Grúas en Tequisquiapan: la denuncia de un concesionario
Tequisquiapan, Qro.- Tequisquiapan amaneció con esa calma engañosa de los pueblos turísticos: calles tranquilas, negocios levantando cortinas, vecinos ocupados en lo suyo y visitantes que llegan buscando descanso. Pero detrás de esa postal amable, de ese municipio que suele venderse como destino de fin de semana, hay una denuncia que huele a problema viejo, a trámite torcido y a ciudadano atrapado entre el corralón, la autoridad y la cartera.
Voz y Testimonio llegó hasta el negocio de José Luis Jiménez Ramos Rojas, un hombre que asegura haber iniciado en el servicio de grúas desde 1995. No habla como recién llegado ni como alguien que acaba de descubrir el negocio. Habla como quien ha visto crecer el municipio, aumentar los accidentes, multiplicarse los vehículos y cambiar las reglas no siempre escritas del poder local.
Jiménez cuenta que en aquellos primeros años el servicio era escaso. Un accidente cada ocho, diez o quince días. Una detención ocasional. Un vehículo que requería resguardo hasta que Fiscalía, Policía Municipal o alguna autoridad competente resolviera su situación jurídica. Era otro Tequisquiapan, menos poblado, menos saturado, menos complicado.
Pero los municipios crecen. Y cuando crecen sin orden, también crecen sus problemas. Aumentan los accidentes, los operativos, las infracciones, los vehículos detenidos y, desde luego, el dinero que se mueve alrededor de cada servicio de arrastre. Donde antes había una maniobra esporádica, hoy hay un negocio apetecible. Y donde hay negocio, ya sabemos, siempre aparece alguien queriendo quedarse con una rebanada más grande del pastel. O con todo el pastel, si se puede.
El entrevistado explica que su concesión está identificada con siglas propias del municipio: GT, de Grúa Tequisquiapan. Según su testimonio, cada municipio tiene sus claves, sus placas, sus concesiones y sus límites. Colón no es Tequisquiapan. Cadereyta no es Colón. Y Tequisquiapan no debería convertirse en tierra de nadie para que cualquier grúa llegue, levante vehículos y los traslade a otro municipio como si la ley fuera un mantel que se puede jalar sin tirar los platos.
La denuncia principal es clara: Jiménez afirma que en Tequisquiapan estarían operando grúas provenientes de Colón, presuntamente sin autorización local y, en algunos casos, sin placas concesionadas visibles. Más grave aún: señala que los vehículos retirados en Tequisquiapan estarían siendo llevados hasta Colón, lo que incrementaría de manera considerable el costo para los ciudadanos.
Ahí es donde la historia deja de ser una pelea entre concesionarios y se vuelve un asunto público. Porque al ciudadano común no le importa demasiado si la concesión dice GT, GC o cualquier otra sigla. Lo que le importa es cuánto le van a cobrar, dónde quedó su vehículo, quién responde por él y por qué tiene que ir a otro municipio para recuperarlo.
Jiménez pone cifras sobre la mesa. Dice que un banderazo local ronda los 830.30 pesos. Explica que, en condiciones normales, un servicio completo dentro de Tequisquiapan podría estar entre 2,200 y 2,500 pesos, más la pensión correspondiente. También menciona que el primer día de pensión sería de alrededor de 220 pesos y los siguientes de aproximadamente 85 pesos diarios, más IVA.
Pero la denuncia sube de tono cuando habla de cobros que, según él, habrían llegado de 7 mil hasta 22 mil pesos por traslados hacia Colón. Ahí la grúa ya no parece grúa: parece aspiradora de quincenas. Y cuando un servicio que debería costar unos miles termina convertido en una cuenta de susto, la pregunta es inevitable: ¿quién está autorizando esos traslados?, ¿quién supervisa las tarifas?, ¿quién protege al ciudadano?
El entrevistado reconoce que hay casos donde sí procede retirar un vehículo. Si está abandonado, mal estacionado, sobre raya amarilla o en zona prohibida, la autoridad tiene razón para actuar. También en operativos de alcoholimetría, si el conductor no está en condiciones de manejar, puede justificarse el resguardo. Pero una cosa es retirar un vehículo por causa legal y otra muy distinta es mandarlo a otro municipio sin explicación suficiente, elevando los costos para el propietario.
