

¿qué recibió Tequisquiapan por cada peso que pagó y puede demostrarlo?

En operaciones por $11 millones 326 mil 207 pesos, la ASF determinó que esa explicación todavía no era suficiente al cierre de su revisión.

Y ése es el punto desde donde continúa esta Auditoría Ciudadana.


Trazabilidad

Fuente: Auditoría Superior de la Federación.
Documento: Auditoría de Cumplimiento 1610.
Cuenta Pública: 2024.
Ente fiscalizado: Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.
Muestra auditada: aproximadamente $21.97 millones.
Monto pendiente de aclarar: $11,326,207.28.
Proporción de la muestra: 51.6%.
Acciones: tres pliegos de observaciones.

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