Cadereyta de Montes, Qro. – La indignación y el descontento crecen en el municipio de Cadereyta de Montes luego de que se diera a conocer que un funcionario de la administración municipal, encabezada por la presidenta municipal, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía por violencia contra su pareja.
De acuerdo con testimonios ciudadanos, el señalado habría sido denunciado por agresiones físicas en el ámbito familiar, lo que ha causado revuelo entre la población, pues se cuestiona cómo es posible que un presunto violentador de mujeres continúe en funciones dentro del gobierno municipal.
“Es indignante que una administración que se jacta de apoyar a las mujeres tenga entre sus filas a alguien con este historial. Se supone que las autoridades deben garantizar la seguridad de todas, pero aquí parece que protegen a los agresores en lugar de sancionarlos”, comentó una ciudadana que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
A este hecho se suman múltiples quejas sobre el deficiente desempeño de diversas áreas de la presidencia municipal. La ciudadanía ha expresado su molestia por la falta de atención en trámites, problemas en la recolección de basura, deficiencias en seguridad pública y retrasos en la ejecución de obras y servicios básicos.
“La administración municipal cada vez deja más que desear. No solo hay funcionarios señalados por violencia, sino que además los servicios que deberían brindar con eficiencia están en crisis. En lugar de solucionar problemas, parece que la presidencia solo se dedica a encubrirlos”, afirmó otro residente afectado.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre la presencia de este funcionario en su administración ni sobre la denuncia en su contra. Sin embargo, la presión social sigue en aumento, exigiendo que se tomen medidas inmediatas y se actúe en favor de la justicia y la seguridad de las mujeres en el municipio.
La comunidad de Cadereyta de Montes espera respuestas y acciones concretas por parte de la presidenta municipal para esclarecer la situación y garantizar que la administración que encabeza no proteja a personas con antecedentes de violencia
