En Cadereyta de Montes ocurrió algo más que el retiro de unos murales: se borró una decisión cultural con brocha política. La actual administración municipal decidió retirar la obra del artista plástico Gustavo Pedraza del lienzo charro, una serie de murales en óleo sobre lámina —de aproximadamente 1.22 x 2.90 metros cada uno— con temática de la fiesta nacional, colocados en la parte alta del inmueble.
La obra que costó más de 100 mil pesos de recursos públicos, fue pagada por el gobierno municipal que encabezó León Enrique Bolaño y, guste o no, era patrimonio municipal, no un adorno de quita y pon sexenal.
Aquí la pregunta incómoda —la que a los gobiernos no les gusta— es simple:
¿con qué criterio se decide borrar una obra pública ya pagada con dinero de todos?
Porque si el argumento es estético, entramos en un terreno peligroso: cada administración creyéndose curadora de museo.
Si es político, peor: usar el poder para desaparecer todo lo que huela a la administración anterior.
Y si es administrativo, entonces hablamos de desperdicio de recursos, porque nadie ha explicado si la obra fue reubicada, resguardada o simplemente retirada como si fuera un cartel viejo.
La cultura no es propaganda, pero tampoco debe ser rehén del capricho. Cuando un gobierno decide quitar una obra artística sin explicar razones técnicas, legales o culturales, manda un mensaje claro: aquí no importa el proceso, importa quién manda hoy.
Cadereyta no es un municipio rico como para darse el lujo de borrar obras de seis cifras sin rendir cuentas. Cada peso que se va al basurero simbólico es un peso que no llegó a servicios, seguridad o infraestructura.
El debate no es si la obra gustaba o no. El debate es qué tan fácil se decide desaparecer el dinero público cuando no coincide con la narrativa del poder en turno.
Hoy fueron murales. Mañana puede ser cualquier otra cosa. Y cuando el gobierno empieza a borrar, normalmente no es para mejorar: es para imponer silencio… con rodillo.
