Ciudad de México. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó esta noche dos dictámenes fundamentales: la reglamentación de la reforma al artículo 105 de la Constitución, que imposibilita la impugnación de modificaciones a la Carta Magna, y una serie de cambios a la Ley de Amparo.
Tras casi tres horas de debate, ambos dictámenes fueron avalados con 19 votos a favor de Morena y sus aliados, y 9 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Reformas a la Ley de Amparo
La minuta recibida del Senado sobre la Ley de Amparo establece que, en aquellos juicios en los que se determine la inconstitucionalidad de normas generales, las sentencias no tendrán efectos generales. Además, se refuerza la obligatoriedad de que todas las autoridades jurisdiccionales acaten las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, se estipula que la declaración de inconstitucionalidad sólo podrá emitirse con el voto de al menos seis ministros del máximo tribunal.
Durante la discusión, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) alertó sobre los riesgos de estas reformas, argumentando que limitan el acceso de los ciudadanos a mecanismos de defensa frente a posibles abusos del poder público. «Están acabando con un sistema garantista que nos costó décadas, siglos, consolidar. Con esta reforma, la justicia será un privilegio exclusivo de quienes tengan los recursos para litigar», afirmó.
En contraparte, Leonel Godoy (Morena) defendió la iniciativa asegurando que el juicio de amparo no está en riesgo, ya que los artículos 14 y 16 de la Constitución siguen intactos. Ricardo Mejía Berdeja (PT) sostuvo que la reforma busca evitar el uso faccioso de los amparos, denunciando que algunos jueces han abusado de este mecanismo para frenar proyectos del gobierno.
Supremacía constitucional y artículo 105
El segundo dictamen aprobado establece que las reformas constitucionales no podrán ser impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
El diputado panista César Damián criticó esta medida, advirtiendo que una «súper mayoría» podría en el futuro eliminar programas sociales o alterar la división de poderes sin que exista recurso legal para evitarlo. «No les interesa la justicia para los ciudadanos, sino que nadie pueda cuestionarlos», aseveró.
En defensa de la reforma, Mary Carmen Bernal (PT) argumentó que el Poder Judicial se había convertido en un «instrumento de la oposición» y que los amparos no se utilizaban para proteger al pueblo, sino para favorecer intereses económicos y políticos. Por su parte, Hugo Éric Flores (Morena) justificó la iniciativa asegurando que busca evitar el abuso de suspensiones y el negocio en torno a litigios destinados a frenar proyectos legislativos.
Con esta aprobación en comisión, los dictámenes serán turnados al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación final en los próximos días.