La política queretana, siempre tan decorosamente vestida de institucionalidad, ha vuelto a mostrar su rostro más áspero y ruidoso. Esta vez, la tormenta se desató en Cadereyta de Montes, donde las acusaciones por la presunta emisión de cartas de repatriación sin validación del INM encendieron una guerra de declaraciones que huele más a pólvora electoral que a vocación de justicia.
El dirigente estatal de Morena, Alejandro Pérez Ibarra, no se anduvo con rodeos: acusó al Secretario de Gobierno estatal, Carlos Alcaraz, de usar su posición para golpear políticamente a la alcaldesa Astrid Ortega. En sus palabras, el secretario “quiere reventar” y lo hace “a gritos y sombrerazos”. ¿Diplomacia? Bien, gracias.
Pero el verdadero escenario de esta telenovela política no es la institucionalidad, sino la narrativa. Mientras el secretario de Gobierno lleva el tema a la Mesa de Seguridad, con militares y autoridades federales de por medio, del otro lado Ortega responde con su propio acto de autoridad: una reunión con el INM, la SEGOB nacional y testigos del área jurídica estatal. ¿El resultado? No hay pruebas. Nadie vio, nadie oyó, nadie firmó. Y sin embargo, todos ya opinaron.
La presidenta municipal niega todo con firmeza y acusa al gobierno estatal de mentir, manipular y usar el aparato gubernamental para dañar la imagen de su administración. Hasta aquí, nada nuevo en la política mexicana: quien acusa, acusa con ruido; y quien se defiende, responde con indignación institucional.
Sin embargo, Ortega va más allá. Señala una “recurrencia” —una palabra que suena a diagnóstico clínico— en los miembros del gabinete de Mauricio Kuri: el uso del poder para intervenir con fines políticos. Por eso pedirá una audiencia con el gobernador antes de que este parta a Europa. Porque, al parecer, los viajes internacionales no detienen los fuegos locales.
La narrativa que se está tejiendo es peligrosa. Por un lado, un gobierno estatal que informa sin pruebas concluyentes, dejando el eco de la sospecha. Por el otro, una alcaldesa que responde con un contraataque político más que con una estrategia jurídica clara. Y al fondo, un dirigente de Morena que ve en todo esto un intento de reventar un proyecto municipal que, no por casualidad, encabeza una figura de oposición en un bastión panista.
Mientras tanto, la ciudadanía de Cadereyta observa cómo se invocan cartas de repatriación que nadie ha visto y que ninguna instancia puede confirmar. Y la política se convierte una vez más en un espectáculo donde los documentos importan menos que las versiones, y las mesas de seguridad sirven más para el posicionamiento que para la prevención.
La pregunta, entonces, no es si hubo o no cartas falsas. La pregunta es: ¿quién está ganando con todo este escándalo? ¿Quién siembra duda en tiempos de elecciones? ¿Y quién se beneficiará cuando se imponga la narrativa oficial, ya sea por repetición o por abandono del tema?
En la política, la verdad es una pieza más del ajedrez. Y en Cadereyta, las piezas ya se están moviendo.
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