La entrevista también deja ver una segunda capa del conflicto: la afectación económica a los concesionarios locales. Jiménez asegura que a él no le asignan servicios y que ha tenido que despedir personal por falta de trabajo. Habla de una secretaria que ya no pudo pagar, de trabajadores que tuvieron que buscar otra opción, de unidades detenidas y de una empresa local que, según su versión, fue empujada al margen.
Aquí aparece un ingrediente político. El entrevistado recuerda que el presidente municipal habría prometido en campaña que el trabajo sería para la gente del pueblo. Pero, según su testimonio, esa promesa no se estaría cumpliendo. Incluso afirma que el alcalde le dijo directamente que no lo dejaría trabajar porque lo consideraba corrupto. Es una declaración fuerte, delicada y que exige derecho de réplica. Pero precisamente por eso debe investigarse, no esconderse debajo del tapete.
Porque en temas públicos el silencio también habla. Y cuando una autoridad no explica, alguien más ocupa ese vacío. Lo ocupan los rumores, los testimonios, las sospechas y, a veces, las pruebas ciudadanas. Voz y Testimonio anunció que buscará documentar el caso con fotografías, placas, recibos de cobro y testimonios de personas afectadas. Ese es el camino correcto: menos grilla, más documentos. Menos “dicen que”, más papelito habla.
La parte más preocupante de la entrevista llega hacia el final, cuando se sugiere que el problema podría conectar también con Colón, donde presuntamente operarían las mismas grúas señaladas. Incluso se mencionan posibles vínculos familiares o de influencia con funcionarios. Este punto debe tratarse con lupa, porque una acusación así no puede lanzarse al aire como confeti. Pero tampoco debe ignorarse. Si hay relación entre funcionarios, grúas, concesiones y traslados, estamos ante un asunto que merece investigación formal.
La historia deja una pregunta de fondo: ¿el servicio de grúas está pensado para auxiliar al ciudadano o para exprimirlo cuando más vulnerable está? Porque nadie llama a una grúa en su mejor día. La llama cuando chocó, cuando lo detuvieron, cuando su vehículo quedó varado, cuando tiene miedo, prisa o angustia. Y justo en ese momento, cuando la persona está más débil, el sistema debería ser más claro, no más oscuro.
Tequisquiapan necesita respuestas. No solo del concesionario que denuncia. También del municipio, de la Dirección de Policía, de las autoridades estatales de movilidad, de quienes regulan concesiones y de quienes deben vigilar tarifas. Si las grúas de Colón tienen autorización para operar en Tequisquiapan, que se muestre el documento. Si los cobros son legales, que se exhiba la tarifa. Si los traslados están justificados, que se explique bajo qué norma. Y si no lo están, entonces que se corrija.
Porque al final no estamos hablando únicamente de grúas. Estamos hablando de confianza pública. De si un ciudadano puede saber cuánto debe pagar. De si una autoridad municipal actúa con transparencia. De si las concesiones sirven para ordenar el servicio o para abrir la puerta a privilegios. De si el trabajo local realmente se respeta o solo se menciona en campaña, como esas promesas que brillan en el templete y se oxidan en la oficina.
La entrevista termina con un llamado a la ciudadanía: comentar, compartir, denunciar, enviar pruebas. Y ahí está el verdadero motor de este reportaje. Porque si una persona pagó 15 mil, 18 mil o 22 mil pesos por recuperar su vehículo, su caso importa. Si alguien tuvo que ir hasta Colón por un carro retirado en Tequisquiapan, su testimonio importa. Si una grúa sin placas prestó servicio, esa imagen importa.
En tiempos donde todo se quiere resolver con boletines bonitos, esta denuncia recuerda que el periodismo local sigue teniendo una función incómoda pero necesaria: tocar la puerta donde nadie quiere abrir. Y si no abren, tocar más fuerte. Con documentos, con testimonios y con la pregunta más sencilla del mundo: ¿quién se está beneficiando?
