Querétaro, Qro. – Los diputados locales Homero Barrera Mcdonald, Ulises Gómez de la Rosa y Edgar Inzunza Ballesteros, en conjunto con el diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes, presentaron una iniciativa de reforma integral en materia de delitos inmobiliarios, con el objetivo de combatir la corrupción que afecta a familias, ejidatarios y compradores en el estado de Querétaro.
La propuesta incluye modificaciones al Código Penal del Estado, al Código Urbano y a la Ley del Notariado, y tiene como eje central la tipificación del delito de corrupción inmobiliaria, para sancionar tanto a servidores públicos como a particulares involucrados en la venta ilegal o irregular de inmuebles.
“Buscamos sancionar a quienes se coluden para lucrar indebidamente a costa del patrimonio de las familias queretanas. Esto no es contra el sector inmobiliario, es a favor de la gente que compra con ilusión y acaba con frustración”, subrayó el diputado Homero Barrera.
La iniciativa contempla penas de prisión de seis meses a cinco años, además de multas de 90 a 300 días de salario, para cualquier actor —funcionario o desarrollador— que participe o tolere prácticas fraudulentas como vender fraccionamientos sin servicios básicos o sin documentación adecuada.
Por su parte, el legislador federal Luis Humberto Fernández explicó que esta reforma complementa la presentada a nivel federal hace unas semanas, y que es fundamental replicarla a nivel estatal para dotar a las autoridades locales de un marco legal robusto que prevenga y sancione los abusos en materia de vivienda.
“Los cárteles inmobiliarios existen cuando hay colusión entre servidores públicos y desarrolladores. Querétaro necesita cerrar esa puerta y proteger a quienes empeñan su vida por una casa”, declaró Fernández Fuentes.“Los cárteles inmobiliarios existen cuando hay colusión entre servidores públicos y desarrolladores. Querétaro necesita cerrar esa puerta y proteger a quienes empeñan su vida por una casa”, declaró Fernández Fuentes.
También señaló que la reforma es un instrumento para corregir distorsiones en el mercado, proteger a los ejidatarios de prácticas abusivas, y garantizar que las familias tengan certeza jurídica al adquirir una vivienda.
Finalmente, los legisladores coincidieron en que esta iniciativa no busca criminalizar al sector inmobiliario, sino depurarlo, proteger a los ciudadanos, y establecer límites claros para prevenir el lucro ilegal y la impunidad en desarrollos habitacionales.
