Civismo, paz y legalidad
La directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia, Sonia Colín, dio a conocer el programa estatal “Civismo, paz y legalidad”, que busca fomentar la participación comunitaria entre ciudadanos y autoridades, para seguir manteniendo la seguridad queretana, a través de cinco programas contextuales.
Las líneas a seguir dentro de estos programas contextuales permitirá atender las problemáticas específicas que se viven en Querétaro, las cuales fueron construidas a partir de un levantamiento de testimoniales con los ciudadanos en los 18 municipios: Participación Comunitaria; Atención a hombres para la convivencia pacífica; Programa de Convivencia e Integración Social, así como el Programa de Reintegración Cívica; y Programa Estatal de Policía de Proximidad para la Función de la Justicia Cotidiana.
En su mensaje, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, en representación del gobernador del estado, Mauricio Kuri, señaló que las corporaciones de seguridad, trabajan diariamente con elementos capacitados y comprometidos, sin embargo, para seguir manteniendo este nivel de seguridad se requiere la unión de la sociedad.
“Se requieren ciudadanos participando e involucrándose, replicando información oficial y sobre todo, con la cultura de la denuncia, que es la herramienta fundamental que tienen todas y todos ustedes, para que podamos atender oportunamente una situación de riesgo”, exhortó el funcionario.
Con la puesta en marcha del Programa Estatal “Civismo, Paz y Legalidad”, también se activará el Sistema Informático de Justicia Administrativa, que fue desarrollado por el CQ-CIAS Centro de Información de Análisis e Inteligencia para la Seguridad, que será aplicado en todos los municipios para monitorear la aplicación de las sanciones impuestas por los jueces cívicos, a quienes cometan faltas administrativas.
Entre las innovaciones que se implementan en este programa, se encuentran algunas de las medidas para mejorar la convivencia cotidiana, mediante el cual aquellas personas remitidas al Juzgado Cívico, podrán brindar asistencia en instituciones culturales y educativas públicas; promover acciones que favorezcan la salud pública; apoyar en actividades compatibles que resulten en una utilidad pública y colaborar en acciones de grupos voluntarios u organizaciones civiles de asistencia y apoyo social.
